¿Qué opina la sociedad española sobre el coste de la educación universitaria?

En la encuesta de Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez para Studia XXI, Opiniones de los españoles sobre sus universidades: algunas perspectivas, los autores midieron la reacción del público ante una información sobre el coste real de la enseñanza universitaria (recordemos, en las universidades públicas) que debe de reflejar bastante bien la realidad.

Esta reacción debería ser una de las bases de la discusión pública sobre el gasto público en universidades, pues apunta al nivel de gasto por alumno que se considera adecuado. Enfrentados los encuestados a un coste hipotético de la financiación pública por alumno de 4.500 euros al año, hubieron de contestar si les parecía una cifra excesiva, adecuada o insuficiente.

Los resultados revelan una opinión muy fragmentada, que se reparte por igual entre las tres opciones: un 28,9% considera esa cantidad excesiva, un 27,2% la ve adecuada y un 28,7% cree que es insuficiente (gráfico 13). Si los administradores públicos se estuvieran proponiendo seguir en sus políticas las preferencias del votante mediano, el que, según ciertas teorías, más condiciona los resultados electorales, estarían cumpliendo claramente su propósito, pues el entrevistado mediano tiende a ver esa cantidad como adecuada.

Por último, sondearon las preferencias generales de los entrevistados acerca de los criterios que deben guiar la financiación pública de la enseñanza universitaria. Los entrevistados tuvieron que elegir entre tres opciones, que reflejaban los tres arreglos básicos mayoritarios que suelen encontrarse al respecto. La primera (gratuidad universal de la enseñanza superior) planteaba “que la universidad pública fuera gratuita (o casi gratuita) para todos los estudiantes, independientemente de su renta familiar”. La segunda (gratuidad solo para quienes no tienen medios) proponía “que los estudiantes paguen unas matrículas ajustadas al coste real de la enseñanza, pero que sea gratuita para quienes no puedan pagarlas”. La tercera (préstamos a bajo interés para quienes no tienen medios) implicaba “que los estudiantes que puedan paguen unas matrículas ajustadas al coste real de la enseñanza, pero que quienes no puedan hacerlo reciban préstamos a muy bajo interés que han de devolver paulatinamente cuando tengan unos ingresos laborales suficientes”. La opción más elegida, pero lejos de ser mayoritaria, es la de la gratuidad universal, marcada por un 36,3%. Las otras dos opciones recibieron porcentajes muy parecidos, del 29,3% (gratuidad para los que no tienen medios) y del 27,5% (préstamos a bajo interés) (gráfico 14).