Posibilitar la competitividad para mejorar la calidad (II)
En mi anterior anotación, me ceñía a la descripción del estado de la cuestión. Ahora bien, no podemos quedarnos en el mundo de los diagnósticos (repetidos hasta la extenuación cuando se trata de describir los males de la Universidad española) sino que es necesario analizar las posibilidades reales de cambio. Y enseguida aparecen también las dificultades: la primera, a la que se acude siempre, la falta de recursos; pero también la opción de los legisladores de todos los colores políticos por un sistema de Universidades homogéneo con presencia en el mayor número posible de provincias y una sobre-oferta de titulaciones; la imposición de sistemas de gobierno muy rígidos que dejan poco margen a los equipos directivos; las dificultades para coordinar un cambio de modelo en el plano estatal por las importante competencias que tienen las Comunidades Autónomas; un sistema funcionarial que deja poco margen para la selección del personal, etc.
Creo, sin embargo, que existen posibilidades reales de avanzar hacia una mayor flexibilización que permita, a su vez, una mayor competitividad; y en Europa no faltan modelos de éxito.
Su análisis excede, sin embargo, del propósito de estas breves consideraciones. Pero, aunque puedan parecer poco ambiciosas, permítaseme apuntar dos medidas que creo sinceramente se podrían poner en marcha sin especiales dificultades:
1. La potenciación de las becas de movilidad: es decir, becas que permitan a los estudiantes con buenos expedientes y sin los recursos necesarios elegir la Universidad en la quieren estudiar. Como es sabido, en España tuvimos un modelo de estas becas desde el año 2000 hasta el 2012 que, a pesar de sus limitaciones, supuso un avance considerable: en los últimos cursos suponían en torno a un 3 por ciento de las ayudas, lo que en números globales representaban cerca de 45.000 ayudas, que podían llegar a 6.000 euros al mes. Con la crisis, este tipo de aportaciones se integraron en el sistema general pero con dos importantes limitaciones: la primera, las cuantías, que rondan los 1.500 euros; la segunda, y más relevante a estos efectos, la ayuda de residencia requiere ahora acreditar la necesidad de vivir fuera del domicilio familiar, de forma que no se busca fomentar la libertad de elegir Universidad sino solo ayudar a quien no tiene la carrera que quiere estudiar en su lugar de residencia.
En la medida en que se están recuperando los recursos destinados a becas sería posible volver a potenciar estas ayudas. Y, aunque esta medida puede parecer menor, la existencia de varias decenas de miles de buenos estudiantes con posibilidades reales de elegir aquellas Universidades que ofrecen las mejores titulaciones será sin duda un estímulo para la competitividad que llevará, al menos a algunas Universidades, a mejorar su oferta académica para poder atraerlos.
2. La flexibilización del sistema retributivo del profesorado, de forma que se puedan ofrecer mejoras salariales y materiales a los mejores profesores. Algo que debería ser posible también en el caso del profesorado funcionario, como lo prueba el caso alemán. En los últimos años, los distintos Länder, que son los competentes en la materia, han flexibilizado el sistema de retribución de forma que tanto el salario como el equipamiento de la cátedra (presupuesto para libros o material de investigación, apoyo de secretaría, ayudantes…) pueden ser negociados. Esto permite que una Universidad pueda hacer una oferta atractiva a profesores de otros centros académicos; y permite también al profesor que recibe una oferta el que pueda renegociar sus condiciones laborales con su Universidad si está pretende retenerlo.
Si las Universidades empiezan a poder atraer a los mejores estudiantes y a los mejores profesores, algo habremos avanzado.