¿Cómo ha afectado la crisis al modelo de financiación de las universidades públicas españolas?

La crisis financiera que estalló en 2008 ha causado cambios de enorme calado en el sistema de financiación de las universidades públicas españolas. No se trata tan sólo del recorte de recursos que ha afectado de forma generalizada a todos los servicios públicos.

En el caso de las universidades, puede afirmarse sin temor a exagerar que estamos ante un cambio de modelo.

Es pronto para saber si ese cambio se consolidará en el tiempo, pero todo parece indicar que algunos de sus aspectos son irreversibles. Para ilustrar el tema, en esta entrada sintetizo los resultados de un informe del Observatorio del Sistema Universitario en el que se estudian los cambios en la financiación de las universidades públicas españolas entre 2009 y 2015, analizando las diferencias entre comunidades autónomas y comparando el caso español con el de los países de la Unión Europea y la OCDE. Los datos utilizados proceden de las Estadísticas Universitarias publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además de las publicaciones de la OCDE y de la European University Association.

En el año 2009, los ingresos de las universidades públicas españolas eran de 8.756 euros por estudiante, pero con una enorme dispersión entre comunidades autónomas, desde los 6.744 euros de Extremadura hasta los 11.896 euros de Cantabria. La disparidad se observaba también en los precios pagados por los estudiantes, que se movían, en promedio, entre los 759 euros de Canarias y los 1.267 euros de Navarra. En comparación con otros países, en 2009 España se situaba ligeramente por encima (pero muy próxima) tanto a la media de la OCDE como a la de la Unión Europea (UE21), tanto en ingresos totales por estudiante como en recursos dedicados a la enseñanza terciaria como porcentaje del PIB.

¿Qué ha pasado desde entonces? La crisis ha golpeado con fuerza a las universidades públicas españolas, que han acumulado un retroceso imparable en comparación con otros países, mientras se profundizaban las diferencias entre los sistemas universitarios de las distintas comunidades autónomas. En el conjunto de España, la caída de los recursos del sistema universitario fue del 20% entre 2009 y 2015. Se trata de una pérdida de recursos sin precedentes, que ha tenido su reflejo en la contracción y el envejecimiento de las plantillas de profesorado y personal administrativo y en la falta de renovación de los equipos investigadores. Una pérdida que aún habría sido peor de no haber sido compensada parcialmente por una mayor contribución de las familias a través de los precios públicos. En efecto, las transferencias públicas a las universidades cayeron en un 28% durante esos años, pero los efectos de esa caída fueron mitigados por el significativo aumento de las cantidades ingresadas en concepto de matrículas (un 31%). En todo caso, el colapso de la financiación pública del sistema universitario ha sido suficiente para que España retroceda significativamente en el ranking internacional. Si en 2009 España estaba por encima de la media de la OCDE, en 2015 había pasado a ser el sexto país por la cola, de un total de 28, que gastaba una proporción más pequeña de su PIB en universidades: un 1,08% del PIB, es decir, el 79% de la media de la OCDE (1,37%).

Por otro lado, ni la caída en la financiación pública ni el aumento de los precios afectaron de igual forma a todas las comunidades autónomas. Analizando primero la financiación pública, la menor caída entre 2009 y 2015 se produjo en Aragón, con tan sólo un 17%, y la mayor tuvo lugar en Castilla-La Mancha, con una reducción de nada menos que un 38%. Cantabria, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana vivieron también caídas de más del 30%. El hundimiento en la contribución pública fue acompañado de crecimientos súbitos en los precios, aunque no siempre los sistemas con un mayor retroceso de los recursos públicos optaron por mayores aumentos de precios. Sí fue ese el caso de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña, tres comunidades en las que se optó por cambiar de forma radical la estructura de la financiación universitaria. Entre 2009 y 2015, los recursos procedentes del pago de precios públicos por los estudiantes aumentaron un 41% en Madrid, un 59% en la Comunidad Valenciana y un 68% en Cataluña, que es la comunidad que optó por hacer depender las universidades en mayor medida de la financiación privada.

El resultado de esos cambios ha sido un sistema de financiación más heterogéneo si cabe que en 2009, pero con cambios sustanciales en la ordenación de las comunidades. A la altura de 2015, los recursos totales de los sistemas universitarios autonómicos iban desde los 6.479 euros por estudiante de Baleares hasta los 10.000 euros por estudiante de La Rioja. Cuando los ingresos totales se ponen en relación con el PIB, los porcentajes resultantes son extremadamente bajos desde una perspectiva internacional, de forma que a la altura de 2015, sólo la Comunidad Valenciana y Andalucía alcanzaban la media de la Unión Europea (UE22), y 5 comunidades quedaban situadas por debajo de todos los países de la OCDE.

Por otra parte, en 2015, los ingresos por precios públicos se movían entre los 832 euros de Galicia y los 2.123 euros de Cataluña, claramente destacada por delante de la siguiente comunidad (Madrid, con 1.715 euros). Es en este ámbito, en el de los precios públicos por estudiante, donde más se han disparado las diferencias entre comunidades, de forma que el nivel de Cataluña representa 2 veces y media el de Galicia (en 2009 la distancia del máximo al mínimo era de 1,7 veces). Más allá de esas diferencias, el aumento de los precios públicos ha provocado que España se sitúe entre los países de la OCDE que más recurren a esa fuente de financiación. Así, la proporción de ingresos por matrículas en enseñanza terciaria, que en la Unión Europea (UE22) es, en promedio, de un 15%, se sitúa en España en el 28,1%. Como consecuencia, nuestro país queda un 86% por encima de la media de la Unión Europea (UE22) y se sitúa también significativamente (un 22%) por encima de la media de los países de la OCDE (que incluye algunas de las economías con los precios públicos más altos del mundo, como Inglaterra o los Estados Unidos).

A la vista de esas cifras es difícil exagerar el impacto de la crisis sobre la financiación del sistema universitario público español.

Al empobrecimiento generalizado y el retroceso en relación con otros países se suma un giro decidido hacia la sustitución parcial de la financiación pública por la privada, liderado de forma destacada por Cataluña. La crisis, en ese sentido, parece haber puesto en marcha un cambio de modelo, aunque con muy distinta intensidad según los territorios. Los efectos de ese cambio sobre la calidad de nuestras universidades y las diferencias entre comunidades tendrán que analizarse en los próximos años.