Las universidades latinoamericanas en el siglo XXI: globalización y calidad

Las universidades en América Latina están inmersas en los procesos globalizadores y, en particular, en las distintas formas que ha asumido la llamada internacionalización de los servicios educativos. Preocupan, por razones diversas, la venta de franquicias, la instalación de campus o sucursales en países distintos al de su origen y la venta de paquetes educativos de dudosa calidad. Dichas preocupaciones se acrecientan cuando, a pesar que los gobiernos de la región reconocen que la educación superior y la inversión en ciencia y tecnología son fundamentales para aspirar a obtener mejores niveles de desarrollo, las políticas predominantes apuntan a limitar el financiamiento de las universidades públicas, que son las que atienden a la mayoría de la población estudiantil, realizan la mayor parte de la investigación científica y abarcan el mayor número de áreas del conocimiento.

Claramente, en el contexto latinoamericano aparecen fenómenos paradójicos en el ámbito de la educación superior, entre los que se incluye, por supuesto, la revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que han impactado al mercado laboral con una demanda mayor de mano de obra formada en el nivel terciario, es decir, con estudios superiores. No obstante, la tasa bruta de escolarización en este nivel para América Latina sigue siendo baja en comparación con los países más avanzados.

A pesar de la importancia de la educación superior pública en su cobertura poblacional, en la generación de conocimientos y en los procesos de investigación e innovación tecnológica, en algunos países se ha promovido y apoyado más el desarrollo de instituciones de carácter privado que, en promedio, sólo atienden a un tercio de la matrícula. El supuesto ha sido que se ajustan más fácilmente a la dinámica del mercado de trabajo.

En los últimos 20 años, la media de educación de la población adulta de 25 años o más en América Latina aumentó sensiblemente menos que la de los trabajadores de Asia Oriental, por ejemplo. El gasto público en educación superior en América Latina como porcentaje del promedio del PIB regional es también menor que el observado en aquella región.

En ese marco, el proceso de la internacionalización de la educación superior tiene que ser estudiado con detenimiento para evaluar los riesgos e identificar las oportunidades asociadas, establecer políticas y estrategias de acuerdo con dicha evaluación, y fortalecer los sistemas educativos nacionales.

La movilidad universitaria, sustentada en el traslado de estudiantes a realizar estudios en países avanzados, es una tradición que se mantiene vigente, y es válida, pero también representa un importante negocio en el mercado de los servicios educativos, al grado que se han desarrollado estrategias específicas para atraer estudiantes extranjeros a sus instituciones de educación superior. Tal es el caso de Australia, que ha triplicado en los últimos 10 años el número de estudiantes extranjeros en sus universidades, y Nueva Zelanda, aunque en menor medida.

Los países más favorecidos en la recepción de estudiantes extranjeros son los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los cuales reciben 85 de los estudiantes foráneos en el mundo. Más de la mitad de todos los estudiantes en los países de la OCDE provienen de países que no son miembros.

Otro fenómeno que prevalece en nuestra región se refiere a la llamada «fuga de cerebros» o «circulación de talentos» como también se le conoce, que consiste en que muchos estudiantes que salen al extranjero no regresan a su país, provocando una transferencia de recursos hacia los países avanzados y retrasando la formación de una masa crítica de investigadores y científicos en los países de origen. Este fenómeno es grave, al grado que se han implementado algunos programas gubernamentales de repatriación, aunque con grados variables de éxito.

La movilidad de estudiantes y la magnitud económica de este mercado ha hecho surgir otro fenómeno ligado a la internacionalización de la educación que, por un lado representa una oportunidad de ampliar la cobertura educativa y, por el otro, una competencia desigual para las universidades que consideran a la educación un medio para la formación personal y el desarrollo integral, y no una mera acreditación laboral.

Este fenómeno, conocido como mercado educativo transfronterizo, incluye actividades que son parte de programas comunes o articulados entre instituciones de dos o más países, así como proyectos emanados de los acuerdos y tratados comerciales internacionales. Algunos especialistas en educación consideran que este fenómeno (crossborder education) tiene con frecuencia, propósitos de lucro más que académicos, y una visión predominantemente mercantilista de la educación.

