Presupuestos Generales del Estado 2019 y políticas universitarias: de suficiente (exiguo) a insuficiente
El Gobierno acaba de presentar los Presupuestos Generales del Estado 2019 (PGE 2019) y procede analizar cuál es su contribución al funcionamiento de la universidad española y si su aprobación tendría la capacidad de promover mejoras sustantivas. De entrada, conviene acotar las expectativas, salvo en dos casos: la UNED y la UIMP, el resto de las 46 universidades públicas presenciales dependen en su financiación ordinaria de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la Administración Central gestiona el Programa 323M que recoge el gasto en Becas y ayudas a estudiantes, para garantizar la igualdad de oportunidades en el conjunto de España, y la Política 46: Investigación, desarrollo e innovación.
Becas y ayudas al estudio: suficiente (exiguo)
El acceso a la educación, incluida la universitaria, sin dependencia del nivel de renta de las familias, es un indicador claro de si existe igualdad de oportunidades efectiva en una sociedad y constituye el verdadero motor de su ascensor social.
El Sistema Universitario Español contribuye a la movilidad social en mayor medida que otros grandes países y, por ello, en España es más probable alcanzar estudios superiores, aunque tus padres no dispongan de ellos, que en Francia, Italia, Inglaterra o Estados Unidos. Aunque es cierto que todavía lo hace con intensidad insuficiente y con menor efectividad que los sistemas universitarios de los países del Norte de Europa o en Corea del Sur.
A este logro, contribuye -sin duda- una distribución territorial de nuestros centros universitarios que aproxima la oferta formativa a la residencia familiar de los estudiantes y minimiza sus costes indirectos del estudio (desplazamiento y alojamiento). En España, los jóvenes que desean cursar estudios universitarios tienen una universidad pública de calidad con actividad investigadora a un máximo de 50 kilómetros de su hogar. Esa dispersión, tan denostada por muchos, favorece el desarrollo de los territorios y de sus poblaciones, y no está implantada a costa de la eficiencia, pues, como es fácil comprobar, tenemos un número de universidades por habitante equiparable, o inferior, al de la mayoría de los países más desarrollados.
Sin embargo, no contribuye a la mejora de la equidad y al progreso social nuestro exiguo y excluyente sistema de becas y ayudas al estudio. Por el impacto de la crisis, en el año 2016 teníamos 21.836 becarios más que en el 2012, pero ello no ha supuesto un incremento de los recursos para becas, sino –sorprendentemente- una reducción del 13% de los mismos y, en consecuencia, de un 18% en la cuantía media de las ayudas a cada becario. Menos mal que las universidades están próximas y, además, han aplicado anualmente más de 100 millones de euros de sus propios presupuestos a subsanar la caída del gasto en becas del Ministerio de Educación. Lo que resulta incuestionable es que con estas ayudas la movilidad de muchos estudiantes con familias de rentas medias y bajas es una verdadera quimera.
El proyecto de los PGE 2019 dota al Programa de becas y ayudas a estudiantes, con 1.320 millones de euros. De esta manera, el presupuesto destinado a Becas y ayudas a estudiantes se incrementa un 10,2 % (150 millones de euros más) con respecto al año anterior, alcanzándose la dotación más alta de la reciente serie histórica. No se puede negar que, en las condiciones restrictivas que ha supuesto mantener el 1,3% del PIB de déficit (en lugar del 1,8% pactado con la UE), este incremento revela un claro nivel de prioridad del Gobierno respecto a las políticas de Becas. Pero aunque muestra un progreso respecto a la situación anterior, resulta todavía exiguo y es necesario que se mantenga sostenidamente durante los próximos años para alcanzar un nivel de equidad homologable al de los países desarrollados (0,25% del PIB)
Como ya he señalado, desde el curso académico 2011/12 hasta el 2016/17, la financiación media por becario ha pasado de 3.247€ a 2.648€; lo que supone un decrecimiento del 24.6% (La Universidad Española en Cifras, 2018. CRUE-Universidades Españolas), queda, por tanto, un considerable esfuerzo presupuestario que realizar para permitir que las ayudas medias por estudiante recuperen el nivel de 2011. Garantizar la igualdad de oportunidades, es decir, que las condiciones de renta familiar de los estudiantes no condicione la opción de los mismos por la enseñanza superior, requeriría que la dotación presupuestada en 2019 se duplicará en el medio plazo, amén de cambios profundos en la regulación y gestión de la política de becas. Eso permitiría homologar los programas de becas y ayudas al estudio de España a los del resto de los países de la Eurozona y la OCDE.
