La inquietud razonable ante el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador
Llevamos semanas con un goteo constante de información sobre la aprobación inminente de un Estatuto para el Personal Docente e Investigador (PDI) en España que va a cambiar la carrera académica, tema sobre el que ya escribí en este mismo medio hace más de un año. Habíamos podido extraer algo de información hace días en las redes, hasta que definitivamente un borrador se ha filtrado.
Primeras impresiones del Estatuto del PDI
El análisis de este borrador inicial del Ministerio de Universidades deja más interrogantes que respuestas. No es nuevo, la incertidumbre en la legislación de la universidad española es una tradición. Venga de donde venga el cambio, y con independencia del legislador de turno, siempre ha sido normal desconocer el alcance y los efectos secundarios de las diferentes iniciativas de reforma universitaria.
Desde el inicio de la democracia y los procesos de apertura y modernización, que culminaron en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, hasta el recientemente improvisado y malhadado sexenio de transferencia: no hay cambio legislativo en la educación superior española que no haya venido acompañado de incertidumbre laboral, contestación social y efectos imprevistos o indeseados sobre las condiciones de trabajo del profesorado universitario.
El nuevo Estatuto del PDI que se avecina no rompe con esta costumbre, y ya está generando inquietud en buena parte de la plantilla, especialmente la más precaria (el PDI asociado) y las personas más jóvenes que desean un empleo estable.
Medidas polémicas en este nuevo proyecto de norma
Disminución de la dedicación docente del PDI asociados
La nueva norma pretende suprimir la precariedad con medidas de contención en la contratación de personal a tiempo parcial. El PDI asociado es una figura temporal, mal retribuida y abundante en muchas universidades. Buena parte del PDI asociado aguanta las malas condiciones por considerar que sólo es una etapa de paso hacia otras figuras a tiempo completo.
Los asociados se enfrentan a una reforma que contempla la disminución de su dedicación docente por contrato a un máximo de 60 horas anuales, un tercio de la actual (180 horas), y a una mayor exigencia en la contratación. Con la financiación actual de las universidades, la reducción de la capacidad docente supondrá́ de facto menores retribuciones: la retribución de un asociado a 60 horas no llegará a los 200 euros mensuales. Sin ninguna duda los que queden serán más profesionales y tendrán mucha vocación, ya que el salario no será́ un incentivo. De esta forma, la nueva norma pretende eliminar la precariedad suprimiendo a los precarios.
El Ministerio quizá ignora que no es la modalidad de contratación en sí misma el problema, sino que este fenómeno obedece fundamentalmente a la infrafinanciación crónica de nuestras universidades: la hora docente de un asociado cuesta de 5 a 7 veces menos que la de un titular o catedrático. Si esta medida no viene acompañada de un incremento de financiación para la contratación de profesorado a tiempo completo, el efecto será́ justo el contrario al que este Estatuto pretende: multiplicaremos el número de asociados, y todos cobrarán salarios más bajos. Se puede entender la alarma que este borrador está generando tanto en los sindicatos mayoritarios como entre las distintas plataformas que agrupan a estos profesores.
Cambios en la carrera docente
En cuanto a la carrera docente, el Estatuto presenta dos grandes cambios:
- Desaparecen las figuras actuales de ayudante, ayudante doctor y contratado doctor, acortándose a un máximo de 7 años el período de formación.
- Ofrece la posibilidad de contratar titulares y catedráticos no funcionarios.
La primera medida acelera la carrera, aunque la hace más exigente ya que mantiene los mismos criterios en menos tiempo para alcanzar la estabilidad. La segunda, la desfuncionarización de los cuerpos docentes, genera mucha incertidumbre. Primero, porque supone una pérdida importante de estabilidad laboral: solo hay que tirar de hemeroteca para comprobar lo sencillo que puede ser despedir personal laboral fijo de una universidad pública española. Segundo, porque la contratación de estos profesores se regulará a través de normativa autonómica. Esto debilitará la negociación de las condiciones laborales y profundizará en las desigualdades entre universidades, ya existentes en lo relativo a complementos autonómicos. Pese a lo que dice el Estatuto, también habrá disparidad en los requisitos de acceso: si el marco laboral es autonómico, las agencias regionales tendrán legitimidad y capacidad para generar un procedimiento de acreditación autonómico, concertando unos mínimos con el sistema estatal (como ocurre con los contratos laborales actuales).