Es probable que la aparición de nuevos «proveedores» o «inversionistas» en esta área seguirá creciendo, sobre todo si tomamos en cuenta la dinámica de crecimiento poblacional y económico en América Latina.

Sin duda, el mercado latinoamericano de servicios educativos resulta atractivo y las presiones por expandirlo serán crecientes, a juzgar por las tendencias que se observan en otras latitudes.

La internacionalización de los servicios educativos es, en buena medida, resultado de la globalización, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, del crecimiento de la sociedad del conocimiento, del predominio de la economía de mercado y de la apertura comercial. Simultáneamente, los flujos de comercio en servicios educativos que operan sin regulación, sin supervisión y sin mecanismos de acreditación de su calidad, siguen creciendo.

Es responsabilidad de las instituciones educativas nacionales, pero sobre todo del Estado, garantizar la calidad de los programas que ofrecen las instituciones extranjeras y regularlas. Esto es de vital importancia para los estudiantes, para los empleadores, para la comunidad académica y para la sociedad en general. Salvo excepciones, los gobiernos latinoamericanos no han puesto la atención suficiente en el tema, ni han establecido los mecanismos necesarios para monitorear con rigor el fenómeno. Es natural, entonces, la preocupación de las universidades de la región así como de diversos grupos y sectores sociales. La apertura no regulada de estos servicios propiciará, además, el incremento en las desigualdades y la exclusión social, así como el abandono de los principios éticos educativos y de los valores culturales propios de cada región.

Hay que reconocer que la globalización y la internacionalización de la educación son hechos que están instalados en la dinámica de un mundo cada vez más interdependiente. Pero hay que recordar también que la liberalización del comercio no ha propiciado en América Latina, a diferencia de otras regiones, un desarrollo económico justo, menos desigual.  Por el contrario, se ha incrementado la inequitativa distribución de la riqueza, y el acceso a bienes económicos y culturales es cada vez más limitado en grandes sectores de la población.

A diferencia de los países asiáticos, los países latinoamericanos han tenido menos recursos y carecido de planes estratégicos de educación, ciencia y tecnología de largo aliento, y la inversión privada en investigación y desarrollo sigue siendo muy baja.

Las universidades públicas latinoamericanas han buscado y encontrado nuevas formas y mecanismos de cooperación y de internacionalización que no están regidos por el afán de lucro. Un ejemplo de ello fue, en su momento, la conformación de redes basadas en el principio de la solidaridad, a través de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, concebida para establecer mecanismos específicos de cooperación, para multiplicar recursos y potencialidades, y facilitar el fortalecimiento y la ampliación de su propia capacidad de producción y transferencia de conocimientos en el ámbito regional.  En ese contexto  se promovió  un  programa de movilidad universitaria para la formación de recursos humanos de alto nivel, sin menoscabo de las múltiples interacciones entre estudiantes y académicos con instituciones de países más desarrollados, como tradicionalmente había ocurrido y ocurre.

El avance acelerado de las tecnologías de la información y de la comunicación hace posible que la internacionalización se lleve a cabo en tiempo real.  La infraestructura necesaria es cada vez más accesible.

Las nuevas modalidades en la enseñanza y el aprendizaje que ofrecen estas tecnologías permiten superar muchas limitaciones del pasado, tales como ampliar el acceso a los servicios e incrementar las oportunidades educativas. Sin embargo, es necesario insistir en que las innovaciones tecnológicas no pueden sustituir al proceso educativo universitario como parte de una interacción entre seres humanos, en donde la trasmisión de valores culturales y éticos resulta fundamental para consolidar una vida social sana, con respeto a los derechos humanos, ajena al pensamiento único, a los fundamentalismos y dogmatismos que son una amenaza permanente para la paz y la convivencia civilizada.

La educación es un proceso destinado a desarrollar las capacidades potencialidades del ser humano, de la comprensión de su entorno, de su cultura y de su sociedad; además de proporcionar herramientas para una vida digna y productiva. El reto radica, pues, en convertir la herramienta tecnológica en mecanismo de integración social, para que profesores y estudiantes, al conformar comunidades de aprendizaje, se beneficien de la suma de recursos, que éstos se hagan cada vez más accesibles y que la generación de conocimientos, lejos de beneficiar sólo a unos cuantos, sea un verdadero instrumento de equidad y de movilidad social.