Europa ante el reto de convertir conocimiento en liderazgo
El 17 de noviembre de 1944, el presidente Franklin D. Roosevelt dirigió una carta a Vannevar Bush, director de la Office of Scientific Research and Development, con cuatro preguntas concretas: cómo difundir el conocimiento científico generado durante la guerra; cómo organizar un programa de investigación médica sostenida; cómo apoyar la investigación pública y privada en tiempos de paz; y cómo identificar y desarrollar el talento científico en la juventud estadounidense.
La respuesta de Bush llegó en julio de 1945 con el informe Science: The Endless Frontier, presentado al presidente Harry Truman. Su tesis central era directa: sin investigación básica financiada por el Estado, no hay industria competitiva, no hay salud pública avanzada y no hay seguridad nacional sostenible.
Las bases de la investigación básica y la financiación pública
Bush identificó dos condiciones necesarias para que ese principio funcionara en la práctica. La primera: financiación pública estable, desvinculada de los ciclos electorales y de la lógica de retorno inmediato. Esta idea no era en realidad ajena a la tradición científica europea. Ya en 1897, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, Ramón y Cajal defendía la necesidad de cultivar la ciencia por sí misma, sin supeditarla a aplicaciones inmediatas, recordando que el valor de cada descubrimiento no siempre es evidente en el momento en que se produce.
La segunda era que esa financiación debía canalizarse fundamentalmente a través de las universidades. No por una razón de tradición académica, sino por una razón funcional: eran (y son) instituciones fundamentales a la hora de producir conocimiento nuevo y, al mismo tiempo, de formar a los investigadores que lo seguirían generando. Bush concebía a las universidades como la fuente de la que nace el conocimiento y estaba convencido de que, mientras se mantengan fuertes y sus científicos conserven la libertad de investigar sin restricciones, el conocimiento científico capaz de transformarse en aplicaciones prácticas fluiría.
El informe Bush alumbró la National Science Foundation, creada en 1950. Según el National Center for Science and Engineering Statistics, Estados Unidos pasó de invertir un 1,33% del PIB en I+D en 1953 a un 3,39% en 2024, superando los 993.000 millones de dólares anuales. La arquitectura construida sobre ese informe —universidades como núcleo, financiación estable, ciencia básica no subordinada a aplicaciones inmediatas— sigue siendo el esqueleto del sistema americano de I+D.
Del laboratorio al mercado
Si Bush estableció el principio de financiar ciencia básica a través de universidades, la Bayh-Dole Act de 1980 resolvió el problema siguiente: qué ocurre con los resultados de esa investigación cuando nadie tiene incentivos claros para llevarlos al mercado.
Antes de la ley, el Estado retenía formalmente los derechos de las invenciones generadas con fondos federales, pero en la práctica miles de patentes permanecían sin explotar. La solución de los senadores Birch Bayh (demócrata) y Bob Dole (republicano) fue permitir que universidades y otras instituciones retuvieran la titularidad de las invenciones financiadas con fondos públicos, las licenciaran y crearan incentivos reales para su valorización. La transferencia tecnológica dejó de ser residual y se convirtió en política explícita, gracias a algo que hoy puede parecer exótico: consenso bipartidista.
Un factor personal
Hay además en esta historia una dimensión humana y emotiva que no debería olvidarse. La enfermedad de Marvella Bayh, esposa de Birch Bayh, víctima de cáncer, suele citarse como uno de los motores personales que intensificaron la convicción del senador de que la investigación pública no podía terminar archivada en cajones administrativos mientras los pacientes esperaban soluciones. No se trataba de una cuestión económica, sino de una intuición moral y política: si el país paga conocimiento, el país debe ser capaz de traducir ese conocimiento en prosperidad para todos.
Sería, sin embargo, una simplificación excesiva atribuir el funcionamiento del sistema estadounidense de I+D+i únicamente a la secuencia Bush/Bayh-Dole. Su liderazgo tecnológico responde también a otros factores bien conocidos: una inversión sostenida y de gran escala —incluida la financiación vinculada a defensa—, un mercado de capital riesgo profundo, una cultura empresarial más proclive al riesgo y una integración fluida entre universidad, empresa y administración.
Pero precisamente por eso, Bush y Bayh-Dole resultan tan relevantes: no explican todo el sistema, pero sí fijan su arquitectura básica al definir dónde se genera el conocimiento y cómo ese conocimiento puede convertirse en valor económico.