Los motivos para el cambio son difusos. Hay quien alega que es necesaria la flexibilidad de la contratación laboral para incentivar el esfuerzo en la plantilla. Otras personas creen que es una reivindicación de competencias de las universidades catalanas. Pero el interés legítimo de generar un marco laboral basado en incentivos para el personal universitario no tendría por qué suponer la desaparición del funcionario en las universidades. Y la mejora de las competencias autonómicas, incluso en un hipotético estado federal, puede convivir con un marco nacional de excelencia.
Una reforma que supone un paso atrás en las universidades
Casi una década a vueltas con la posibilidad de un Estatuto, y cuando por fin llega, no mejora las condiciones del PDI. La funcionarización de los cuerpos docentes universitarios protege no sólo al trabajador, sino también dos valores de nuestro sistema público: la educación superior como derecho fundamental y la libertad de cátedra en nuestro ejercicio. Esta protección del servicio público es antigua en España: la “Ley de Bases” de 1918 o “Estatuto de Maura” terminó con el cesante, funcionario que cambiaba con cada vuelco de gobierno, y que Mesonero Romanos describió en sus Escenas Matritenses.
El Estatuto deja en el tintero muchas grandes reivindicaciones para el PDI: la objetividad y homogeneización de los concursos de acceso a la carrera docente (cada universidad tiene el suyo particular), mejores medidas de igualdad y conciliación, la movilidad internacional entendida y retribuida como formación para toda la plantilla, la dotación básica de recursos de investigación que dote de independencia e igualdad de oportunidades al profesorado más joven… y muchas, muchas otras.
Esta nueva norma es regresiva. Si la anterior reforma que paralizó la renovación de las plantillas supuso un golpe brutal para nuestras universidades –del que aún no se han recuperado–, esta nueva reforma nos devuelve a una etapa muy anterior: resulta que la universidad española del futuro es parecida a la España de antes de Maura.
El problema para los que sí estamos acreditados por la ANECA como profesores ayudantes doctores es que no hemos podido acceder a la carrera docente por la competencia fraudulenta con los asociados a las plazas de nuestra categoría. Esto se presentan con puntos de docencia obtenidos de forma irregular, impartiendo asignaturas de 1 y 2 ciclo que deberían ser de acreditados. El fraude es inmenso.
Los que nos hemos quedado fuera por este dopaje, los que nos negamos a precarizarnos para acceder a la carrera docente ahora lo tendremos aún más difícil.
Yo no quise renunciar a mi trabajo en mi campo de investigación para ser asociado, pensando que me daría algún punto. Y no ha sido así, ¿de qué servirá entonces estar acreditado?, haberlo hecho mientras trabajabas y te sacrificabas por tu vocación, si un asociado va por el atajo (guiado por alguien, porque la universidad es responsable del fraude) usurpando las plazas de docencia que tendrían que ser para los acreditados.
Somos miles los acreditados que nos hemos quedado fuera y no por competencia entre nosotros sino porque con los asociados han dinamitado toda la lógica de acceso y formación.
Esto es un desastre desde todos los puntos de vista.
Estoy muy de acuerdo, en general, con esta entrada. Pero hay una cosa en la que no coincido y es en la demonización de la escala laboral de CUs y PTUs. A día de hoy, es imposible captar talento internacional senior a causa de que para ser CU o PTU, en España (excepto en Cataluña, que si tienen esas figuras en un claro ejemplo de transgresión de la LOU), hay que ser COMUNITARIO. Dejamos fuera al resto del mundo, incluyendo EEUU, Canadá, Sudamérica, China, India,… incluso hoy el Reino Unido. Los contratos laborales nos permitirán tener CUs y PTUs de fuera de la UE. EN un mundo global como el nuestro, no podemos prescindir del talento internacional no comunitario, e imagino que habrá algún momento en un futuro no muy lejano (de momento esto es ciencia ficción), donde a nuestros concursos concurrirán personas de todo el mundo.
