La Universidad sin ley (primera parte)

“No es hora lamentar, sino de poner remedio.…Este paciente no tiene nada serio, tan solo sufre letargo, la enfermedad de todos los desengañados. Ha olvidado quién es por un momento. En cuanto me reconozca recobrará enseguida la cordura. Para que pueda hacerlo, voy a enjugar un poco sus ojos cegados por el velo de las cosas terrenales”
Boecio, Consuelo de la Filosofía, año 524

“El afán de saber constituye no sólo el rasgo distintivo de nuestra especie, sino lo que dota de valor y sentido a nuestra existencia particular”.
Santiago Beruete, Aprendívoros. El cultivo de la curiosidad, año 2021

 

Una nueva revisión del marco normativo

Parece justificado que la creación de un ministerio con un ámbito material muy acotado, en el que además la Administración del Estado carece de competencias ejecutivas, conduzca de manera irremediable a la revisión del marco normativo existente, y, en último término, a la elaboración de un proyecto de ley que pretenda regular con carácter general la materia objeto de su actividad.

Puede decirse que la razón de ser de un ministerio exclusivo de universidades es plantear un debate social sobre la función de la Universidad en el futuro de la sociedad española y reflejar el resultado en un marco normativo que impulse el derecho a la Universidad en las próximas décadas.

Corresponde analizar en esta entrada el proceso que se ha iniciado desde el Ministerio de Universidades sobre una nueva Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), así como el procedimiento elegido para su elaboración y la ambición de la propuesta en relación con los problemas que afectan al futuro del sistema universitario español.

Con la educación «hemos topado»

La educación en España es un espacio dominado por el enfrentamiento partidista. La falta de rigor, cuando no abiertamente la manipulación, condiciona tanto los temas de la agenda, como la competencia de los actores y la coherencia de los protocolos de un debate que tiende a mostrarse más proclive a planteamientos tácticos vinculados al marketing electoral, que a la identificación y defensa del interés general.

En esta situación, impulsar la transformación del sistema educativo, en cualquiera de sus etapas, sólo parece posible a través de procesos de “abajo a arriba”; iniciativas que con una alta legitimidad construyan y articulen una demanda social con capacidad para superar las restricciones existentes.

La educación es una responsabilidad de toda la sociedad.

En este sentido, con demasiada frecuencia, los gobernantes han declinado sus obligaciones como educadores en el propio ámbito de la educación, propiciando la polarización y, en último término, limitando la función social de la educación.

Los pactos educativos 

Entre diciembre del 2016 y marzo del 2018 vivimos la última escenificación de un “Gran pacto social y político por la educación”. Un acuerdo que estaría llamado a ser recogido en una “Ley Básica de Educación”, artífice de un marco compartido y sostenible acorde con las necesidades del sistema educativo español.

La metodología escogida para la elaboración de la propuesta, a diferencia de la negociación del pacto educativo de 2010 y 2011, que se realizó directamente entre los responsables políticos de los dos principales partidos, se inició dando la palabra, en sede parlamentaria, a los expertos previamente elegidos por los partidos políticos. Estos deberían identificar las preguntas clave para el futuro educativo y realizar propuestas sobre las que establecer una negociación política.

Así, el 17 de febrero del 2017 intervenía, en la subcomisión creada a estos efectos en el Congreso de los Diputados, el Exministro de Educación Ángel Gabilondo, y el 27 de junio del mismo año Tibor Navracsics, Comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, que daba por finalizada la ronda de conferencias. En paralelo la  Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ponía en funcionamiento la ponencia de estudio para el Pacto Social y Político por la Educación, por la que pasaron todos los responsables de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo.

El periodo de «paz educativa» (febrero 2017 a marzo 2018)

Pese a que no se elaboró un documento oficial que sistematizara las cerca de cien intervenciones que se realizaron en las Cortes Generales, la lectura de los diarios de sesiones nos aboca a pensar que las restricciones a las que se enfrenta cualquier reforma del sistema educativo español está más fundamentada en razones de oportunidad partidista que en razones estrictamente ideológicas. Destaca en este proceso, la negativa a participar de algunas personalidades, como José Antonio Marina, quien justificó su decisión esgrimiendo el argumento que el sistema de trabajo de la Subcomisión era «ineficiente» y que, «conociendo la historia estaba seguro de que el Pacto se bloquearía». El siete de noviembre de 2017, comenzaron las reuniones a puerta cerrada de la Subcomisión. El 6 de marzo el PSOE decide abandonarla.

Estos quince meses de “paz educativa” fueron de gran utilidad, no tanto para los objetivos planteados inicialmente de alcanzar un gran pacto educativo, como para facilitar al sistema educativo la salida de una situación de bloqueo institucional que parecía irresoluble, al llevarse a cabo en este periodo la normal implantación y desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y acordar entre las fuerzas políticas la elusión de algunos aspectos de la ley, que dadas las carencias técnicas del texto, eran de difícil o imposible aplicación.

