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Los tópicos universitarios

Leo con interés la serie de artículos de la Radiografía del Personal Docente e Investigador de la Universidad Pública Española del doctor Fernando Tejerina, y sólo echo en falta dos cosas: la valoración social de este personal y la cuestión de los sexenios.

Para quien está fuera de la Universidad, ser profesor de universidad está revestido (aún) de un halo de elitismo e intelectualidad (Zamora, 2015). Se piensa que los docentes damos clases a un grupo selecto de alumnado, nos metemos en nuestro despacho y allí pasamos plácidamente las horas. Son algunos de los muchos tópicos que todavía rodean a esta profesión. Bilbeny (2017), en un artículo de opinión, señalaba al menos cinco de estas ideas preconcebidas: (I) la “endogamia” que se da dentro de la universidad, (II) el “funcionariado” o que todos los que trabajamos aquí tenemos un puesto fijo de por vida, (III) el “gasto” que supone mantener la universidad pública, (IV) la “ineficiencia” de mucho de lo que se produce, y (V) la “gobernanza” o dependencia política.

El problema de estos mensajes es que llegan a convertirse en verdaderos prejuicios. Prejuicios entendidos como una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea, dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro del mismo (Ungaretti, 2016). Todo ello pone en peligro a las propias universidades pudiendo afectar, entre otras cosas, el aspecto económico, ya que puede ocurrir que la opinión pública acabe por no ver necesaria ni prioritaria la inversión en el ámbito universitario, ni siquiera para mejora de la docencia ni de la investigación. Conviene recordar que según un informe del Banco de España, de 2017, la inversión pública se situó en el porcentaje más bajo de los últimos 50 años. Esta ratio es la menor de toda la UE, solo por encima de la de Portugal y al mismo nivel que Irlanda. Además, la inversión en infraestructuras educativas se ha desplomado un 55% y presenta unos niveles todavía un 12% inferiores a los de principios de siglo (Maqueda, 2018).

Si enlazamos esto con los tópicos de los que venimos hablando, el ciudadano podría pensar, además, que esta inversión en universidades se dedica casi íntegramente a pagar los sueldos del profesorado. Según datos de un estudio de CIS (2013), si analizamos qué piensa y qué declara la sociedad española sobre la profesión docente, vemos que un 73% de la población percibe y declara que los docentes están bien pagados, un 23% mucho y un 40% bastante (Zamora, 2015). Algo que cualquiera que esté leyendo esto desmentirá con casi total seguridad, y en especial las figuras de profesores asociados y ayudantes doctores a los que el salario, a veces, ni les llega para ser “mileuristas”.

A pesar de estos datos, todavía se nos dice: «¡ah, pero bueno, estáis cómodos/as, y es un trabajo para toda la vida!”… En este punto es cuando quizá sea conveniente hablarles de las evaluaciones o, mejor dicho, de la dureza de las evaluaciones a las que se somete el profesorado-investigador. El diputado Ignacio Urquizu (PSOE) alertó en el Congreso ya en enero de 2017 al entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de lo que consideraba los principales riesgos de los nuevos criterios para los aspirantes a profesores titulares y catedráticos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): “han puesto el listón tan alto, que a partir de ahora va a haber muy pocos profesores titulares o catedráticos”, señaló entonces. “Es decir, que además de haber recortado, han cambiado las formas de acceder a las mejores plazas universitarias a través de la ANECA, para seguir precarizando la universidad”.

Más allá de las declaraciones políticas, quizá resulte más claro si nos fijamos en la norma: uno de los criterios para la titularidad en Ciencias Sociales y Jurídicas, contemplados por esta agencia, es tener “estancias postdoctorales en centros de investigación relevantes en el ámbito de Educación: una estancia única de 6 o más meses, o varias estancias de duración mínima de 4 semanas, que acumuladas sumen 6 o más meses”. Lo que no especifica el criterio es con quien has de dejar a tus hijos/as esos seis meses, claro. Pura conciliación.

