La Ley de Reforma Universitaria: un apunte, 35 años después

Tras los años de la transición, en los que hubo un fuerte debate y movilización de los distintos estamentos universitarios para la reforma y democratización de la Universidad, la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de agosto de 1983 reconocía la autonomía universitaria, considerando a la Universidad servicio público, racionalizaba las figuras del profesorado, colegiaba departamentalmente su funcionamiento docente e investigador, y renovaba el procedimiento de la elección de los equipos rectorales. Una cierta impronta del “sesentaoyochismo” había en la Ley, frente al poder de los catedráticos, acelerando su jubilación a los 65 años. Además, la Ley promovía automáticamente a los profesores agregados a la condición de catedrático, sin necesidad de una nueva oposición o concursos de traslado.

Quizá, lo peor era que imposibilitaba la movilidad del profesorado, una vez superada la fase de formación postdoctoral como ayudantes (para éstos se exigía un año fuera de la misma Universidad dentro del ciclo de cinco años de contratación). Sin embargo, la composición de los tribunales de oposición, con dos miembros de la misma universidad frente a otros tres mediante sorteo, reducía al mínimo la movilidad interuniversitaria. Además, como es conocido, la idoneidad estabilizó a una generación de profesorado no numerario como funcionarios. La perversión del uso de la figura del ayudante y del asociado que hicieron algunas universidades, engordó una nueva bolsa de contratados precarios.

En esos años se aprobó también la Ley de Ciencia (1986), y se sentaron las bases de la ANECA, para la evaluación de la actividad investigadora (1989). Se dobló el número de universitarios desde los setecientos mil a más de millón y medio, con unos setenta mil docentes y treinta mil investigadores, permaneciendo el gasto privado por las tasas en torno a un 20%, mientras que el gasto en investigación creció hasta el 1% en 1992, muy lejos de la media europea del 2%.

En esta época socialista, no hizo sino crecer la «provincialización» universitaria en el marco del Estado de las Autonomías, permaneciendo el debate sobre el incremento de las tasas, debido a las limitaciones de su financiación pública.

Un primer balance sobre la evolución de la Universidad en los ochenta y noventa, se realizó en  el «Informe Bricall» del año 2000. Este Informe colectivo es consultable en la página web de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y quizá sirvió para que el PP aprobara la Ley de Ordenación Universitaria (LOU) un año después, que derogaba la LRU. Era la legislatura de mayoría absoluta de José María Aznar, pero la LOU fue a su vez ser reformada en 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estableciendo el sistema de acreditación nacional, como primer paso para la estabilización funcionarial del profesorado.

La crisis económica y los recortes del gobierno de Mariano Rajoy han supuesto la congelación de la promoción de una bolsa enorme de profesorado hasta el momento actual, así como la práctica ausencia de contrataciones a tiempo completo de nuevo profesorado, abusando de la figura del profesor asociado a tiempo parcial (que cobran muchas veces menos del salario mínimo) o alargando la carrera investigadora de muchos jóvenes.

¿Matrículas gratuitas?

La propuesta del PSOE de gratuidad de primera matrícula de curso universitario, puesta en práctica por Andalucía como política de devolución de las tasas siempre que se apruebe el curso, es una reivindicación histórica estudiantil, que empecé a oír cuando inicié historia en el curso 1978-79, aunque, por aquel entonces, los precios eran irrisorios.

Recuerdo una conversación con un profesor  en la época de las movilizaciones por el proyecto de  Ley de Autonomía Universitaria en 1981 en el que decía que se necesitaban más recursos para promover la calidad y que la igualdad de oportunidades se podía conseguir con más becas. Más recientemente, en un coloquio de ASU, oí al rector de la Complutense señalar que las becas muchas veces no aseguraban la igualdad de oportunidades y que en la selección de los becarios existían muchas irregularidades.

Las tasas actuales de primera matrícula de Grado oscilan entre los 700 euros de Andalucía a los 1.500 de la Complutense, debido, entre otras cosas, a la falta de financiación suficiente por parte de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. Las tasas se disparan en los Máster, que hoy por hoy son enseñanza básica, al sustituir al segundo ciclo de la antigua Licenciatura.

La única universidad pública que depende directamente del Ministerio de Educación es la UNED. Con unos 250 mil estudiantes matriculados, la Universidad a Distancia depende en dos tercios de su presupuesto de las tasas (reducidas comparativamente). Sí considerásemos que la matrícula de la UNED fuese gratuita, esto implicaría que el Ministerio tendría que incrementar su presupuesto en 200 millones de euros anuales.

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2018 asciende a 194,4 millones de euros, lo que representa una disminución del 5,3% respecto del presupuesto inicial del ejercicio 2017, debido, sobre todo, a la falta de aprobación de los presupuestos del Estado. En apenas un quinquenio se ha perdido un tercio de la plantilla, lo que ha permitido sostener el presupuesto a falta de un suficiente gasto público.

El incremento del gasto en Educación y Ciencia me parece excelente, aunque cabe recordar que solamente se podrá realizar con cambios en las prioridades del gasto y/o con un aumento de la recaudación fiscal, bien por una mayor eficacia recaudatoria bien mediante una mayor presión fiscal directa. Para alcanzar niveles europeos de gasto en Educación y Ciencia, además, habría que dedicar unos recursos que en investigación supondrían el doble de lo actual. Periódicamente, se escuchan lamentos y críticas por la baja presencia de las universidades españolas en los rankings universitarios, pero nunca se destaca el escaso esfuerzo presupuestario de la Administración y de las donaciones privadas.

Sin embargo, las bases de la universidad actual fueron establecidas por la LRU de 1983, tras unos años de fuerte confrontación en los que no se alcanzó el consenso para aprobar el proyecto de autonomía universitaria del ministro socialdemócrata de UCD, Luis González Seara.

Ahora, que han transcurrido 35 años desde esa ley marco universitaria y, cuando hay propuestas como la gratuidad de la primera matrícula, habría que iniciar un debate sobre la financiación y otros aspectos del funcionamiento de la universidad.