La URJC, las que se sientan aludidas y el resto

Acabo de escuchar en una entrevista al presidente de la CRUE. Me he enterado así de que los rectores están solicitando al ministerio una nueva ley universitaria. Esa que va a solucionar los problemas que la normativa vigente no es capaz de arreglar. Confío no demasiado en las leyes. Diría que conforme avanzan mis años cada vez menos. Y aún menos en las leyes universitarias. Porque la universidad española vive tan atosigada por normas y leyes, que los universitarios necesitamos en ocasiones bombonas de oxígeno para poder funcionar. Una nueva ley que se añade a las anteriores. En el caso de que finalmente se apruebe esa ley, -haré peregrinaciones a Lourdes para que no ocurra-, universitarios, échense a temblar. A mí, desde luego, a estas alturas de la vida no me va a pillar. Llevamos haciendo leyes universitarias desde el pleistoceno. Cada ministro se saca de la manga la suya. Hemos estado entretenidos durante décadas con cuestiones que tendrían que ser marginales, en lugar de centrar nuestro trabajo en enseñar con un poco de sentido común –nada que ver con cursillitos de pedagogía, ni con rellenar formularios sin fin– y en investigar en nuestras áreas de conocimiento. Los intentos de adaptación a las sucesivas modificaciones de la normativa nos han llevado a una situación de cansancio y agotamiento generalizado. Pues viene otra. Leviatán es insaciable.

El presidente de la CRUE había sido llamado a la radio a cuenta de lo que está sucediendo en la URJC, esa universidad que viene echando lodo sobre el sistema universitario español desde hace años, sin que la CRUE, escudándose en el respeto a la autonomía universitaria, intervenga para nada. Comenzó con el rector plagiador, a quien la CRUE sí que invitó a dejar su puesto en la conferencia, cuando se descubrió el pastel. Parece que ahí se decidió no respetar la autonomía. Ahora hay otras cosas mucho más graves: el regalo de títulos es un grado extremo de corrupción en la universidad, porque pone en cuestión todo el sistema. Y ahí están pringadas muchas más personas de las que han salido hasta ahora. Muchos más lo sabían. Permitir a este tipo de “institutos”, como el de marras, tener un CIF propio al margen del de la universidad solo es posible si tiene el visto bueno no ya del rector, sino de gerencia, de los servicios de contabilidad y probablemente de los servicios de control interno (si existen en esa universidad y sirven para algo). A no ser que todos sean unos inútiles. Tener un CIF diferente es lo primero que salta en cualquier sistema, como bien sabe cualquiera que haya tenido un cargo en la universidad. Todo el desaguisado está saliendo a la luz ahora. ¿Y la CRUE, nada tiene que decir, por muy presunta que sea la culpabilidad de los implicados, con el hecho de que una universidad que forma parte de esa asociación regale títulos?

La CRUE se creó para discutir problemas de política universitaria, esas cuestiones comunes que preocupan a los responsables universitarios. Pero no ha dicho nada, nada serio, con la aplicación desastrosa del llamado proceso de Bolonia que se ha hecho en España. Hemos estado años enmarañados entre papeles absurdos e inútiles, mientras la CRUE asentía y coordinaba “acciones de interés común en temas de política universitaria”, como indica su misión. Lo de Bolonia no tenía interés común o no se refería a política universitaria. Después, cuando saltó el tema del instituto de la URJC, la CRUE nombró a dos observadores externos, desconozco si saltándose lo de la autonomía de nuevo, para investigar lo que en aquel entonces publicaba la prensa. Debieron llegar, quizás a alguna conclusión. Alguien lo sabrá.

Y ahora viene lo de los títulos regalados: la CRUE sigue callada y prefiere centrarse en temas de política universitaria más general, mientras un manto de sospechas se va extendiendo sobre el resto de las universidades. Aunque, afortunadamente, lo que ha sucedido en esa universidad resulta difícil de concebir que suceda en otras, porque denota, entre otras cosas, una imperdonable falta de control y una indolencia institucional. Por supuesto que hay másteres buenos, medianos y malos. Por supuesto que hay profesores buenos, medianos y malos. Por supuesto que hay profesores que tienden a aprobar o a hacer la vida imposible a un estudiante usando criterios poco académicos. Aquí y en todas partes desde Cicerón. Es la esencia humana. Pero eso no es la tónica para nada y refleja más bien una desgraciada excepción. Por supuesto que hay también estudiantes buenos, medianos y malos. Como en toda actividad. En la universidad y fuera de la universidad. Pero el hecho de que, de forma directa o más disimulada, se intente meter a todo el mundo en el mismo saco a raíz de lo sucedido en la URJC debería ser motivo de máxima preocupación en la CRUE. No parece que lo sea, porque defender el sistema y la actividad del conjunto de universidades implica denunciar de forma clara y vigorosa, pidiendo responsabilidades por ese mal uso de la autonomía, con nombre y apellidos, a cualquier universidad que contribuya, mucho o poco, al desprestigio de las demás. La CRUE tiene un problema que le afecta de forma directa.

Algunos medios piden más controles e indican que el Consejo Social es el órgano adecuado para hacerlo. El Consejo Social es un curioso órgano que sería de suma utilidad, como sucede en muchas partes del mundo, si la sociedad –si los agentes sociales que aparecen en las fotos de inauguraciones varias– se tomase en serio a la institución. Pero en la práctica, y en lo que se me alcanza (aunque seguro que también hay excepciones) sirve fundamentalmente para, en el ejercicio de sus competencias, añadir un paso más en la burocracia universitaria, sin tener, eso sí, ninguna responsabilidad práctica en las decisiones que adopta. ¿Cuántas veces se le han pedido cuentas públicas a un Consejo Social? Si un rector no aprueba el presupuesto a tiempo puede tener problemas personales serios. Si los presupuestos son paralizados en el Consejo Social, nada pasará porque nadie sabrá siquiera el nombre de su presidente. ¿Alguien piensa que el escueto acuerdo, del pasado 10 de mayo, adoptado por el CS de la URJC es suficiente?: “Solicitar una auditoría económica y financiera de la Universidad Rey Juan Carlos y de sus entidades dependientes y una auditoría de los procedimientos de las mismas. Solicitar que estas auditorías se realicen por entidades especializadas y de reconocido prestigio”. Nada, ninguna fundamentación, ningún detalle adicional. Ninguna información procedente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que emitió su último informe, correspondiente a 2010, el 31 de enero de 2013. Todo parece sugerir que no existen más auditorias en años posteriores y no se sabe qué ha pasado con la solicitada en mayo. Solo consta que la URJC ha sido incapaz de aprobar en plazo (28 de junio) sus cuentas.

A pesar de ello, me niego a creer que esa situación se pueda generalizar. Creo que la mayoría de las universidades públicas son auditadas por entidades independientes y por tribunales de cuentas oficiales. La mía, desde luego, con carácter anual desde los años 90. Se puede criticar a la universidad. Se deben pedir cuentas a la universidad. Pero, por favor, que no metan en el mismo saco a la mayoría de las universidades, que sí cumplen dentro de parámetros más que aceptables. Eso es ya demasiado. Esperaba que la CRUE lo hubiera dicho.