Tengan confianza. ¡Atrévanse!

En el último mes y medio se han presentado dos informes sobre el desempeño de la universidad española: el informe La contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español (SUE), elaborado por el Instituto Valenciano de investigaciones Económicas (IVIE) (18/12/2019) y el  informe anual La Universidad Española en Cifras. Año 2017 y curso académico 2017/18 (UEC) de CRUE Universidades Españolas (5/02/2020).

Entre las conclusiones del primero destacan dos datos: que la rentabilidad de la inversión de la administración en la formación de un universitario es del 14,3%, y que el SUE devuelve a la sociedad 4,3 euros por cada euro recibido de los ingresos fiscales. Junto a ello, este informe valora un impacto macroeconómico diferencial del SUE del 2,1% en el PIB, del 2,6% en el empleo, cuantifica su contribución a la mejora de la inserción laboral, a la reducción de la temporalidad en el empleo, su ayuda a la movilidad social ascendente, a la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social, y, como novedad en este tipo de informes, desvela las importantes aportaciones sociales de los universitarios: mayor participación política y social, más altruismo, mejor contribución a una menor desigualdad de género, mayor conciencia medioambiental, mejores estándares de salud y mayor desarrollo cultural.

La rentabilidad de la inversión de la administración en la formación de un universitario es del 14,3%. El sistema universitario español devuelve a la sociedad 4,3 euros por cada euro recibido de los ingresos fiscales.

7 conclusiones de la Universidad Española en Cifras 2017-2018

En el segundo informe, se han analizado siete cuestiones que están sobre el tapete del desempeño del SUE, público y privado, intentando contrastar opiniones con evidencias. Las conclusiones globales de este nuevo Informe UEC han sido:

1) El SUE no tiene ni un exceso de universidades, ni de universitarios.
2) En España la igualdad de oportunidades en el acceso y la progresión en la enseñanza universitaria no está garantizada.
3) La universidad española tiene una oferta de enseñanzas STEM suficiente y una demanda muy insuficiente, a pesar de los buenos niveles de empleabilidad y renta que logran estos egresados.
4) El rendimiento académico del SUE ha mejorado mucho desde la implantación del EEES y se sitúa entre los mejores de los países desarrollados.

La tasa de abandono de los estudios es similar a la media de la de los sistemas universitarios de la OCDE, aunque debe corregirse su distancia con la óptima.

5) El diferencial de empleabilidad de los egresados universitarios en España es proporcionalmente mejor que la que obtienen en la OCDE o la UE 23, aunque los empleados universitarios españoles no escapan a la precariedad general del mercado laboral español y presenta una proporción de sobrecualificación o subempleo que es 15 puntos porcentuales más elevada que la de la UE 28.
6) La actividad investigadora sigue incrementándose, sin reducir su calidad, aunque los niveles de mayor excelencia dan señales de agotamiento, ante un nivel de gasto en I+D de España que es casi la mitad del de la UE y la OCDE, y que, desde 2009, sufre una reducción de ingresos para la I+D+i en la universidad que sigue en el orden del 22% en 2017.
7) La contribución de la actividad universitaria a la innovación en nuestras empresas es acorde al gasto empresarial en I+D en España, que se sitúa en un nivel preocupantemente bajo, entre la mitad y la cuarta parte del realizado por el sector empresas en los países desarrollados más competitivos.

Balance global

El balance global de los dos informes es que las prestaciones del SUE, son equiparables  a los de cualquier sistema universitario de nuestro entorno, que su rentabilidad económica, fiscal y social está acreditada, que su rendimiento y calidad docente se sitúa en el primer cuartil de los países europeos y de la OCDE (consultar aquí y aquí), que el gasto en I+D del país y más específicamente por el reducido gasto en I+D de nuestras empresas, condiciona de forma negativa su posición en los más relevantes rankings internacionales de investigación (Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS World University Rankings y Times Higher Education World University Rankings (THE), ediciones entre 2003 y 2019) y su contribución a la innovación en las empresas.

Según se desprende de ambos informes, las prestaciones de nuestro sistema universitario son equiparables  a las de cualquiera de nuestro entorno.

Todo lo anterior, no excluye que en la universidad española existan claras disfunciones y áreas de mejora, como un mejor ajuste de la producción de egresados a las demandas del mercado laboral, tanto en especialidades, como en habilidades blandas (soft skills), la necesidad de reducir la tasa de abandono existente hasta sus niveles de eficiencia óptima,  la puesta en actividad de la capacidad de transferencia del conocimiento del profesorado que permanece en reposo, una mayor atracción internacional de estudiantes de grado y máster, etc. Pero, en ningún caso, las áreas de mejora necesaria, empañan los evidentes resultados obtenidos en el desempeño por nuestras universidades y, menos todavía, si lo ponemos en relación con los recursos disponibles y la «hiper-regulación» a la que están sometidas, específicamente, el 84% de las instituciones que son de naturaleza pública.

Sin embargo, en un contexto de reducción de recursos disponibles (-14%, entre 2009 y 2017) y  enormes rigideces para manejar los costes y los propios inputs,  a la vista de los resultados, el gobierno económico del sector público universitario no ha logrado una cosecha menor. Las universidades públicas han sido capaces de disciplinar su gasto a las variaciones negativas de sus ingresos. Este comportamiento ha permitido al sector no incurrir en déficits presupuestarios en ningún año del periodo 2010 a 2017, en los que como se puede comprobar en el gráfico, las liquidaciones de los sucesivos ejercicios presentaron saldo positivo entre los ingresos y los gastos no financieros. Resultados presupuestarios que han permitido la reducción continuada del endeudamiento acumulado.

