Algunas recomendaciones para mejorar las universidades (I)

En esta entrada y en su continuación, que se publicará mañana, se resume el contenido del informe realizado para la Fundación CyD (ver aquí) por un grupo de rectores formado por los profesores Jaume Casals, Rector de la Universitat Pompeu Fabra, Vicente Gotor, Rector de la Universidad de Oviedo, Daniel Hernández, Rector de la Universidad de Salamanca, Francisco Mora, Rector de la Universitat Politècnica de València y Daniel Peña, coordinador de la Comisión y ex-Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Este informe tiene dos objetivos principales:

1. Definir los cambios que deberían introducirse en la Ley de Universidades actualmente vigente (LOMLOU, en adelante) para facilitar el desarrollo de las universidades españolas.
2. Proponer medidas que el Ministerio y las CCAA responsables de las universidades deberían emprender a corto plazo para mejorar el sistema universitario.

El informe que aquí se resume adopta un enfoque pragmático, buscando lo posible a corto plazo más que una gran reforma global, difícil de realizar.

Los cambios que se proponen van dirigidos a abrir puertas e introducir flexibilidad e incentivos, pero partiendo de que la diversidad actual de las universidades es una oportunidad para estimular ensayos, experimentaciones y nuevos enfoques que contribuyan a una mejora de todo el sistema universitario. Se proponen también estímulos para facilitar el camino a las universidades que decidan internacionalizarse, buscar la excelencia y situarse en una posición de referencia dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Los cambios en la LOMLOU  que se proponen se refieren solo a tres apartados:

• Se refuerza la autonomía universitaria reestructurando el Claustro y dándole mayores competencias como órgano consultivo de participación de la comunidad universitaria. Se flexibiliza la elección del Rector, permitiendo la introducción de un Patronato que asuma las competencias del Consejo Social, pero eliminando su carácter político, de manera que la mayoría de sus miembros sean personas de prestigio externas a la universidad, elegidas por su trayectoria e independencia y consensuadas con la comunidad universitaria. También se elimina el requisito de que el Rector sea profesor de la propia universidad y se flexibiliza la elección de los decanos.

• Se insiste en la publicidad de las plazas universitarias, que ya se estableció en la LOU, pero no se ha cumplido con carácter general, y se propone la modificación de la forma de acceso de los profesores universitarios funcionarios. Se mantiene la acreditación no presencial para los profesores contratados, apostando por la autonomía universitaria. Sin embargo, para los profesores funcionarios se considera necesario un método de acreditación que contenga pruebas presenciales y asegure la selección de los mejores en un número acorde con las necesidades del sistema. Se amplía la flexibilidad de las universidades sobre las condiciones de trabajo de su profesorado.

• Financiación. Se propone un marco que permita a las universidades saber con qué recursos van a contar para planificar a medio plazo sus actividades. Se propone un sistema de financiación básico y otro basado en resultados evaluables, que debe cubrir al menos el 25% de la financiación total y que será establecido tanto por el Estado como por las CCAA.

En una segunda entrada se resumen las medidas principales que el Ministerio y las CCAA podrían adaptar.