Hacer de la universidad una prioridad social y política

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo expresó de la manera más nítida el impacto de la crisis en la universidad pública española. Se añadió a otras medidas que, en conjunto, han supuesto el mayor impacto en la universidad española en las últimas décadas. A pesar de los efectos de estas medidas, el sistema universitario español ha conseguido llevar a cabo su misión con un notable éxito y a ello dan fe los cerca de 1,3 millones de estudiantes de grado y los más 210.000 estudiantes de máster que reciben su formación en la universidad y, en el ámbito investigador, el aumento ininterrumpido del número de publicaciones científicas, una mayoría de ellas provenientes de las universidades, que ha conseguido mantener a España en la undécima posición del mundo.

Sin embargo, dicho esfuerzo no se ha hecho, no se hace, sin dificultades, como se desprende de la nueva edición del Informe CyD. Las consecuencias del mencionado Decreto-ley y las restricciones presupuestarias en general han limitado el crecimiento de las plantillas de profesorado acentuando su envejecimiento (hoy el 16% del profesorado tiene más de 60 años y entre los catedráticos dicho porcentaje es cercano al 50%) y la endogamia (un 70% del profesorado trabaja en la misma universidad en la que obtuvo su doctorado). Además, y a pesar de la recuperación de estos últimos años, la financiación de la I+D universitaria por parte de las empresas o la captación de recursos a través de las OTRI siguen estando lejos de los niveles alcanzados en el año 2010 (un 39% inferior en el primer caso y un 10% inferior en el segundo) y continúan los resultados negativos en lo que hace referencia a la solicitud de patentes, los contratos de licencia y la creación de spin-off.

Asimismo, aunque el número de publicaciones científicas, como se ha mencionado, continua aumentando, sus indicadores de calidad siguen disminuyendo, lo que podría explicarse por la conjunción de dos aspectos: 1) los incentivos introducidos en la política de reconocimiento de la investigación y sus efectos en la carrera académica, que podría explicar el aumento de las publicaciones, y 2) la continua disminución del gasto de I+D/PIB  desde el año 2010 y la congelación de plantillas, que podría explicar la disminución de su calidad.

Junto a todo ello, la mejor expresión del impacto de la crisis en las universidades publicas españoles se puede contemplar en la evolución de sus presupuestos liquidados. Desde la perspectiva de los ingresos, a pesar del crecimiento que se ha observado en estos últimos años (2015-2017), el total de dichos ingresos en el año 2017 sigue siendo un 11,5% inferior al del año 2009. Y, además, dentro de los ingresos, mientras que los provenientes de las transferencias corrientes, en su gran parte procedentes de las CCAA, eran inferiores en un 15,2%, los provenientes de las tasas y precios públicos eran un 18,2% superiores a los obtenidos en 2009, expresando así la creciente importancia relativa de los ingresos privados en la financiación de las universidades públicas españolas.

Todo ello conduce a que se deberían recuperar de la manera más urgente posible los niveles de autonomía en la gestión universitaria que quedaron condicionados por el mencionado real decreto ley y, sobre todo, desarrollar una política presupuestaria por parte del gobierno central y los autonómicos que ayuden a recuperar los niveles alcanzados antes de la crisis. En fin, revertir las consecuencias negativas del impacto de la crisis en la universidad pública española ha de constituir la máxima prioridad política.

La universidad española, además, se ha de enfrentar a unos desafíos que no son ajenos a los que han de hacer frente otros sistemas universitarios. Uno de ellos es, sin duda, el impacto de la internacionalización.  La creciente exposición  internacional de las universidades (que es causa y efecto de la importancia cada vez mayor de los rankings) afecta al relativamente cerrado mundo de las instituciones universitarias. Las universidades en general y los profesores en particular son cada vez más evaluados por criterios que son en gran parte internacionales. La importancia de iniciativas como el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación o, la más reciente, el programa de Universidades Europeas, revela la urgencia de profundizar en algunos indicadores en los que las universidades españoles necesitan mejorar. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes internacionales entre los estudiantes de grado es en España del 0,9%, lejos del 4,3% del conjunto de la OCDE o del 6,5% de los países de la UE (23) que son a su vez miembros de dicha organización. Y, aunque entre los estudiantes de máster el porcentaje es superior, no por ello hay que dejar de mejorar en estos y en otros indicadores como la oferta de programas de grado y máster en inglés o en la presencia de profesores internacionales.