Y luego está el tema de los sexenios. Tampoco resulta extraño oír eso de que “cuando llevas seis años, te pagan un sexenio”. Otra mentira contra la que hay que pelearse. Teóricamente, estos sexenios están diseñados para, aplicando criterios estrictos, asegurar la calidad de la investigación. El problema es que además de investigadores somos docentes. Seguimos teniendo clases que impartir, exámenes que corregir, tutorías que atender, y la investigación normalmente queda para momentos “robados”.  Unos momentos que han de ser de gran intensidad intelectual, pues publicar un solo artículo en una revista de calidad (sólo las de mayor prestigio sirven para los sexenios) puede costar, de media, dos años de intenso trabajo de proyecto previo, recogida de datos, escritura, envió a la revista (que conteste la revista) y posteriores revisiones. Si para un sexenio de seis años has de escribir cinco artículos, las cuentas no salen. Resultado: el PDI (Personal Docente Investigador) dedicamos horas de trabajo muchas veces en detrimento de nuestra vida familiar que no son reconocidas ni en términos de remuneración ni de prestigio social. Se podrá decir que también existe la posibilidad de solicitar sexenios de transferencia, para los que cuenta participar activamente en la redes sociales. ¿Cuando dormimos, tal vez?.

Para concluir, creo que debemos tener en cuenta que prejuicios siempre van a existir, y que por tanto lo que debemos hacer es fortalecer los intereses comunes del colectivo al que pertenecemos por encima de nuestros intereses personales. Ello comporta exigir una mayor racionalidad en los procesos de evaluación de forma que podamos dedicarnos con mejor provecho a la actividad que la sociedad nos encomienda como profesores universitarios.

Referencias

Bilbeny, N. Universidad: desmintiendo los tópicos. El Periodico, Barcelona, (17 Junio 2017). https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170617/universidad-desmintiendo-los-topicos-articulo-norbert-bilbeny-6110518

CIS (2013): Estudio 2978. Barómetro de febrero de 2013. http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encues­tas/estudios/ver.jsp?estudio=13664)

Maqueda, A. La inversión pública se sitúa en 2017 en mínimos de 50 años. El País, Madrid (3 Enero 2018). https://elpais.com/economia/2017/12/31/actualidad/1514737934_319548.html

Ungaretti, J;Müller, M; Etchezahar, E. (2016). El estudio psicológico del prejuicio: Aportes del autoritarismo y la dominancia social. Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. 12 (1), 75-86. http://dx.doi.org/10.18004/riics.2016.julio.75-86

Zamora, B; Cabrera, L. (2015). La sociedad y el profesorado. Imágenes y opiniones sociales sobre el profesorado. RASE, 8(1), 86-107. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4993815.pdf

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Comentarios
  1. Loreto dice: 08/02/2019 a las 12:07

    Respecto a: «Seguimos teniendo clases que impartir, exámenes que corregir, tutorías que atender, y la investigación normalmente queda para momentos “robados»»… Lo preocupante es que casi ocurra al revés. Los requisitos de investigación son tales que muchos profesores, para poder cumplir con ellos, dejen la actividad docente (preparación de clases «de calidad», actualización de programas y contenidos, corrección de examenes, etc) para esos momentos «robados», o más bien para fines de semana… ¿No debería ser la principal misión la de formar buenos profesionales?

  2. José Miguel dice: 10/02/2019 a las 11:49

    ¡Excelente artículo! Estoy totalmente de acuerdo. Con frecuencia ser pierde la misión de la Universidad y nos preocupamos de satisfacer una demanda social y nos dejamos llevar, por una visión economicista de la formación universitaria.. La sociedad necesita de la Universidad, pero de otra de la que tenemos.
    Destacaría el siguiente párrafo: «Prejuicios entendidos como una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea, dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro del mismo (Ungaretti, 2016). Todo ello pone en peligro a las propias universidades pudiendo afectar, entre otras cosas, el aspecto económico, ya que puede ocurrir que la opinión pública acabe por no ver necesaria ni prioritaria la inversión en el ámbito universitario, ni siquiera para mejora de la docencia ni de la investigación»

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