Investigación, transferencia de conocimiento e innovación: insuficiente.
Como he venido señalando en otras contribuciones en este mismo Blog, en el ámbito de la investigación y la transferencia, la situación del país es muy preocupante. Según los datos disponibles (INE), por sexto año consecutivo el gasto en I+D del país ha decrecido, y España es el único país desarrollado donde el esfuerzo medido por el gasto en % del PIB ha retrocedido (9,7%) desde 2008 a 2016, mientras que la media de la UE a 22 crecía un 10% y la de la OCDE lo hacía un 3,5%. Seguimos descolgados de la dinámica de los países desarrollados, lo que resulta muy alarmante para nuestro futuro.
A pesar de ello, el esfuerzo de nuestros científicos no afloja, el reciente Global Highly Cited Researchers 2018, sitúa a España como el décimo país del mundo en científicos altamente citados, un hito en el reconocimiento de nuestra calidad científica. Y como sabemos, la participación del país en la producción científica mundial duplica nuestro peso económico. A estos buenos resultados de calidad y de cantidad de nuestra actividad científica contribuyen en más de un 60% las universidades españolas, a pesar de acumular un descenso superior al 20% en la disponibilidad de recursos para investigación entre 2008 y 2016.
Pero sin duda, la principal deficiencia del panorama español sigue siendo la trasferencia de conocimiento y la innovación. La inversión en I+D de nuestras empresas está en un tercio de la media europea, ¡un tercio!, y el número de las que desarrollan actividades de innovación tecnológica esta en continuo descenso, una caída que no ha detenido la recuperación económica.
En esta grave situación, en los presupuestos estatales reside la principal palanca de cambio para impulsar reacciones en los sectores productivos y relanzar la actividad de transferencia e innovación. El proyecto de PGE 2019, establece una previsión de gasto total de 7.413 millones de euros para la Política 46: Investigación, desarrollo e innovación (I+D), lo que supone un incremento del 5% con respecto a lo asignado en el año 2018. Pero no nos engañemos, este valor de 2019 es inferior en un 23% a la dotación presupuestaria dedicada a I+D+i en los PGE 2009 y mantiene estable una reducción del 35% del esfuerzo, en términos del porcentaje del PIB, en la última década que se inició en 2012.
Y para completar un escenario que hace aguas, al igual que en los PGE de anteriores años, las dotaciones presupuestarias de 2019 se siguen nutriendo en un 58,7% de activos financieros, sin modificar, prácticamente, la relación 40/60 de ejercicios anteriores; lo que representa mantener la apuesta por una política de préstamos frente a una política de subvenciones. El descenso continuado del grado de ejecución presupuestaria de la Política 46: Investigación, desarrollo e innovación, de los PGE desde 2010, constituye un factor determinante de la dinámica del gasto de I+D del país, pues a la reducción de las dotaciones presupuestadas, se le ha añadido una reducción sistemática del grado de ejecución presupuestaria que en el último año liquidado (2017) ha caído hasta el 30%. En resumen, en los PGE 2019 no se produce, en consecuencia, el necesario cambio de tendencia que requiere la política presupuestaria del Estado respecto a la financiación de la I+D del país.
No desconozco las dificultades presupuestarias, pero lo cierto es que ya hemos recuperado el valor nominal del PIB previo a las crisis y que el gasto en las políticas públicas en educación e investigación no lo ha hecho. Seguro que no hay recursos suficientes para atender todas las necesidades, pero también es cierto que este comportamiento es una anomalía en las opciones de políticas estratégicas de los países desarrollados. Lo pagaremos con un futuro peor.