Otro desafío al que han de hacer frente, en este caso más específicamente las universidades públicas españolas, es la continua disminución, los últimos seis años, del número de estudiantes de grado. La disminución de la cohorte de población típicamente universitaria (de 18 a 25 años) es sin duda una de las causas de esta situación pero también lo es la creciente presencia relativa en el SUE de las universidades privadas. Desde la creación de la última universidad pública en 1998 se han autorizado 23 universidades privadas lo que supone un total de 38 universidades privadas frente a las 50 públicas. Además, la creciente importancia de las universidades a distancia  que alcanzan ya el 15% del total de alumnos de grado y el crecimiento ininterrumpido de los estudiantes de formación profesional, está alterando el perfil tradicional de los estudiantes universitarios, en particular en las universidades públicas. Hacer frente a todo ello requiere reflexionar, por ejemplo, sobre cuál es la política de profesorado más conveniente o cual ha de ser la política de infraestructuras universitarias.

La situación descrita convive con una presencia relativamente elevada de los titulados universitarios en el conjunto de la población activa española. El crecimiento de estas últimas décadas ha llevado a que el porcentaje de titulados en relación a la población entre 25 y 64 años alcance el 37,3%, cinco puntos por encima del de la UE. Este crecimiento, sin embargo, no se ha acompasado con el de la oferta de puestos de trabajo de alta cualificación, y ello ha conducido a que el 37,6% de los graduados superiores en España estén desempeñando tareas que no requieren dicha titulación, el porcentaje más elevado de toda la UE. Situación a la que no son ajenos los graduados más recientes, según el MICIIN un 39,2% de los graduados españoles del curso 2013-2014 trabajaban en 2018 en empleos que no requerían la cualificación de titulados universitarios.

Toda la sociedad ha de estar implicada en la reducción de estos desajustes. Es una tarea de las universidades pero también lo es de las empresas, de las instituciones y de los gobiernos, que han de crear las condiciones más adecuadas para que se produzca dicho proceso de adaptación. Las universidades, públicas y privadas, ya han hecho mucho en este sentido. Todas disponen de bolsas de trabajo, servicios de orientación laboral y, la gran mayoría de ellas, directamente o a través de otros organismos, han llevado a cabo estudios sobre la inserción laboral de sus titulados. Ello no es óbice para destacar la importancia de iniciativas concretas que están impulsando algunas universidades: la formación dual universitaria, los doctorados industriales, la mayor permeabilidad de la formación profesional y la universitaria, la mejora de los programas, curriculares o no, de prácticas en la empresa de los estudiantes de grado y master y, de manera general, pone de relieve la necesidad de dotar a la universidad de instrumentos más flexibles que le permitan , con mayor agilidad, incorporar nuevas ofertas formativas que den respuesta a las necesidades del sistema productivo y eviten, en la medida de lo posible, la paradoja de la existencia de una notable sobrecualificación con las dificultades que se encuentran las empresas para cubrir puestos de trabajo con determinados perfiles de cualificación.

Es una necesidad cada vez más imperiosa para el sistema universitario español y, en particular, para las universidades públicas, revertir de una manera definitiva las medidas introducidas como consecuencia de la crisis de finales de la última década, así como introducir las reformas legales que doten a las universidades de los instrumentos adecuados para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan. Este es, sin duda, un reto para las mismas universidades, para el gobierno central y los autonómicos y para la sociedad en general.

Suscríbete al blog por correo electrónico

Suscripción conforme al RGPD 2016/679.

 

Comentarios
  1. José Antonio Pérez Garcia dice: 26/09/2019 a las 11:17

    No se de donde sale esta afirmación «el porcentaje de titulados en relación a la población entre 25 y 64 años alcance el 37,3%, cinco puntos por encima del de la UE», según los recientes datos de Education at a glance 2019 el «Porcentaje de adultos con un nivel de educación dado como el nivel más alto alcanzado» de la población entre 25 a 64 años, en el año 2018 (tabla A.1.1) para los estudios superiores es en España del 37%, por el 34% en la UE23 y el 39% para la OCDE. Ese dato incluye la formación profesional superior, si nos limitamos la las titulaciones universitarias de grado, máster y doctorado, la situación de España es el 26%, en la UE del 23 30% y en la OCDE del 31%. Este mismo dato de población con estudios de grado, máster y doctorado es para Estados Unidos del 37%, para Reino Unido del 34% o para Alemania del 28%.

    ¿De verdad esta situación se puede considerar un grave problema estructural del sistema universitario español?¿Una grave sobredimensión del mismo?¿Tiene esto alguna relevancia? Y si la tuviera, que no es el caso, ¿Por qué se señala esto como un problema de las universidades y no del sistema de orientación a los estudios de las etapas educativas previas? ¿Qué pueden hacer al respecto las universidades, rechazar estudiantes?

  2. José Antonio Pérez García dice: 26/09/2019 a las 11:22

    Hay una errata en mi comentario anterior. Donde dice: «en la UE del 23 30%», debe decir: «e la UE a 23, del 30%»


¿Y tú qué opinas?