El Estatuto del PDI: ¿última estación?
En ocasiones, los procesos políticos que afectan a la universidad española se parecen más a una liturgia que a un mecanismo de decisión: se convocan reuniones y procesos de escucha, se levantan actas, se atienden reclamaciones, pero no se produce el acontecimiento que se espera de ellas, que es un resultado capaz de modificar la realidad. La negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas españolas es un ejemplo paradigmático de esta lógica de aplazamiento: tras quince años de idas y venidas, lo que está en juego ya no es solo un texto legal, sino la confianza de un colectivo en la capacidad de las instituciones españolas para responder a sus problemas.
La parálisis del proceso normativo
El patrón es cíclico, siempre el mismo: gobiernos que anuncian el inicio del proceso, borradores que circulan sin autoría clara, expectativas generadas y frustradas, mesas de negociación que nunca alcanzan el puerto del acuerdo… En cada ciclo se abre siempre la promesa de un cambio inminente que está a punto de llegar, pero tras meses de reuniones, todo vuelve a empezar en la casilla de salida, agotando la paciencia del profesorado y la credibilidad del sistema político universitario.
La reunión celebrada el pasado 25 de septiembre en el Ministerio de Ciencia, Innovación podría interpretarse como un signo de reactivación, pero también puede verse como un síntoma de la dificultad que tiene nuestro sistema político para cerrar los procesos normativos que requieren consenso.
Las universidades son, por naturaleza, instituciones lentas, deliberativas, y esa lentitud suele ser su virtud: garantizan la calidad del conocimiento que producen y transmiten, pero cuando esa parsimonia se convierte en parálisis, la virtud se degrada en vicio.
Convocados por el Secretario General de Universidades, los representantes sindicales fueron informados de una serie de proyectos regulatorios paralelos: desde la inminente aprobación del Real Decreto de creación de universidades y centros, hasta la remodelación del RD de homologaciones de títulos extranjeros, pasando por el futuro Estatuto del Estudiante o el sexenio de transferencia… Todos ellos relevantes, pero presentados sin un marco de integración y sin dejar apenas tiempo para abordar lo que debía ser el núcleo de la reunión, el Estatuto del PDI.
Aprovechando ese escaso margen, la parte social volvió a reiterar sus reivindicaciones, largamente conocidas y razonables en una universidad pública que mira al futuro: abordar una carrera profesional clara, tanto vertical como horizontal, acordar un calendario cierto de negociación, contar con transparencia en la redacción de los borradores, reconocer la pluralidad contractual del profesorado, definir integralmente de las actividades del PDI, e incorporar de forma expresa la conciliación laboral y familiar, y todo ello contando con un lenguaje jurídico unificado que no deje resquicios para interpretaciones desiguales.
La necesidad de un marco de previsibilidad para el PDI
En resumen, lo que el PDI reclama (y con razón) no es solo una mejora retributiva o una mejor carrera profesional, sino un marco de previsibilidad: sin reglas claras sobre acceso, promoción, derechos sociales y conciliación, lo que se erosiona es la promesa de una vida académica coherente, y cuando esa promesa se diluye, la universidad pierde atractivo para las generaciones que podrían renovarla.
La institución que se dedica a pensar en el porvenir de la sociedad debería ser capaz de articular los mínimos que definen su propio futuro. El Estatuto del PDI, si es que llega a ver la luz, debería ser algo más que un catálogo de derechos laborales o un ajuste técnico de retribuciones y jornadas.
La universidad no es una empresa que se limite a gestionar recursos humanos, sino una institución pública cuya legitimidad descansa en su capacidad de generar conocimiento, formar ciudadanos críticos y contribuir al progreso colectivo.
Por eso no puede reducirse a regular condiciones de trabajo: ha de definir un proyecto de institución y acabar con la sensación de vivir en la provisionalidad permanente y bajo la amenaza constante de los vaivenes políticos y presupuestarios.
El reto de pensar a largo plazo
Esto exige algo que en España se nos da bastante mal: pensar a largo plazo para diseñar instituciones estables e inteligentes, capaces de sobrevivir a los ciclos políticos, y articular consensos que no se agoten en la coyuntura; de lo contrario, seguiremos atrapados en la lógica de la negociación permanente, que es otra forma de inmovilidad en la universidad española.
El gobierno debe dar el paso, y asumir de una vez por todas la responsabilidad de fijar un calendario cerrado, transparente y verificable de compromisos, con un mecanismo de seguimiento que impida la deriva hacia la provisionalidad crónica. Junto a ello, debe blindar normativamente los acuerdos alcanzados para que no dependan de la discrecionalidad política ni de la volatilidad presupuestaria.
Una propuesta de solución
Ese marco solo será creíble si el futuro Estatuto incorpora, de manera explícita, los pilares de una carrera académica definida y previsible (libre de tasas de reposición y con promoción interna digna, por cierto): el reconocimiento de la pluralidad contractual, y la dignificación de las condiciones de trabajo y de las retribuciones. De este modo, la vía funcionarial mantendrá su papel central como garantía de autonomía y estabilidad institucional, sin que las figuras laborales existentes queden relegadas a la precariedad o al margen de un desarrollo profesional pleno; el derecho efectivo a la igualdad y a la conciliación; y un horizonte institucional protegido de veleidades y vaivenes coyunturales, que sea capaz de garantizar que la universidad siga siendo un espacio de producción de conocimiento y de formación de ciudadanía.
Es posible que estemos en la última oportunidad que tiene este gobierno para dotar de coherencia a la vida académica, pero conviene recordar que esto no es un ultimátum sino un reto.
Con la negociación del Estatuto del PDI tenemos la ocasión de que la universidad española se piense a sí misma, reconozca a quienes la sostienen y trace al fin un horizonte profesional claro y que merezca la pena. Después de 15 años de inmovilismo, impensables para cualquier otra administración pública, ya no se trata solo de resolver reivindicaciones, sino de reconstruir el actual maltrecho pacto de confianza entre la comunidad universitaria y las instituciones que la gobiernan.