Europa frente al espejo
Si en Estados Unidos el informe de Vannevar Bush contribuyó de manera decisiva a fijar el marco del contrato entre ciencia, Estado y prosperidad, en Europa ese papel se ha ido configurando a través de distintos documentos y procesos a lo largo del tiempo. Entre ellos, dos hitos destacan especialmente por su paralelismo funcional con ese momento fundacional: la Estrategia de Lisboa de 2000 y el informe Aho de 2006.
La Estrategia de Lisboa supuso un intento explícito de situar el conocimiento, la investigación y la innovación en el centro del proyecto económico europeo, con una ambición comparable —al menos en su formulación— a la de Bush: convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, fijando para ello un objetivo cuantitativo claro: alcanzar un nivel de inversión en investigación y desarrollo del 3% del PIB, con una combinación de financiación pública y privada.
Diagnóstico de la competitividad en Europa
El informe Aho, publicado seis años después bajo el título Creating an Innovative Europe, introdujo un matiz decisivo. Si Lisboa había puesto el foco en la generación de conocimiento, Aho señaló con claridad el problema que empezaba a hacerse evidente: Europa no carecía de ciencia, sino de mecanismos eficaces para convertir esa ciencia en innovación y mercado. El diagnóstico anticipaba ya una de las constantes del debate europeo posterior: el fallo no está tanto en la oferta científica como en la demanda, en los incentivos y en la estructura del sistema que conecta laboratorio y empresa.
Han pasado más de dos décadas desde Lisboa y veinte años desde Aho. En ese tiempo, Europa ha consolidado una base científica sólida y competitiva a nivel global, pero los problemas estructurales identificados entonces no solo persisten, sino que se han vuelto más visibles en un contexto de creciente competencia tecnológica global.
Tres informes europeos muy relevantes
Es en este punto donde se sitúa el tríptico de informes europeos que vieron la luz durante el 2024: el informe Letta (abril), el informe Draghi (septiembre) y el informe Heitor (octubre). Si bien cada uno analiza la realidad europea desde una óptica diferente, los tres comparten una preocupación: la incapacidad europea para transformar su fortaleza científica en ventaja competitiva sostenida.
Ahora bien, más allá de sus diagnósticos y recetas específicas, en los tres subyace una idea que resulta familiar en términos históricos: la necesidad de financiar adecuadamente la ciencia y, al mismo tiempo, de construir mecanismos efectivos para que ese conocimiento financiado con recursos públicos se traduzca en innovación, mercado y productividad. Es decir, de cerrar el ciclo que va de la investigación a la competitividad económica. En palabras del propio Draghi en la presentación del informe que lleva su nombre ante el Parlamento Europeo: «Europa está llena de investigadores y emprendedores talentosos. El problema es que la innovación a menudo carece de sinergias y que no estamos logrando transformar las ideas en éxito comercial».
El giro normativo europeo que se avecina
Los informes Letta, Draghi y Heitor coinciden en señalar que el problema europeo no es un fallo de generación de conocimiento, sino un fallo de sistema en su transformación en actividad económica. Las iniciativas normativas actualmente en preparación deben leerse, a nuestro juicio, en ese contexto.
La European Innovation Act, aún en fase de diseño, se concibe como una ley orientada a reducir fricciones estructurales en el proceso de innovación. La evidencia recopilada en la consulta pública de 2025 apunta a cuatro fallos recurrentes: la infraexplotación de la propiedad industrial generada con fondos públicos, la débil integración entre sistema científico e industria, las dificultades de acceso a financiación en fases de escalado y, de forma transversal, la fragmentación regulatoria. Sobre esa base, los elementos que se están considerando incluyen mecanismos de acceso simplificado a infraestructuras tecnológicas, marcos comunes para sandboxes regulatorios y una mayor homogeneización de instrumentos de apoyo a startups y scaleups.
En paralelo, la propuesta del denominado 28th regime aborda de forma más directa el problema de la fragmentación jurídica. Su planteamiento no es la armonización de legislaciones nacionales, sino la creación de un régimen de derecho europeo que permita a determinadas empresas operar bajo un conjunto único de normas. Aunque su alcance definitivo no está cerrado, el debate técnico se centra en ámbitos como el derecho societario y el tratamiento de activos intangibles.
Un cambio de foco
Ambas iniciativas responden a un mismo diagnóstico: la existencia de un mercado único incompleto en lo que respecta a la innovación. La novedad no reside tanto en el diagnóstico como en el tipo de instrumentos que se plantean para abordarlo.