Gráfico 1 Evolución de la necesidad / capacidad de financiación. Universidades Públicas. Periodo 2010 a 2017.

Fuente: Informe Universidad Española en Cifras, año 2017, curso académico 2017/2018. CRUE-Universidades Españolas 2019. Elaboración propia.

El sistema universitario español no padece enfermedad grave alguna, ni tampoco requiere cirugía de urgencia. 

En conclusión, los resultados de la gestión económico-presupuestaria de las universidades en este periodo muestran una capacidad de gobernanza económica que no se ha producido en otros importantes ámbitos de la gestión pública, ni en el sector de la Administración General del Estado, ni en el de las Comunidades Autónomas, y ello a pesar de que el descenso de los ingresos presupuestarios en ambos sectores de referencia ya había remontado, en 2017, a su nivel nominal previo a la crisis, lo que todavía no ha sucedido en el caso de las universidades públicas.

Por ello, a la luz de los resultados de su misión institucional y de la gestión económica de las instituciones, cabe concluir que el SUE no está aquejado de ninguna enfermedad  grave, que requiera cirugía de urgencia. Puedo compartir que sea conveniente, e incluso muy conveniente, casi siempre lo es, revisar de forma sistemática y objetiva, toda su arquitectura de funcionamiento para  mejorar su rendimiento, pero seamos cuidadosos, cualquier reforma no será – per se – necesariamente benéfica y menos aún si reinciden en fórmulas que ya experimentó la sociedad española con resultados nefastos.

6 propuestas, 6 convicciones

Así que, puestos a iniciar, como parece, en esta nueva legislatura, una reforma general de la legislación universitaria, pongo sobre la mesa, para someter a debate, algunas de mis convicciones sobre financiación y gobierno universitario público:

  • Un sistema de financiación universitaria por resultados bien estructurado puede hacer más por un gobierno eficaz, que un cambio de gobernanza organizativa.
  • Las universidades no son homogéneas, y ello requiere modelos de gobernanza y de gobernanza económica diferenciados.
  • Un sistema de financiación universitaria por resultados puede ser perfectamente compatible con diferentes modelos de gobernanza, impulsando en todos ellos la eficacia y la eficiencia en el desempeño.
  • Si antes de cambiar el sistema de elección del Rector y la configuración del gobierno universitario no se cambia la regulación, no se producirá ningún cambio sustancial en el actual desempeño universitario público.
  • El gobierno de las universidades (como el de los hospitales, los colegios, las empresas de primer nivel, las instituciones…) requiere profesionales expertos muy cualificados. No volvamos a cometer el error de las Cajas de Ahorro. Designaciones “sin requisitos” designados por parlamentos, corporaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, etc. ¡No, gracias!
  • Solo hay un cambio de gobernanza universitaria que servirá para mejorar la excelencia de los resultados: el que incremente la desregulación burocrática impuesta y el que permita alumbrar sistemas de gobierno específicos para cada institución e incorpore verdadero talento a la dirección.

Los resultados evidenciados por las universidades españolas, públicas y privadas, y su capacidad de gestión, les hace acreedoras de la suficiente confianza para dotarlas de mayor autonomía, es decir, menor o ninguna regulación, según en qué ámbitos de su gestión: académica, económica, de recursos humanos y de procedimientos. Si lo hiciéramos, liberando al genio de la lámpara que lo constriñe, igual nos sorprendíamos de su enorme potencial de mejora. ¡Atrévanse!

Nuestras universidades ya son acreedoras de la suficiente confianza como para dotarlas de mayor autonomía.

 
Comentarios
  1. Juan Juliá dice: 13/02/2020 a las 13:59

    Excelente y muy oportuno artículo , acertado y razonado diagnóstico,y especialmente justo y considerado con el trabajo de nuestras universidades, sin renunciar a señalar las áreas de especial mejora que sin duda identifica bien.
    Me ha encantado lo relativo a los cambios en el gobierno universitario , que no es lo más urgente ni importante para mejorar nuestro sistema , pero que habrá que abordar tambien,coincido que siempre es bueno contar con más profesionalidad , por ello la necesidad plantear unos requisitos que garanticen experiencia y conocimiento , pero también compromiso institucional y contar con la confianza de las comunidades universitarios tanto en los miembros internos como externos, y pensar bien que organismos y personas deben proponer a los externos si se quiere garantizar todo ello y una verdadera profesionalidad ,no tengamos de nuevo más casos indeseados de falta de profesionalidad e independencia como en otros ámbitos de triste reciente recuerdo .
    En cuanto a la mejora de las condiciones de contorno en relación con la necesidad de una mayor apuesta por la I+D en especial por el gasto privado que es el que presenta una mayor brecha en comparación con los países más avanzados , me temo que será difícil hasta que no cambiemos nuestra secular tendencia al endémico liliputismo empresarial español como bien señala nuestro admirado Anton Costa
    en un excelente artículo de opinión , como este , publicado junto al último informe GEM de 2019.


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