Cambios insuficientes y cambios imprescindibles

Cambiar el sistema de elección de los rectores de las universidades públicas españolas, se sigue identificando por algunos políticos, por una parte de los Consejos Sociales, por determinadas organizaciones empresariales y también por algunos expertos, como el factor determinante para lograr un avance significativo de la calidad académica y del estatus internacional de nuestras universidades públicas.

En mi opinión, este es un cambio insuficiente, por sí solo, para asegurar trayectorias de éxito en la mejora de la excelencia de nuestras universidades.

Es probable que si el rector fuera seleccionado en una convocatoria internacional abierta, por un comité de miembros muy cualificados, con experiencia en la dirección de universidades y de centros de investigación, de entre un ramillete de candidatos con la calidad académica suficiente, para que los colegas le presten atención y le reconozcan autoridad, y con dotes de dirección y de gestión acreditadas, podríamos esperar que en el ejercicio de su dirección de las instituciones universitarias públicas impulsaría cambios y obtendría buenos resultados. No está de más señalar que nuestros rectores actuales pueden cumplir muchos o todos de estos requisitos y, aunque en la lógica actual se deben a sus electores, tampoco estorba el conocimiento profundo del sistema, de la institución y de la propia comunidad universitaria, ya que, de hecho, todo ello es valorado como un factor relevante del actual proceso de selección, según lo opinado por algunos rectores de universidades del máximo nivel internacional.

En cualquier caso, no sé si la idea que tienen los que abogan por el cambio del sistema de elección del rector es un proceso como el descrito en el párrafo anterior. Me temo que para algunos expertos sí, pero otros proponentes no necesariamente piensan en algo de estas características. Pese a todo, prefiero pensar que sí, que es eso lo que muchos desean para aquellos que están al frente de las universidades públicas españolas: perfiles de personas de alta cualificación académica y directiva, verdaderamente independientes, con visión internacional, con ideas claras respecto a la necesidad de asegurar la excelencia de los alumnos, profesores, investigadores y gestores de su universidad, y con la clarividencia y tenacidad necesarias para saber que construir una universidad de excelencia no es un esfuerzo de “un cuarto de hora”, sino más bien una carrera de fondo, un desafío de décadas, y… que requiere de verdadera autonomía institucional y de recursos abundantes.

Pero lo dicho, si cambiáramos a un proceso de selección como el descrito anteriormente, podríamos esperar buenos resultados, aunque me temo que solo podríamos esperarlos en un contexto normativo y, en consecuencia, de funcionamiento organizativo bien diferente al actual. Con el marco regulatorio en el que hoy en día desarrollan su funcionamiento las universidades públicas españolas, este esfuerzo de cambio podría ser sencillamente baldío y completamente insuficiente.

Para empezar, habría que pensar seriamente en elevar de manera sensible la remuneración del puesto, aunque solo sea para encontrar y atraer candidatos del ámbito internacional de un cierto nivel.

En cualquier caso, lo que más me interesa señalar es que debemos ser conscientes de que tal experiencia podría ser completamente fallida, si las condiciones del entorno en las que el seleccionado tendría que desarrollar su acción siguen siendo las actuales.

Y no me refiero a lo obvio, a los cambios que este nuevo procedimiento aparejaría, por coherencia, en el resto de la configuración de los órganos de gobierno de las universidades públicas. Me refiero a la otra parte de la gobernanza, al conjunto del marco normativo de aplicación que, hoy por hoy, impide resolver alguno de los siguientes ejemplos de disfunciones de las universidades en tanto que instituciones públicas, en relación con lo exigible a una universidad de primer nivel internacional:

1. Seleccionar a los alumnos con plena libertad respecto a sus condiciones académicas.
2. Seleccionar a los profesores, investigadores y gestores con plena libertad, ofreciéndoles retribuciones acordes con su currículum, su reputación y su potencialidad profesional.
3. Retribuir de forma proporcional el mejor rendimiento docente e investigador de profesores e investigadores, establecer retribuciones ligadas al rendimiento de los gestores.
4. Establecer estrategias institucionales para mantener un flujo continuo de renovación, con el objetivo de retener y disponer del mejor talento.
5. Prescindir de profesores con un rendimiento docente reiteradamente bajo y unas flojas evaluaciones de los estudiantes; prescindir de profesores con categoría de doctor (es decir, con capacidad investigadora) con un escaso o nulo rendimiento en su actividad investigadora, de transferencia e innovación durante varios años; prescindir de gestores cumplidores de su horario laboral, pero con un escaso rendimiento continuado de su actividad.
6. Sin menoscabo de ninguna condición laboral, movilizar con agilidad recursos docentes de investigación y de gestión de forma flexible según las necesidades de impulso y apoyo a la actividad docente e investigadora.
7. Ofrecer a los investigadores no funcionarios y al personal contratado para apoyar la investigación unas condiciones laborales dignas, no necesariamente precarias y exclusivamente temporales, sino con cierta estabilidad y progreso profesional, ligados a la consecución de recursos y a la evaluación permanente de su actividad.
8. Tener la posibilidad de desarrollar la gestión de la actividad investigadora bajo el principio de confianza y de la obtención de resultados evaluables, ofreciendo a los investigadores un marco flexible para que decidan, por sí mismos, la utilización de los recursos necesarios para desarrollar sus investigaciones, y que permita erradicar la necesidad de dedicar un elevado porcentaje de su jornada laboral a tareas burocráticas.

Cambiar el marco normativo que posibilite resolver estos problemas, y unos cuantos más, con efectividad, resulta completamente imprescindible para liberar el potencial de mejora que indudablemente tienen las universidades públicas españolas y, al mismo tiempo, pone de manifiesto, que los resultados obtenidos por los actuales rectores tienen su mérito.

El cambio imprescindible de este marco regulatorio sería todavía más productivo si a ese mayor campo de actuación para desarrollar buenas prácticas de gestión, le añadiéramos el que la actual financiación de las universidades públicas se reorganizara atendiendo a la obtención de resultados: fijando una subvención anual por cada estudiante al que se le imparte docencia en cada titulación y por el número de egresados; estableciendo una aportación por cada artículo científico producido y, según su nivel de relevancia, por cada patente registrada y en explotación por la actividad de transferencia realizada con las empresas, y por las actividades de innovación.

Como conclusión, vayamos por orden, cambiemos toda la regulación que impide gestionar las universidades públicas en condiciones de eficiencia y modifiquemos el sistema de financiación, antes de revisar el actual sistema de elección de rector de la universidad pública española y de remodelar el conjunto del gobierno universitario. Y si tienen curiosidad, dejen que los actuales rectores gestionen durante algunos años con ese nuevo marco regulador y de financiación y quizás se sorprenderían de los resultados.

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