Primero la becas, después las tasas

La difícil formación del Gobierno y la nueva composición del parlamento, están trayendo cambios (no sabemos por cuanto tiempo), y parece que alcanzan también a la estrategia fiscal. El Gobierno, al hilo de la nueva redacción del programa de los Populares para su cónclave de febrero, revisa su comportamiento del pasado. La redacción de ese futurible programa recoge lo siguiente (apartado 92): “apostamos por reducir progresivamente las tasas, igualando las de grado y las de máster, así como alentar a las Comunidades Autónomas a tratar de equiparar a la baja el coste de estas tasas. Nuestro propósito es que los universitarios españoles paguen precios (públicos, se entiende) homogéneos, independientemente del lugar en el que estudien” … “y seguir incrementando nuestra partida de becas”.

Una enmienda a la totalidad de la gestión del ministro Wert en precios públicos y becas.

La iniciativa merece análisis y reflexión. En un contexto, en el que está previsto que se siga produciendo un ajuste del gasto público en educación hasta 2019 (ver, “Universidad pública española: luces largas”) encajar los dos propósitos, bajar las tasas y subir la becas, se antoja un verdadero sudoku, que requerirá fijar prioridades. En mi, desde luego, discutible opinión, eso nos debería llevar a abordar en primer lugar el esfuerzo de gasto público en becas y posteriormente a corregir las anomalías, si las hay, en tasas/precios públicos de la enseñanza superior.

Primero las becas…

Aún a riesgo de ser reiterativo, y para que la propaganda no nuble nuestra percepción de la realidad, hay que repetir que el gasto de la Administración General del Estado (AGE) en becas y ayudas al estudio universitario ha retrocedido un 26% desde 2011 (MECD: “Datos y cifras del sistema universitario español”, pág. 54, Curso 2010/11 y pág.73, Curso 2015/16.). No se trata pues de “seguir incrementando”, sino de revertir los recortes presupuestarios que han supuesto un retroceso en la vigencia del principio de igualdad de oportunidades para miles de alumnos universitarios en estos años de grave crisis económica con severas consecuencias sociales.

El gasto en becas y ayudas al estudio universitario de la AGE (que es la competente en la materia, con la finalidad de asegurar la igualdad de oportunidad de los españoles en todo el territorio “nacional”) fue el año pasado de 829 millones de euros. Una cantidad exigua a la dimensión de nuestro sistema universitario y que no llega a la mitad del esfuerzo medio que realizan los países de la OCDE. Si hay alguna opción, por remota que sea, de incrementar el gasto público del Estado en educación superior, este debe destinarse a ampliar las dotaciones de becas y ayudas al estudio.

Esta debe ser la primera prioridad y debe serlo hasta que ese gasto más que duplique su dimensión actual, reforzando las ayudas salario, las de movilidad y las complementarias.

Después las tasas…

Como muestra el Informe “National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2015/2016”(EURYDICE), España está entre los países europeos con las matrículas universitarias públicas más caras, tanto en grado, como en máster. Junto a esta situación, también destaca la diversidad de precios públicos de matrícula de los estudios universitarios entre Comunidades Autónomas. ¿Por qué precios tan distintos?, se pregunta el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) en un Informe fechado en diciembre de 2016. No hay respuesta. Las conclusiones constatan que las diferencias son enormes (hasta un rango de 1 a 3) y que no se encuentran criterios comunes que expliquen la situación: ni de costes, ni de calidad.

En el curso 2011/201 el abanico de precios era estrecho. Pero se amplió cuando el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en un entorno de duro ajuste de ingresos autonómicos y de déficit desbordado, abrió la horquilla para que las Comunidades Autónomas fijaran sus respectivos niveles de precios con mayores grados de libertad. ¿Y cómo reaccionaron estas?, pues de manera diversa, pero con una cierta pauta que sigue su situación de desequilibrio fiscal.

Como muestra el gráfico, los precios más elevados, se producen en Comunidades Autónomas con baja financiación por habitante, aunque desde luego no en todos los casos, aunque sí se cumple, que casi todas las Comunidades mejor financiadas, mantienen sus precios más reducidos. Es cierto que Canarias, Andalucía, Murcia y Castilla la Mancha, Comunidades con una financiación por debajo de la media, no los subieron o no lo hicieron excesivamente, aunque sí que recortaron la financiación a sus universidades públicas, como la práctica totalidad de las regiones.

Fuente: MINHAP.2014, IGAE.2016 y MECD.2016.

La revisión del modelo de financiación autonómica está prevista para 2017. Si llega a puerto, ¿tendrá consecuencias sobre esta política de precios públicos? Quizás. Es posible que, si se corrigen las enormes diferencias de financiación per cápita que hoy existen en las Comunidades Autónomas para financiar un nivel de competencias casi idénticas, se pueda “alentar” que las tasas universitarias se acerquen al valor mínimo de las existentes y se igualen en mayor medida.

Pero es en este ámbito, en el autonómico, donde va a dirimirse la cuestión: pues en realidad resulta prácticamente inviable que la AGE incentive a las Comunidades Autónomas a reducir sus tasas universitarias mediante aportaciones compensatorias directas, ni es factible en términos de las reglas de la financiación autonómica, ni sería justificable, ni sería justo.

Es cierto que puede ser también la típica medida normativa de “quién legisla, no paga”, de las que hay innumerables ejemplos de deslealtad de la AGE hacia las Comunidades Autónomas, como la relativa a la aplicación de la Ley de Dependencia. Y es un riesgo que también se puede producir en cascada: la Comunidad Autónoma legisla y pagan las universidades públicas de su territorio, como ya sucedió en 2012 en algunos sistemas universitarios regionales, en los que la reducción de la financiación autonómica a las universidades en compensación por los mayores ingresos previsibles para las mismas por el incremento estimado de recaudación por tasas, supuso una pérdida neta de financiación acusada.

A este respecto, solo recordar que las finanzas de las universidades públicas españolas no están para bromas, su financiación pública sigue bajo mínimos, es una de las menores de la OCDE y hasta 2016, no se han revertido los recortes que se aplicaron masivamente en 2012 y que todavía suponen un retroceso del 16% de aportación de fondos públicos.

Para concluir, en mi opinión, la necesidad de incrementar el gasto en público en becas y ayudas al estudio de Educación Superior es una prioridad previa a la de modificar el “statu quo” de las tasas autonómicas y, además, la solución de este objetivo sí que depende en exclusiva de la decisión del Estado, es decir, supone la prueba del algodón del propósito de cambio. Desde luego, también es deseable una reducción de los niveles de precios públicos de la matrículas universitarias en España, al menos, proporcionalmente a los tramos de renta de la familias que las pagan, aunque ello obliga a implementar –obligatoriamente- financiación compensatoria para la universidades públicas que van a ver mermada su recaudación por este concepto.