Mikel, uno de los problemas de la universidad española que no se aborda es la disparidad de criterios entre universidades para una misma categoría. La gente que gana una plaza en una universidad podría no ganarla en otra: no hay un baremo igual en ninguna. La edad media de contratación de los ayudantes doctores en mi universidad es de 40 años, y esto ocurre en muchas más; los actuales baremos premian la cantidad y con ello alargan la edad de inicio de la carrera. Es un tema complejo, con una salida normativa difícil que pasaría por poner de acuerdo a todas las universidades.
José Manuel: descentralizar generará desigualdades a largo plazo, en mi opinión. La solución a lo que planteas es posible sin renunciar a la funcionarización de los cuerpos docentes: la figura de profesor visitante podría regularse mejor (su uso actual es muy criticado) y retribuirse adecuadamente; como es laboral, su retribución se fija en cada comunidad autónoma. Podrían estar estrictamente reguladas y mucho mejor pagadas que un catedrático incluso, y la reforma para captar a gente externa es mínima si se plantea un buen salario (eso es posible ya) y se hacen contrataciones de visitantes a largo plazo (un cambio menor).
Saludos
Ernesto, tu dile a un profesor permanente de una buena universidad extranjera que se venga a España, dejando lo que tenga allí, a una posición de «visitante», por muy pagada que esté… Ya he vivido un par de operaciones de atraer personas de gran relieve que se han frustrado al saber que no podrían ser «Professor» en la universidad. Si alguien apuesta por un cambio así desde una posición buena, no le puedes ofrecer ser «solo» visitante.
Impedir que los TU y CU contratados se usen para precarizar el cuerpo docente y fomentar que se usen para atraer a gente buena con puestos estables y acordes con su categoría se podría solucionar haciendo que sólo se puedan ofrecer esos contratos a personas con puestos a tiempo completo en otras universidades o centros de investigación: la promoción interna se tendría que hacer vía puesto de funcionario.
Totalmente de acuerdo con Mikel en particular. Lo de los asociados ha sido y es un fraude de la ley vigente, que se ha hecho deliberadamente por las universidades para evitar la contratación de doctores acreditados a tiempo completo en puestos estructurales. En la universidad donde trabajé y me doctore hace ya años, llegaron a jubilarse tres profesores titulares en un campus y los sustituyeron a todos con plazas de asociados. Yo tenía ya la acreditación para contratado doctor, pero me tuve que ir. Tuve la «suerte» de conseguir luego una plaza de ayudante doctor en otra universidad, cuando ya pasaba de los 40 años. Ahora, si decidiesen por fin sacar alguna plaza de ayudante doctor en ese campus, será probablemente solo porque alguno de esos asociados ha conseguido esa acreditación, casi diez años después. Y si se me ocurriera presentarme, tendría que volver a empezar allí, perdiendo toda la antigüedad laboral que tengo en general, porque este sistema es de vergüenza, así de claro. Además, seguramente ganaría esa plaza el asociado que ahí jugaría el papel de «candidato de la casa». El sistema no puede ser tan cerrado y endogámico, ya no solo para poder atraer a personal del extranjero, sino del propio país. Se tienen que ofrecer buenas plazas para quien pueda venir de fuera, con concursos realmente competitivos y razonables, y no las chanchulladas que se hacen por norma general.
Hola,
En cuanto a tu comentario «supone una pérdida importante de estabilidad laboral: solo hay que tirar de hemeroteca para comprobar lo sencillo que puede ser despedir personal laboral fijo de una universidad pública española. »
¿Dispones de datos para saber cuántos profesores contratados doctores han sido despedidos? Aparte de la URJC no he podido encontrar evidencia de despidos de PCD.
Por lo leido, no solo habían cuestiones económicas sino políticas. Me ha parecido entender no solo que es más fácil despedir a un laboral que a un funcioanrio (cosa que es EVIDENTE) sino que las universidades públicas lo hacen de forma repetida ( y, como muestra, un boton, el caso ded la URJC)
Bueno, si tienes datos, número de pCD despedidos en la universidad española, te lo agradeceria mucho si me los pudieras facilitar,
Gracias
Eduard, se dice «HABÍA CUESTIONES», en singular, a ver si aprendes a escribir antes de pretender ser profesor de universidad