‘Research security’: la recomendación europea que interpela a las universidades (II)

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Primeros pasos nacionales: acompañar, no solo exigir

Algunos estados miembros han entendido que esta agenda sólo puede funcionar si se acompaña adecuadamente a las instituciones donde se produce la investigación. Países Bajos ha creado un National Contact Point for Knowledge Security, un servicio gubernamental que asesora directamente a universidades y centros de investigación sobre riesgos y oportunidades en cooperación internacional, con un enfoque explícito de apoyo y equilibrio entre seguridad y apertura.

Austria, por su parte, ha articulado su estrategia desde el ministerio competente mediante redes de puntos de contacto y orientaciones prácticas para ayudar a las instituciones a tomar decisiones informadas.

Recomendaciones estratégicas para políticas de seguridad nacional

Estos enfoques están en plena coherencia con otras partes de la Recomendación del Consejo que no se dirigen directamente a las universidades, sino a los Estados miembros. En particular, se recomienda desarrollar enfoques nacionales claros, crear o reforzar estructuras de apoyo con conocimientos intersectoriales, mejorar la base empírica mediante análisis de amenazas (incluida la ciberseguridad), facilitar el intercambio de información entre el sector investigador y los servicios competentes del Estado, y coordinar políticas entre educación superior, investigación, comercio, asuntos exteriores y seguridad.

Todo ello apunta a que las universidades no deben quedar solas ante esta agenda, sino insertarse, de manera central y protagonista, en un ecosistema nacional de apoyo, orientación, definición de políticas y toma de decisiones.

Desafíos y oportunidades para las universidades españolas

En España, la aparición de la aludida recomendación europea sobre la mejora de la seguridad de la investigación se produce en un contexto de cierta fatiga del sistema universitario público, ya que la acumulación de exigencias normativas, de control y de justificación en los últimos años ha tensionado las capacidades administrativas y de gestión de la investigación de nuestras universidades.

Riesgos de la implementación en España

Este contexto no invalida la agenda de mejora de seguridad de la investigación, pero sí dificulta su implementación. Entre los principales riesgos asociados a dicha implementación destacan los tres siguientes:

1.  Confundir seguridad con cribados indiscriminados, generando autocensura y debilitando los principios de libertad académica y de cooperación internacional, activos esenciales del sistema científico español;
2. Trasladar de facto la responsabilidad al personal investigador en ámbitos complejos, algo incompatible con un sistema público que debe proteger a su personal;
3. Generar una sobrecarga administrativa que incentive respuestas defensivas (“mejor no colaborar”) así como una proliferación desmedida de la burocracia, empobreciendo la investigación.

Claves para una implementación eficiente: formación, financiación y protagonismo de la comunidad universitaria

Para evitar su aparición, debe prestarse especial atención, al menos, a dos aspectos. El primero es que tanto el personal investigador como el personal de gestión y de administración de las universidades deben tener un papel protagonista en la implementación de todas las medidas destinadas a mejorar la seguridad de la investigación universitaria. Invisibilizar a estos colectivos o tratarlos como meros ejecutores sería totalmente contraproducente. Al contrario, su implicación temprana y su formación continua son condiciones necesarias para que dichas medidas sean proporcionadas y operativas.

El segundo de estos aspectos aparece expresamente recogido en la recomendación de la Comisión Europea: estas medidas deben aplicarse evitando toda carga administrativa innecesaria. Esta cláusula no es meramente retórica, sino que viene a reconocer explícitamente que una implementación puramente burocrática no solo generaría rechazo en la comunidad científica, sino que comprometería la eficacia misma de la política.

Este énfasis conecta con una cuestión especialmente sensible en el contexto español: la experiencia acumulada de incorporar nuevas exigencias regulatorias y de control sin una dotación económica estructural equivalente. De hecho, la recomendación europea subraya la necesidad de formación y conocimientos especializados, lo que implica reconocer que la seguridad de la investigación no puede garantizarse sin equipos de investigación y de gestión cualificados, estables y adecuadamente financiados.

Por lo tanto, si la estrategia europea de mejora de la seguridad de la investigación quiere aportar valor a las universidades españolas, no puede construirse sobre la expectativa implícita de que estas absorban nuevas funciones y responsabilidades a coste cero.

Ventajas competitivas: Protección jurídica y tecnologías de uso dual

Por otro lado, sería un error ignorar las oportunidades que se presentan para las universidades españolas en este escenario. Bien diseñadas, la puesta en marcha de un conjunto de medidas destinadas a mejorar la seguridad de la investigación en nuestras universidades ofrecería mayor protección jurídica y reputacional a investigadores, reforzaría la transferencia de conocimiento mediante acuerdos más sólidos y transparentes, y las dotaría de argumentos y estructuras para resistir interferencias externas sin sacrificar su misión académica. De igual manera, las colocaría en una mejor posición de salida para la captación de fondos, especialmente en el ámbito de la investigación en tecnologías de uso dual (civil y militar).