En lugar de centrarse exclusivamente en aumentar la financiación o en mejorar la coordinación entre Estados miembros, el foco se desplaza hacia la corrección de fallos estructurales que afectan al tránsito del conocimiento hacia el mercado, lo cual ha sido subrayado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en repetidas ocasiones.
En este sentido, el paralelismo con la Bayh-Dole Act resulta sugerente, aunque no exacto. Allí, el problema se resolvió actuando sobre un elemento concreto del sistema —la titularidad de los resultados de investigación— para alinear incentivos y activar la transferencia.
En el caso europeo, la intervención es necesariamente más amplia: no se trata de desbloquear un único punto, sino de reducir un conjunto de fricciones estructurales acumuladas —regulatorias, financieras y operativas— que dificultan la valorización del conocimiento.
Si Bayh-Dole cerró el ciclo en un sistema relativamente integrado, la Innovation Act y el 28th regime intentan hacer posible ese mismo cierre en un entorno fragmentado.
Universidades como nodo estructural del sistema de innovación
Un sistema de investigación e innovación fuerte no tiene un único centro. Funciona como un entramado en el que interactúan universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, infraestructuras científicas, grandes empresas, startups, inversores y administraciones, entre otros.
La capacidad de un país o de una región para generar y transformar conocimiento depende, en gran medida, de cómo se articulan esas piezas, todas ellas igualmente importantes, y de si existen mecanismos eficaces para que el conocimiento circule entre ellas.
Para que Europa logre lo que se propone en términos de competitividad —transformar conocimiento en ventaja económica y liderazgo— será imprescindible el alineamiento, la colaboración y la complementariedad entre estos actores.
La Universidad tiene un papel estructural
En ese conjunto, algunas instituciones desempeñan un papel especialmente estructural. Las universidades son una de ellas, no por exclusividad, sino porque concentran de forma estable tres importantes funciones que ningún sistema de I+D+i puede externalizar: la generación de conocimiento, la formación de quienes lo producirán en el futuro, y la valorización del mismo. Esto importa porque permite ordenar correctamente el debate.
En Europa se habla con razón de scaleups, de capital riesgo, de simplificación regulatoria, de tecnologías críticas, de defensa o de autonomía estratégica. Pero ninguno de esos objetivos puede sostenerse si no existe una base amplia, estable y bien articulada de producción y transferencia de conocimiento y de formación de talento.
La cuestión universitaria no aparece al final de la cadena, cuando toca transferir o emprender.
Aparece al principio, en el medio y al final. Aparece cuando se forma a los investigadores, cuando se construyen grupos y líneas de trabajo, cuando se sostienen infraestructuras científicas, cuando se crea cultura organizativa de cooperación con empresas y cuando se aprende a convertir resultados de investigación en patentes, licencias o spinoffs universitarias. Por eso no tiene sentido tratar investigación, formación y transferencia como compartimentos estancos.
La universidad como «cantera» del éxito tecnológico
Podríamos resumirlo con un símil futbolístico: las universidades somos la cantera. Para que salgan un Pedri, un David Silva o un Juan Carlos Valerón —el equivalente a un caso de éxito como Wooptix— hay que trabajar desde benjamines hasta juveniles. Hay que financiar muchas trayectorias que no llegarán al primer equipo; alinear cantera, cuerpo técnico, dirección deportiva y estilo de juego; y hay que tener claro qué tipo de jugador quiere el equipo, sí, pero también aceptar que sin una base amplia de formación y entrenamiento jamás aparecerá el talento extraordinario. Eso es exactamente la investigación y la transferencia de conocimiento universitaria: una apuesta sostenida, consensuada, paciente y alineada.
Si se quiere que Europa produzca más ciencia, más empresas tecnológicas de alto valor, más capacidad industrial y más retención de talento, es decir, más prosperidad para todos y más liderazgo en el contexto geopolítico actual, hay que fortalecer la base institucional que hace posible todo eso.
Por eso, el refuerzo de las universidades no puede formularse como una derivada secundaria de la política de innovación. Porque, volviendo al símil futbolístico, como diría ese genio visionario del fútbol que fue Johan Cruyff: si no tenemos la pelota, no podemos marcar gol.
Autores:
María José Miranda Martel, Profesora Contratada Doctora del área de Organización de Empresas en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Sebastián López Suárez, Catedrático de Universidad del área de Tecnología Electrónica en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria