Señales de recuperación económica, es la hora de acordar el modelo de financiación universitaria (I)

Son diversos los informes y diferentes las fuentes que en los últimos meses están registrando acontecimientos de carácter macroeconómico que anuncian cambios en las tendencias depresivas que desde hace más de un lustro venían observándose en la práctica totalidad de los indicadores de actividad de la economía española.

Los datos facilitados por la contabilidad nacional correspondientes al tercer trimestre del año 2015 cifran en un 0,8% el crecimiento del PIB sobre el trimestre anterior (3,2% en tasa anualizada), siendo quizás  lo más relevante que la economía española lleva nueve trimestres consecutivos bajo el signo del crecimiento. Esta circunstancia ha sido argumentada, tanto desde la esfera del Gobierno como desde distintos organismos internacionales, para anunciar la recuperación de la economía española y la salida de una crisis que, por su duración e intensidad , ha ocasionado múltiples daños, al tiempo que ha agudizado los niveles de inequidad que la etapa expansionista no había logrado superar.

Sin embargo, sin necesidad de militar en las filas del negativismo, es preciso reconocer que la recuperación económica está lejos ser sentida en las rentas de amplios colectivos que como los desempleados continúan contándose por millones (4.422.359 y 4.094.042 personas registradas en las listas del paro en diciembre de 2011 y octubre de 2015, respectivamente); los parados de más de dos años que han aumentado en casi 700.000, estando carentes de prestación por desempleo (1.431.000 y 2.111.057 a diciembre de 2011 y octubre de 2015, respectivamente);  los ocupados en empleos ocasionales/ temporales que añoran la condición de “mileurista”;  los titulados universitarios con infraempleos que emigran  buscando  mejorar sus condiciones de empleo en economías que, a diferencia de la española, son más exigentes en la demanda de capital humano para el desempeño de sus procesos productivos, en tanto que nuestra recuperación se está apoyando, nuevamente, en actividades de bajo valor añadido y baja productividad. La realidad es que nuestra renta per cápita es hoy inferior a la de finales del año 2011 (22.780 y 23.005 euros, respectivamente) y según estimaciones de Ángel Laborda (El País, Negocios, 29/11/2015) no será hasta el año 2019 cuando España vuelva a recuperar el  nivel de renta relativo con la zona euro que tenía antes de la crisis.

La Universidad española, especialmente la Pública, ha sufrido los efectos de la crisis tanto en lo concerniente a la dimensión identificativa de sus actividades productivas, como en el montante de sus flujos financieros.

En el transcurso de los años 2010 a 2013, se ha reducido el empleo en  4.931 profesores y 3.370 personas de administración y servicios (5,82% y 6,44% del total de las plantillas, respectivamente); se ha reducido  la actividad investigadora como resultado de una caída de más del 29 por 100 de los ingresos (1.392 a 977 millones de euros en los años 2010 y 2013, respectivamente); y, se ha procedido a adaptar la estructura curricular de las enseñanzas universitarias a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con una caída en los gastos corrientes de 288,62 millones de euros. Pese a todo, los alumnos han mejorado sus tasas  de rendimiento académico en casi 14 puntos (63,8 % y  77,7% en los cursos académicos 2008/09 y 2013/14, respectivamente).

En cuanto a la financiación estructural, resultado de la agregación de las transferencias de la Comunidad Autónoma y de los ingresos liquidados por los precios de los servicios docentes, se ha reducido en los años 2010 a 2013 en 540 millones de euros (6,8%), con disminuciones de 962 millones de euros (8,58%) en la aportación de carácter público y aumentos de 422 millones de euros (36,35%) de  procedencia privada.

Sin embargo, con resultar destacable esta merma de financiación para el funcionamiento ordinario de las universidades públicas, todavía resulta más relevante el cambio de tendencia que se produce a partir de la aprobación del RDL 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en lo concerniente tanto a la participación relativa de los agentes financieros en los ingresos estructurales (85,35% y 14,65% de carácter público y privado en 2010 , por  78,57% y 21,43% de origen público y privado en 2013), como por la  agudización de las diferencias que en su financiación vienen manifestando las universidades públicas en función de su dependencia administrativa.

El gráfico 1, muestra las notables disparidades que en el curso académico 2013/14 ofrecían los distintos sistemas universitarios en los niveles de participación financiera correspondientes a cada uno de los agentes en el montante de sus respectivas financiaciones estructurales, donde la cuota de financiación asumida por los alumnos matriculados en las universidades de la Comunidad Autónoma de Cataluña (32,48%) casi triplica a la que se registra para los alumnos de la Universidad del País Vasco (11,47%), cuando ambas Comunidades Autónomas tienen unas rentas per cápita equiparables y muy superiores a la media de España.

El diferente nivel de copago que deben realizar los alumnos universitarios en atención exclusiva a la localización territorial del centro universitario público donde se matricula, junto a las diferencias que se observan en el gasto corriente por alumno matriculado en las universidades públicas, son el resultado directo de carecer de un modelo marco de financiación que objetive las necesidades financieras de los servicios universitarios-docencia e investigación- y determine la responsabilidad financiera de cada una de las partes.

Considero imprescindible e inaplazable el abordar la elaboración, tal como se establece en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de un modelo de financiación en el que sólo atendiendo al desempeño de las distintas actividades universitarias y a los resultados alcanzados en cada una de ellas puedan darse diferencias en la financiación estructural asignada a una determinada universidad.

Económica y socialmente no se entendería que, una vez iniciada la senda de la recuperación económica, las universidades públicas no mejoraran sus niveles de financiación buscando reducir la brecha que las separan de los sistemas universitarios que lideran la sociedad del conocimiento. Pero, tampoco, resultaría socialmente asumible que la financiación adicional que pudiera destinarse a mejorar la extensión y la calidad de los servicios universitarios se realizara con la laxitud de criterios y con la indefinición de objetivos que se ha venido observando en los años de expansión de nuestro sistema universitario.