Informe CYD 2015. La contribución de las universidades españolas al desarrollo

El pasado lunes 12 de septiembre de 2016 se presentó en Madrid el Informe CYD 2015, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Esta publicación constituye la duodécima edición del tradicional informe que realiza anualmente la Fundación CYD sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo. Su principal objetivo es analizar la importancia que tienen las universidades en la economía y la sociedad española, tanto por su peso específico como por el papel que desempeñan en el desarrollo de la economía del conocimiento a través, básicamente, de la transferencia de tecnología al sistema productivo y de la formación de capital humano. Asimismo pretende difundir en el entorno empresarial e institucional la percepción de que las universidades son un elemento clave para mejorar la productividad y competitividad de la economía española.

En el Informe CYD 2015, en concreto, se pone de manifiesto el notable impacto negativo que está causando la reciente crisis económica en el sistema universitario español.

Por un lado, han disminuido de manera clara los recursos públicos puestos a su disposición. Así, por ejemplo, los ingresos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas se redujeron en el periodo 2009-2014 un 18% (unos 1.900 millones en valores absolutos). Por otro lado, también se han reducido mucho los recursos destinados a la I+D, de tal manera que el personal de I+D, los investigadores o los gastos en I+D en 2014 eran más del 10% inferior a un lustro antes. A lo que hay que añadir que los recursos obtenidos por la actividad de transferencia de las universidades también han disminuido, producto del impacto de la crisis económica en la actividad empresarial.

Así, la financiación de la I+D universitaria por parte de las empresas o el volumen de captación de recursos, tanto a través de la contratación de I+D como de otros servicios, se ha reducido en torno al 40% en los últimos 5-6 años.

Algunas consecuencias de estos recortes han sido la disminución de la plantilla de personal de administración y servicios y del profesorado, también debido a las limitaciones legales impuestas en la tasa de reposición del personal, lo que ha llevado a un envejecimiento absoluto y relativo -en comparación con los principales países europeos- del personal docente e investigador español. Otra de las consecuencias ha sido la necesidad de incrementar los precios públicos universitarios, lo que ha influido, junto a la caída de la población joven de 18 a 24 años, en la reducción del número de estudiantes matriculados en el sistema universitario español.

Pero a pesar de todo ello, también hay datos positivos, que muestran mejoras evidentes y que evidencian el esfuerzo de las universidades para aumentar su eficiencia en un entorno complicado y adverso. Por ejemplo, las publicaciones científicas españolas -casi tres cuartas partes de las mismas realizadas por universidades- no han parado de crecer, en términos absolutos y relativos, y suponían ya en 2014 el 3,6% de la producción mundial (3,3% en 2010) y el 12,1% de la de Europa Occidental (10,5% en 2010), aunque bien es cierto que se observa en los últimos años un descenso de su liderazgo y su excelencia científica. Asimismo, los resultados han sido positivos en el caso de las solicitudes de patentes universitarias, que han tenido variaciones anuales positivas en lo que se lleva de década, y el número de licencias firmadas y, del mismo modo, el número de spin offs universitarias que sobreviven a sus cinco primeros años de vida ha crecido.

En cualquier caso, si continúan disminuyendo los recursos de las universidades es imposible que no se acaben comprometiendo sus resultados.

Así pues, el nuevo gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas han de ser conscientes de la necesidad urgente de revertir la situación y de lo imprescindible que resulta incrementar la dotación de recursos al sistema universitario español y, particularmente, a las universidades públicas. Pero asimismo han de ser conscientes de que para optimizar el impacto positivo de esos mayores recursos se tienen que plantear profundas transformaciones del marco legal que atañe a las universidades, de manera que posibiliten a éstas una mayor autonomía que les permita una mejor gestión de esos mayores recursos. En este sentido, las recientes legislaturas, y particularmente la última, no se han caracterizado por desarrollar iniciativas relevantes que acercaran nuestro modelo universitario al dominante en los países de nuestro entorno europeo. En la última, en concreto, esto ha ocurrido a pesar de la creación de la comisión presidida por la Profesora Miras-Portugal que elaboró, en 2013, el documento: Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español.

El sistema universitario español es de una importancia crucial para la economía y la sociedad española y su relación estrecha y fructífera con el sector empresarial es clave para lograr los imprescindibles niveles de productividad y competitividad capaces de garantizar el bienestar social de los ciudadanos. Por ello, se les ha de reclamar a las administraciones públicas competentes que, a pesar de los condicionantes que aún hoy persisten, intenten priorizar el apoyo público a nuestras universidades, para así garantizar mejor la consecución de un crecimiento sostenido a largo plazo de la economía española y un mayor bienestar para su población.