¿Necesitamos un «gobierno abierto» en las universidades españolas?

Las Claves y recomendaciones propuestas por los expertos de STUDIA XXI –editores de universídad-, a partir de lo planteado en el Documento de Trabajo Nuevas perspectivas para la financiación y el gobierno de las universidades, recuerdan el concepto de “gobierno abierto” nacido en Inglaterra en los años 70 y adoptado por el Presidente Obama en la Open Government Directive. Juzguen los lectores si los principios de “participación, colaboración y transparencia” no están presentes de algún modo en las recomendaciones que los expertos de Studia XXI nos proponen para mejorar los usos en el gobierno de la Universidad.

Es una realidad más que evidente que el gobierno de las universidades es cerrado

Tanto es así, que los ciudadanos perciben la Universidad como algo cada vez más lejano, más distante. La administración de nuestras universidades se caracteriza por su rigidez y falta de flexibilidad, lo que da lugar a una insuficiente capacidad de respuesta a los problemas y a una dispersa responsabilidad en la toma de decisiones. Según los autores, el problema ha de ser combatido desde varios frentes.

Por un lado, como criterio central de funcionamiento, se debería incrementar la autonomía, entendida como la capacidad de la institución para ordenar lo necesario en aras del cumplimiento de sus propios fines.

Por otro lado, se debería promover de manera eficaz la participación del conjunto de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, PAS). En este sentido, los expertos de STUDIA XXI entienden que no se está haciendo lo suficiente para establecer mejores protocolos de debate constructivo y democrático.

Finalmente, los miembros del gobierno universitario deberían orientar su funcionamiento a destacar y crear valor, lo que se concretaría en el empeño de atraer a los mejores, rendir con eficacia y formar personas íntegras, buenos ciudadanos y profesionales preparados.

Los expertos advierten: se ha edificado una universidad atomizada, con multiplicidad de áreas funcionales, lo que se traduce en una toma de decisiones distribuida en exceso

La Universidad destina más tiempo y recursos a la gestión de sus propios problemas administrativos que a acometer los problemas centrales –con mayúsculas– y a diseñar sus objetivos. Además, el responsable universitario tiene control sobre el gasto –empleabilidad, servicio– pero ningún control sobre los ingresos, lo cual limita enormemente su margen de actuación. La erradicación de esta sinrazón no es sencilla, pero seguramente algunas de las vías para encontrarle una solución se encuentran en:

» la mejora de los controles de acreditación, evaluación y rendición de cuentas como herramientas para ganar credibilidad, confianza y transparencia;

» una mayor presencia de especialistas y profesionales contratados en procesos selectivos abiertos a la libre competencia;

» la reorientación de los objetivos del gobierno universitario hacia sus fines constitutivos. A fin de cuentas, la vocación de servicio a la sociedad, sea éste cual sea, debe presidir las políticas y estrategias de los que dirigen estas instituciones.