Así, la colaboración internacional, motor de excelencia científica, quedaría protegida en un doble sentido: mediante su promoción y fortalecimiento continuos y mediante la adopción de salvaguardas que eviten su uso indebido o con fines ilegítimos.

 

Encontrar el punto de equilibrio: cómo hacerlo posible en las universidades españolas

La cuestión central no es elegir entre seguridad y apertura, sino encontrar el punto intermedio en el que se maximicen los beneficios y se minimicen los efectos adversos.

Ese punto no se alcanza de una vez ni mediante un diseño inmóvil; requiere tiempo, aprendizaje institucional, evaluación e iteración constante. Para conseguirlo, el personal investigador y el personal de gestión y de administración de las universidades deben participar en un proceso de construcción y diálogo permanente que evite la aparición de “dos bandos” —quien investiga y quien controla— y que permita ajustar las medidas a la realidad de los proyectos y de las personas, sin que ello ralentice la investigación, coarte la libertad académica o introduzca más burocracia de la razonable.

Principios para una gobernanza universitaria responsable

Para ello, hay una serie de principios que deben observarse.

En primer lugar, asumir la implementación de una agenda de mejora de la seguridad de la investigación desde la responsabilidad universitaria y el compromiso institucional.

Como segundo principio, aplicar proporcionalidad real, evitando tratar toda colaboración o proyecto como de alto riesgo por defecto.

En tercer lugar, proteger jurídicamente al personal investigador.

Y, por último, en cuarto lugar, dotar a las universidades del acompañamiento y de los recursos necesarios que permitan la creación de estructuras de formación, apoyo y asesoramiento que permitan gestionar esta agenda con rigor.

 

Conclusión: gobernanza participativa y la universidad como protagonista

Hacia el décimo programa marco: «Dual use by default»

La research security se ha consolidado como una prioridad en Europa. La cuestión decisiva ya no es si formará parte del ecosistema universitario, sino cómo se implementará y con qué modelo de gobernanza, máxime cuando la Comisión Europea ya ha indicado que el décimo programa marco 2028-2034 será “dual use by default”, es decir, abierto por defecto a proyectos de investigación e innovación con aplicaciones tanto civiles como militares, con el objetivo reforzar la seguridad y la competitividad de la UE en un contexto geopolítico complejo.

Las universidades: actores fundamentales para garantizar la seguridad de la investigación

Para que dicha implementación se lleve a cabo con éxito, será imprescindible que se diseñe como un proceso colaborativo entre universidades, gobiernos y organismos de financiación de la investigación, basado en el acompañamiento, la claridad normativa, la inversión en capacidades y el intercambio de información.

Trasladar esta agenda a las universidades como un ejercicio de control vertical o de una mera imposición de gestión de riesgos no solo sería injusto, sino perjudicial: erosionaría la confianza, incentivaría respuestas defensivas y debilitaría el propio objetivo de la política europea.

Enfoque participativo dentro de las universidades

Dentro de las universidades, este enfoque participativo es igualmente imprescindible. Una agenda sobre seguridad de la investigación no puede construirse desde una lógica de “cumplimiento” enfrentada a la investigación, sino desde una alianza a tres bandas entre equipos de gobierno, personal investigador y personal de administración y de gestión.

Reconocer a estos actores como coproductores de la política —y no como destinatarios pasivos de nuevas obligaciones— significa asumir que el conocimiento contextual, la experiencia práctica y la responsabilidad institucional son activos estratégicos para identificar riesgos reales y diseñar respuestas proporcionadas.

Las claves para lograr el equilibrio entre apertura y seguridad

El equilibrio entre apertura y seguridad no es un punto fijo ni una receta importable, sino un espacio dinámico que debe construirse, revisarse y ajustarse con el tiempo, a partir del aprendizaje colectivo y de la confianza mutua, lo cual requerirá inexorablemente de una financiación adecuada. Dotar a la universidad de los recursos necesarios para ello y situar a su comunidad en el centro de ese proceso no es una concesión corporativa, sino una condición necesaria para que la research security cumpla su promesa: proteger la investigación y la transferencia de conocimiento, la libertad académica y la cooperación internacional legítima en un mundo cada vez más complejo, sin ahogar a las instituciones que las hacen posibles y que constituyen su principal garantía.

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