Hacia un debate sobre la Universidad

El camino hacia la LOSU

El 21 de febrero del 2020, el Gobierno de España presentaba en sede parlamentaria el proyecto de un “Pacto por la Universidad”. Se alcanzaría, según declaró el Ministro de Universidades, Manuel Castells, como consecuencia de un proceso de participación que implicaría a todos los actores políticos y sociales, en lo que calificó que serían unos “Estados generales de la Universidad española”. El objetivo de este proceso sería conseguir un acuerdo de principios que permitiera la aprobación de una nueva ley de universidades. Un año después, el ministro anunciaba en la Comisión de Universidades e Investigación del Congreso de los Diputados que la nueva ley se denominaría “Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)”, y que el proceso proseguía con una consulta a los principales actores, denominada “La Universidad que queremos”.

Requisito 1: el marco organizativo y funcional 

La urgencia de revisar el marco organizativo y funcional de la universidad es un sentir compartido por las fuerzas políticas y por las universidades, como lo es la enorme dificultad que arrastra el propósito. A nadie se le escapan los riesgos políticos que lleva consigo la movilización del mundo universitario, más ante el deterioro del sistema experimentado en la última década, el marco político nacional y las limitaciones para gestionar una agenda de gran complejidad técnica y social.

Ya en el año 2011, el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció como una prioridad, en la presentación en el Parlamento del programa de Gobierno, la elaboración de una nueva Ley de Universidades, siguiendo el programa del Partido Popular; objetivo que no fue posible alcanzar pese a la mayoría absoluta de la que disponía en las dos Cámaras el partido en el Gobierno.

Recientemente, Luz Seijo, Secretaria del Área de Política Social, Educación y Universidades del PSOE, en un artículo publicado en El País,  insistía en la misma necesidad; si bien, añadía una matización relevante al hacer hincapié en “una ley que defina la Universidad a partir de las funciones que desempeña”. Por otro lado, la CRUE incorporaba como primer punto de la Agenda política CRUE universidades españolas, aprobada en Asamblea General 2 de febrero de 2018, la necesidad de concertar (concreción de) un “Pacto de Estado por la Universidad”, que debería concretarse en el “impulso a una nueva Ley de universidades”. Las demás fuerzas políticas representativas se han manifestado en términos semejantes en sus respectivos programas electorales.

Requisito 2: el diálogo con la sociedad 

Sin duda, el sistema universitario español necesita la apertura de un diálogo honesto del que se sea partícipe, más allá de la comunidad universitaria y sus stakeholders, el conjunto de la sociedad.

La ambición de este proceso debe ser construir un relato entre la universidad y la España del siglo XXI.

Ello pasa por dar forma a un pacto para construir una Universidad de la sociedad y para la sociedad, con la mediación de las fuerzas políticas, desde la autonomía que la define. La Universidad como institución global necesita adaptar su razón de ser y orientar su actividad a las demandas cambiantes de una sociedad cuyo bienestar depende cada día más de sus aportaciones.

En este entorno, la universidad española debe hacer su propia reflexión, adaptada a sus peculiaridades, y establecer un nuevo marco general a través de una ley, con carácter orgánico, lo que implica obtener un amplio acuerdo parlamentario de ámbito estatal.

Requisito 3: reorientar el debate 

Las leyes del 2000 y del 2007 apenas modificaron aspectos esenciales, ni cambiaron la visión organicista con la reguló el sistema la ley Maravall;  merecen reconocimiento sus aportaciones a la democratización en el acceso a la educación superior, a la consolidación democrática, o a la institucionalización de la investigación; pero también sus limitaciones para evitar la patrimonialización de la autonomía universitaria o las barreras que limitan la atracción de talento internacional y para acabar con prácticas paternalistas y clientelares propias de la universidad franquista.

El mantenimiento del debate sobre la universidad, en los términos en los que se ha venido produciendo en los últimos cuarenta años, anclado en las consecuencias de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, sólo puede conducirnos a la melancolía y al insalubre deterioro de la percepción social de la universidad. Insalubre porque nunca como ahora la prosperidad y el bienestar de la sociedad han dependido del papel que asignemos a las instituciones del conocimiento y, de manera muy especial, a las universidades públicas como garantes de un aprendizaje abierto y equitativo.

Recuperar el liderazgo

No podemos ignorar que la pérdida de relevancia de las universidades públicas, y a medio plazo, de su legitimidad, pone en cuestión elementos esenciales sobre los que se asienta el Estado social y democrático de derecho. La legitimidad de la que goza la Universidad pública es un activo de transformación social, gobierne quien gobierne.

Sería imperdonable dilapidar en luchas partidistas la legitimidad de la que goza la Universidad pública.

Un diálogo abierto sobre la función y la organización de la Universidad obligaría a hacer evidentes los distintos valores que defienden los partidos, al igual que permitiría dar forma a los sentires de la diversidad de colectivos sociales implicados. El debate no puede posponerse por cuestiones tácticas. Es ahora cuando estamos hablando de transformación de la universidad, de inversiones multimillonarias para los próximos años y de la sociedad que queremos legar a nuestros hijos; es ahora cuando están reaccionando los sistemas universitarios de los países de nuestro entorno. Eludir los conflictos, o posponer el debate, nos conduce a escenarios ya transitados, dominados por las restricciones y las justificaciones, que conducen a una Universidad sin pulso.

Veremos, en la segunda parte de  este análisis, el futuro y la declaración de intenciones que encierra el documento la “Estrategia programática del Ministerio de Universidades”, de enero del 2021.