Univerdad

Una conversación pública sobre la universidad española en clave afirmativa y crítica, desde la independencia y el rigor intelectual

¿Más autonomía para poder competir?

Que las Universidades europeas deban ser competitivas es la idea fuerza más importante de la Declaración de Bolonia de 1999. Se trata de reaccionar contra la “amenaza” que representan las Universidades norteamericanas relevantes y algunas japonesas. Esa reacción tiene la finalidad de captar al estudiantado que, mayoritariamente, se decanta por Universidades distintas de las europeas. Para eso serviría la idea de competitividad de las Universidades del Espacio Europeo de Educación Superior.

Que las Universidades europeas deban ser competitivas es la idea fuerza más importante de la Declaración de Bolonia de 1999

En España eso tiene una relación casi inmediata con determinado contenido de la Ley Orgánica de Universidades de 2001. En ella se reflejan estas ideas de competitividad que debe ser alcanzada a través del reforzamiento de la calidad de la actividad docente e investigadora de las Universidades españolas. Posteriormente y en el plano normativo ello tendrá un refuerzo importante con las Leyes de Economía Sostenible y de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2001.

Pero esta competitividad exige que la actividad de las Universidades para conseguirla se base en una correcta realización del derecho fundamental a la autonomía de las Universidades que poseen en función de la decisión de la Constitución (art. 27.10) calificada como derecho fundamental por el Tribunal Constitucional en 1987.

Y allí es donde se advierte una profunda separación entre los principios de autonomía y competitividad porque la Universidad no es elemento decisivo para decidir sobre los precios de sus servicios, sobre la selección del profesorado o del alumnado o para tener un papel decisivo en su propia auto-organización para alcanzar los fines que debe perseguir, entre ellos el de la competitividad.

No es posible, por tanto, realizar de forma coherente unas exigencias para las Universidades si se les priva de los medios específicos para alcanzarlas. En todo caso la competitividad debería ser un principio directivo de cuantos entes y órganos tienen competencias normativas y ejecutivas sobre las Universidades (Estado y Comunidades Autónomas).

Los Campus de Excelencia Internacional han sido la enseña política predominante para alcanzar los fines de calidad y competitividad que fijaba el ordenamiento. Pero la generalidad con que se ha otorgado el distintivo de CEI unido a las restricciones presupuestarias, mucho más acusadas conforme avanza la crisis económica, permiten calificar como fracaso esa política.

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