La recuperación económica y la universidad española. Oportunidades y desafíos.

En la última edición del Informe CYD sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo (Informe CYD 2016) se pone de relieve la inflexión que se está produciendo en algunos indicadores relacionados con la actividad universitaria, fruto del inicio de la recuperación económica, y tras varios años de intensa crisis.

En primer lugar, hay que destacar la mejora del mercado de trabajo español para los titulados en Educación Superior, con un mejor comportamiento en el periodo 2013-2016 que el de la Unión Europea. Así, en 2016 la tasa de paro de los graduados superiores españoles era apenas seis puntos mayor que la del conjunto de dichos graduados en la UE (10,9% frente a 4,7%), cuando en 2013 esta diferencia era de nueve puntos (14,9% frente a 5,9%). De igual manera se constata que el personal docente e investigador de las universidades españolas registró un crecimiento en el curso 2015-2016 del 2,4% respecto al anterior, consolidándose así la inflexión que se observara en 2014-2015, con un leve ascenso del 0,3%, y que rompía la tendencia al descenso que se venía experimentando desde el inicio de década. En dicho curso y en el mismo período de tiempo, se observó, por otro lado, el primer crecimiento positivo del PDI de las universidades públicas (1,6%). Además, por primera vez en el último lustro, el personal de administración y servicios  experimentó en 2015-2016 una variación anual positiva, del 1%.

En el curso 2014-2015 se observó el primer crecimiento positivo del PDI de las universidades públicas (1,6%). 

También los indicadores de transferencia muestran una inflexión en el año 2015. Un primer aspecto a destacar es el aumento del 2,7% del gasto en I+D ejecutado por la enseñanza superior tras la disminución continua que se venía observando desde 2010. También, en cuanto al volumen de captación de recursos fruto de la colaboración entre universidades y empresas, se observa una ligera recuperación de los ingresos anuales, del 5,2% respecto al 2014, la primera variación positiva desde 2008. Otro aspecto positivo al cual no es ajena la universidad española es relativo al hecho de que durante los tres primeros años (2014-2016) del programa de la Unión Europea “Horizonte 2020”, actualmente el principal instrumento de financiación de actividades de I+D+i de Europa, España ha sido el cuarto país con más volumen captado, 1.933,3 millones de euros, equivalente a prácticamente un 10% del total de las subvenciones otorgadas en estas tres primeras ediciones. Finalmente, se puede destacar que en el año 2015, por primera vez desde 2009, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas mostraron una variación anual positiva, en el entorno del 3% tanto para los ingresos como para los gastos totales.

Durante los tres primeros años (2014-2016) del programa de la Unión Europea “Horizonte 2020”, España ha sido el cuarto país con más volumen captado, 1.933,3 millones de euros.

Esta inflexión se traduce en una percepción más positiva por parte de los expertos consultados en el Barómetro CYD, encuesta que anualmente realiza la Fundación CYD en relación a la evolución de las tendencias más significativas de la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social. En la edición correspondiente a 2016, el nivel promedio de mejora detectada en el conjunto de dichas tendencias ha sido el más elevado desde el barómetro de 2011.

Por otro lado, si se analiza la posición de las universidades españolas en el conjunto de las universidades mundiales y, en particular, de las de la UE, con la información que proporciona el U-Multirank, se observa que el sistema universitario español tiene que mejorar en múltiples facetas. Así, si bien es verdad que se sitúa en una relativamente buena posición en los indicadores de contribución regional, en la tasa de graduación de máster y en tres indicadores de transferencia (fondos privados, solicitud de patentes con empresas privadas e ingresos de formación continua), también es cierto que, por el contrario, el sistema universitario español está relativamente atrasado en todos los indicadores de investigación, en otros tres de transferencia (publicaciones con empresas, spin-offs y publicaciones citadas en patentes), en todos los de orientación internacional con la excepción del relativo a la movilidad de estudiantes, y en el indicador de la tasa de graduación de grado.

Para aprovechar el momento de inflexión y las oportunidades que ya se empiezan a vislumbrar como consecuencia de la recuperación económica y poder mejorar así el posicionamiento del sistema universitario español en el contexto internacional es prioritario, en primer lugar, aumentar los recursos puestos a disposición de las universidades.

En este sentido, hay que indicar que en comparación con el promedio de la OCDE, el gasto en Educación Superior por estudiante en España, en 2013, era un 20% inferior (12.604 frente a 15.722 dólares) y el gasto en educación superior respecto al PIB un 18% más reducido (1,28% frente a 1,56%). Del mismo modo, el gasto público en Educación Superior como porcentaje del gasto público total era del 2,14%, un punto porcentual por debajo del promedio OCDE y muy alejado de los países líderes, en el entorno del 5%. Y aunque, con datos más recientes, de 2015, se observa ya un incremento de los ingresos y gastos liquidados en las universidades públicas presenciales españolas, como se comentó más arriba, el volumen de dichos ingresos en 2015 era todavía algo más de un 15% inferior al montante de 2009, mientras que los gastos eran aproximadamente un 12% menores. Si nos referimos específicamente al capítulo de transferencias corrientes que reciben las universidades públicas, que lo son básicamente de las Comunidades Autónomas, el volumen de las liquidadas en el año 2015 es cerca de un 20% inferior al recibido en el año 2009.

En segundo lugar también es prioritario avanzar hacia un nuevo marco legal que permita al sistema universitario español competir, a nivel nacional e internacional, en mejores condiciones y con los instrumentos más adecuados. Para llevar a cabo este proceso de reforma no se parte de cero.  Son muchos los trabajos que se han realizado con este objetivo: desde el Informe Bricall en el año 2000, hasta los más recientes encabezados por el profesor Daniel Peña en 2010, el profesor Rolf Tarrach en 2011 y la profesora María Teresa Miras-Portugal en 2013. Además, en un reciente trabajo impulsado por la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades españolas, la Cámara de Comercio de España y la propia Fundación Conocimiento y Desarrollo, se ha analizado la reforma de la gobernanza universitaria en Europa (descargar aquí) y, en particular, las llevadas a cabo por Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, lo que, sin duda, constituye también una referencia para la reforma del sistema universitario español.

Estos estudios ponen el énfasis en dotar a la universidad de más autonomía y una mayor flexibilidad y capacidad ejecutiva. Más en concreto, los aspectos básicos a los que debería atender este proceso de cambio del entorno legal serían:

1. Establecer unos marcos de financiación de las universidades estables y predecibles en el tiempo y que sean capaces de conjugar la financiación básica con la de la excelencia;
2. Desarrollar una política de recursos humanos que permita a las universidades definir la carrera académica de los docentes y establecer sus condiciones laborales;
3. Desarrollar, a través de las agencias de calidad, mecanismos de acreditación y rendición de cuentas potentes que se centren más en las universidades en conjunto que en los programas;
4. Reforzar el carácter ejecutivo de los órganos de gobierno unipersonales, establecer procedimientos de elección que garanticen la idoneidad de los responsables universitarios e implantar mecanismos que permitan un mayor alineamiento de las diferentes unidades académicas con las opciones estratégicas definidas para la universidad en su conjunto.

Es necesario entonces iniciar, más pronto que tarde, este debate dado que las reformas requieren tiempo. La mejoría de la situación económica y las mismas aspiraciones de las universidades que se manifiestan de manera cada vez más explícita  en la línea de las reformas que han llevada a cabo los países europeos, junto  con las demandas de los agentes sociales, deberían justificar que dicho debate entrase en la agenda política de nuestro país.