Univerdad

Una conversación pública sobre la universidad española en clave afirmativa y crítica, desde la independencia y el rigor intelectual

¿Qué aportan las Agencias de Calidad a la mejora de la Educación Superior?

Esta reflexión es fruto de la experiencia vivida en nuestro país desde el comienzo del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU),  promovido a mediados de los años noventa del pasado siglo desde el Ministerio de Educación a través del extinto Consejo de Universidades, hasta la eclosión de agencias autonómicas y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que comienza su andadura en 2002.

A efectos de tener una visión global de su trayectoria y al margen de las polémicas generadas en los comienzos de su implantación y de su estatuto jurídico (vinculadas de hecho a los organismos responsables de la financiación de las instituciones de Educación Superior), hay que considerar algunos  elementos clave como el perfil de sus órganos directivos y la composición del personal adscrito, los costes de su financiación, a los que se debe añadir el escepticismo de muchos agentes de la comunidad universitaria en la relación coste-beneficio de los procesos de evaluación, el papel de las agencias en el marco ligado a Bolonia en lo referente al reconocimiento de títulos a nivel europeo, y los largos y tediosos procesos de convalidación de titulaciones externas al marco europeo.

Creo que es conveniente pararse a pensar en el valor añadido de los procesos de evaluación de calidad, la percepción por la comunidad universitaria y la sociedad y, sobre todo, la necesaria complicidad en un objetivo común de cara a cuya consecución todas las componentes del sistema de Educación Superior tienen que tener claro su papel.

Hay que reflexionar sobre el valor añadido de los procesos de evaluación y la percepción de la sociedad y de la comunidad universitaria sobre el objetivo de las agencias: la clave es la complicidad. 

Hablar de calidad en la Educación Superior tiene que ver con “hacer bien lo que hay que hacer” en los diferentes ámbitos que configuran las misiones de la universidad: generar conocimiento y divulgarlo /transferirlo a la sociedad, transmitir conocimiento a personas que voluntariamente quieren aprenderlo -lo que se traduce en una formación para ser ciudadanos/profesionales con autonomía y criterio propio- y, finalmente, rendir cuentas como institución a la sociedad en base a su contribución para crear referentes sociales con “auctoritas”. Sin duda alguna, rendir cuentas significa que la institución debe reflexionar sobre su trabajo cotidiano en conjunto y sectorialmente, involucrando a sus docentes, investigadores, alumnos y personal de administración y servicios en un proyecto colectivo con misión y visión bien definida, conocida y asumida por todos los miembros de la comunidad universitaria. En ese sentido, la autoevaluación del trabajo debe ser un objetivo prioritario en el que se deben recibir inputs, no solo de sus miembros sino también de los egresados, los sectores económicos y sociales que acogen a dichos egresados sino también de la sociedad civil en su conjunto que debe tener una idea clara del valor que aporta la universidad a la mejora de la calidad democrática.

Reflexionar sobre el trabajo cotidiano, crear un proyecto colectivo con una misión y visión compartidas deben ser parte sustantiva del proceso de rendición de cuentas. 

Pero no basta con esa autoevaluación, orientada a una mejora y corrección constructiva, sino que es necesario disponer de elementos externos que validen lo hecho, así como los proyectos de futuro que se quieren abordar. Más allá del compromiso por un aprendizaje consistente y coherente (en el que los estudiantes son parte activa y no meros receptores) conformado en torno a programas de estudio en los diferentes niveles (Grado, Máster y Doctorado), juega un papel importante la valoración de la actividad del profesorado (en sus aspectos docentes e investigadores), que se debe traducir en incentivos de cara a su estabilización y mejora profesional. Pero, también la valoración de los servicios y la genérica de la institución universitaria en su conjunto (la conocida como evaluación institucional)  debería servir como referente a la sociedad, más allá de rankings y otras clasificaciones que en algunos casos tienen escaso rigor.

