De la PAU al POB

Las PAU (pruebas de acceso a la universidad), más conocidas como «selectividad», pasarán a ser POB (Pruebas para la obtención del Bachillerato), más conocida como reválida. El objetivo de ambas pruebas es unificar las calificaciones de alumnos que provienen de centros diferentes: de titularidad pública y privada.

Unificar estas calificaciones permite considerar más justa la competición por las plazas limitadas en algunas titulaciones de la universidad pública, que no en las privadas.

Parece que todo cambia, pero en ambos casos (PAU y POB) lo que van a hacer los estudiantes es lo mismo: examinarse de sus asignaturas de bachillerato por sus profesores, obtener una nota y después examinarse durante un 3-4 días de algunas de esas asignaturas por profesores de otros. La calificación final para competir por las plazas limitadas en la universidad pública se hará con los mismos pesos: 60% asignaturas durante el curso y 40% el examen maratón. Así que, desde el punto de vista del estudiante, no hay muchos cambios. Hay algunos cambios sobre sus efectos, pero prefiero centrarme en analizar el principal objetivo.

Nos preocupa la justicia e igualdad de oportunidades de la competición y para ello decidimos quién hace los exámenes y quién los corrige. Pero hacer exámenes diferentes de dificultad similar no es fácil. Además, los criterios de corrección no son específicos y permiten una enorme discrecionalidad. Las pruebas de estas diferencias se reflejan en los datos. En la convocatoria de 2015, fase general, en Asturias aprobó el 78%, en Madrid el 92% y en Canarias el 97%. Sin entrar en profundidad, estas diferencias no se explican por la calidad de los alumnos, sino por la diferencia en el sistema de evaluación. No es algo propio de esta convocatoria. Estas diferencias se conocen desde hace años.

Esto nos lleva a la conclusión de que para los estudiantes este examen no cumple su principal objetivo: la igualdad de oportunidades.

En resumen, que el título de bachillerato dé acceso a la universidad, es habitual; que el título tenga que obtenerse después de un examen externo, es discutible, pero no raro cuando hay centros públicos y privados; que las universidades pongan sus condiciones de admisión y que las universidades públicas se pongan de acuerdo en cuáles, parece sensato como norma general, pero no imprescindible para todos los títulos. Pero que sigamos ignorando que el sistema de evaluación (exámenes, criterios de corrección y evaluadores) es la clave para conseguir el objetivo (la igualdad de oportunidades) solo se justifica porque hacerlo mejor (bien) supone invertir muchos recursos.

Una evaluación de 3 o 4 días seguidos con 7 u 8 exámenes de 2 horas cada uno no garantiza la igualdad de oportunidades. La calidad de los futuros universitarios y profesionales españoles no puede basarse en el aguante para reproducir por escrito solo conocimientos.

La educación requiere más inversión de la que hemos tenido nunca. PAU o POB no garantizan nada más que un número que permite ordenar. Asumimos que los exámenes que dan esos números son equivalentes, pero los datos nos dicen que no lo son.

Hacer esto bien, supone tiempo y dinero. ¿Nos preocupa?

 

 

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