Esos agentes externos que validan los outputs y desarrollo de procesos antes señalados son los organismos (agencias) que deben asumir un papel de elaboración rigurosa y seguimiento en la metodología evaluativa, simplificación en los procesos, apoyo a las instituciones pero, ante todo, una autonomía e independencia en su funcionamiento que les permita disfrutar de una consolidada autoridad y reconocimiento social.

¿Son aplicables estas consideraciones a nuestro modelo actual?

En primer lugar, cabe considerar los efectos de la coexistencia de una Agencia de ámbito estatal (ANECA) con agencias de ámbito autonómico, y algunas reflexiones derivadas no solo de las garantías de su propia calidad (en principio sometidas a valoración por ENQA), sino también de los solapamientos y la proximidad física a las instituciones sometidas a evaluación. En mi opinión no se optimizan recursos y lo que se ha generado es una distribución geográfica de tareas (en el caso de la verificación y acreditación de los programas de formación académica) forzada por la metodología escogida y con el fin de evitar el colapso de ANECA, dado el elevado número de grados y másteres existentes en nuestro país. Y, sobre todo, conviene no obviar las cuestiones de fondo: ¿han contribuido estos procesos a una  mejora real de la calidad de los programas, de su percepción por estudiantes, profesores y sociedad?, o más bien, estos procesos ¿se han convertido en un pozo sin fondo con procedimientos burocráticos agotadores en lo referente a la elaboración de la documentación y justificación por parte de los responsables universitarios? Aspectos como el recorrido de la propia evaluación con items a completar por los evaluadores que no describen lo fundamental del contenido, metodología docente y soporte de profesorado sino los entornos administrativos de los sistemas de garantías de calidad así como el coste económico de los procesos de evaluación, ¿merecen ser revisados?

La coexistencia de agencias nacionales, europeas y autonómicas plantea importantes cuestiones de fondo. 

En segundo lugar, y en relación con el profesorado universitario, la evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión de cara a su acreditación en las diferentes figuras contractuales (Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Profesor de Universidad privada)  y funcionariales (Titular de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Catedrático de Universidad) así como el reconocimiento de la actividad investigadora (sexenios) es asumida desde ANECA, independientemente de que algunas agencias dispongan de programas de evaluación del profesorado tanto para su adscripción a figuras no funcionariales (definidas desde la propia Comunidad Autónoma) como para el reconocimiento de méritos con una contrapartida económica a propuesta de las universidades o de las Comunidades Autónomas.

De nuevo, surge una pregunta natural: ¿han servido los procesos de acreditación del profesorado como bases de la mejora de su calidad docente e investigadora? En momentos en los que la bolsa de acreditados aumenta sin cesar como consecuencia de las suicidas políticas ministeriales de reposiciones mínimas en las plantillas docentes, la definición de mínimos conmensurables en términos docentes, de investigación y de gestión puede permitir la comparación uniforme a nivel estatal pero el paso siguiente está viciado por la escasa oferta de plazas y los mecanismos protectores de que se dotan las universidades a la hora de convocar plazas. La asunción de una evaluación en base a documentación aportada por el solicitante, los criterios prefijados de antemano y su consideración por las comisiones, la ausencia de contraste entre la comisión y los solicitantes, generan percepciones relacionadas con transparencia, publicidad y equidad que todo proceso de evaluación debe tener como señas de identidad.

Todo proceso de evaluación debe tener como señas de identidad la transparencia, la publicidad y la equidad.

Quedaría una última observación, ligada a la implantación de una evaluación institucional, que permitiera dar a conocer de una manera objetiva, los resultados de las universidades en todos aquellos aspectos  acordes a sus misiones, plasmadas en el cumplimiento de objetivos prefijados públicamente, y que la sociedad debe conocer para valorar el trabajo realizado. Es un objetivo colectivo, que no debe ser tarea limitada a los responsables académicos y de gestión (equipos rectorales, decanales, departamentales, servicios),  sino que debe formar parte de la identidad de todos los que trabajan con un compromiso por mejorar la institución en la que desarrollan libremente sus tareas.

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