Universidad pública española: luces largas
Tras la desconexión vacacional, es tiempo de otear el horizonte y poner las luces largas. El verano siempre trae noticias. El Ranking de Shanghái ha acudido puntual a su cita de agosto y los “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español del curso 2015-2016” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) han visto la luz, aunque en una edición sin los interesantes comentarios técnicos e interpretativos de las anteriores. Bienvenida sea.
La noticia en el Ranking de Sanghái 2016 es que las universidades públicas españolas (todas las que aparecen en esta edición lo son) resisten. Y les aseguro, que en las circunstancias vividas desde que en 2009 arrancó la crisis, resistir no es fácil. Al contrario, resulta casi milagroso.
Ya sabemos que los rankings internacionales, y específicamente el de Shanghái, evalúan esencialmente actividad investigadora: cantidad y calidad de la misma. Eso exige a las universidades disponer de suficientes recursos de forma estable y poder captar a los mejores investigadores e incentivarles (económica y reputacionalmente) por sus resultados. Nuestro país ha reducido su gasto en I+D+i en este periodo un 15% y la financiación de la investigación universitaria cayó en el periodo 2009 a 2014 un 40%. La libertad de selección(captación y separación) y de retribución de investigadores por las universidades públicas, no cabe en nuestro régimen jurídico.
Sin embargo, nuestras universidades han seguido trabajando, con las condiciones en las que operan, y han incrementado su producción científica un 41% desde 2009 hasta 2014, y también la calidad de la misma, al publicar en revistas del primer cuartil el 55% de los artículos científicos en 2014, frente al 47% de 2009.
En el periodo 2009 a 2016, España ha seguido manteniendo 12/13 universidades en el TOP 500 del ranking (el 3% de las mejores universidades, de las casi 20.000 que hay en el mundo), y bastantes de ellas entre las mejores 200 en determinados campos científicos. En ese mismo lapso temporal y ese rango de excelencia, por ejemplo, China ha pasado de incluir 30 a incorporar 54 universidades, y Corea de Sur de incluir 8 a tener 11 universidades. España ha logrado mantener el número de sus universidades entre las mejores 500, cuando no cesa la entrada de nuevas instituciones en esa selección que -lógicamente- expulsan a otras. En todo caso, hay que considerar que Corea tiene un gasto en I+D+i del 4,3 % del PIB, y que lo han incrementado un 37% durante la crisis, China uno del 2,1% y lo han incrementado un 41% durante la crisis, mientras que España lo ha situado en el 1,2% del PIB, reduciéndolo –como ya se ha señalado- un 15% durante la crisis. Por eso hablo de milagro y, si esta dinámica de recursos escasos y regulación asfixiante se mantiene, el milagro no se mantendrá mucho tiempo.
Por otra parte, los datos publicados por el Ministerio aportan bastantes buenas noticias y alguna mala. Destaco una muy buena, la implantación de los grados en España, que en el curso 2013/2014 ya cerró un ciclo completo, ha mejorado notablemente el rendimiento académico de nuestros estudiantes, una de las asignaturas pendientes de la eficiencia de nuestro Sistema Universitario Público. Las enseñanzas de ciclos que tenían un rendimiento docente (créditos aprobados/créditos matriculados) del 71%, en el curso 2009/2010, han sido sustituidas por las enseñanzas de grado que tienen un rendimiento del 87% en el curso 2013/2014. Una mejora sustancial que permite mejorar la tasa de egresados un 18%.
La universidad española ha realizado en el periodo 2009 a 2014, la adaptación de los estudios de ciclo a los de grado disponiendo de 1.059 millones menos de recursos no financieros (-11%), y mejorando, a un tiempo, su rendimiento académico en el campo docente y en el investigador. Es, sin duda, una excelente noticia.
Ante una severa reducción de recursos, lejos de tirar la toalla, la respuesta ha sido una mejora notable de la productividad docente de las instituciones públicas de educación superior.
La muy mala noticia viene del lado de la equidad, el gasto en becas no ha conseguido remontar. De los 1.118 millones de euros dedicados por la Administración General de Estado en el curso 2010/2011 a becas y ayudas al estudio, hemos pasado a 829 millones de euros en el curso 2014/2015. Nada puede justificar este descenso del 26%, en un periodo en el que la pobreza y el desempleo no han dejado de crecer hasta límites insoportables en nuestro país, que tiene el reprobable honor de estar entre los que menos gasta de los países desarrollados (un 40% de la media de los países de la OCDE) en igualar las oportunidades de los estudiantes de educación superior.
Pero el verano trajo otra novedad no menor: junio avanzó los planes del gobierno respecto al gasto en educación en este y para los próximos tres años. La Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España, proyecta la evolución prevista en las diferentes funciones de gasto entre 2016 y 2019. El gráfico 1 muestra la evolución del gasto efectivo en educación, educación superior e I+D, y la tendencia prevista en educación. Como verán, los ajustes no han terminado. Para alcanzar el objetivo de un déficit del 1,6 % del PIB en 2019, el Gobierno considera que es necesario que el gasto educativo retroceda un 6,7% adicional ( 2.919 millones de euros). Es una estrategia que contradice lo que se afirma en todas las campañas electorales (lo que no es novedad) pero, sobre todo, va en contra de lo requiere la nueva competitividad, basada en el conocimiento y la calidad del capital humano, y de lo que están haciendo nuestros competidores directos (y esto si es grave).
Gráfico 1: Evolución del gasto público en educación, en educación superior y en I+D en el periodo 2002-2015 y previsión del gasto en educación en el Programa de Estabilidad 2016-2019. En % del PIB.
Conclusión
El gasto público en educación superior (tampoco en I+D+i) no sólo no va a recuperarse en los próximos cinco años, sino que seguirá su descenso en términos reales. Con esa perspectiva, la universidad pública española tendrá que seguir apretando los codos, y el cinturón, para intentar cerrar la cuadratura del círculo: no empeorar los resultados investigadores y docentes ya obtenidos, y sostener la mejora de su productividad. Pero no podemos equivocarnos. Con ese panorama (incluida la regulación que conlleva), pretender que las mismas alcancen puestos dentro de las 200 mejoras de los rankings internacionales es una quimera, que solo se puede exigir si se desconoce por completo el terreno de juego.
En definitiva, no habrán más recursos públicos ni para educación superior, ni para I+D+i. Pero si no hay dinero público, pueden hacer algo: mejoren la regulación, es decir, redúzcanla drásticamente, confíen en sus universidades, denles verdadera autonomía. Durante la crisis han demostrado mucha más capacidad de gobierno que otras instituciones del país, han sabido afrontar y gestionar las dificultades, y mejorar sus resultados.
Por su parte, las empresas deberían, ahora que recuperan los beneficios, apostar decididamente por la innovación en bienes y servicios, incrementado la captación de capital humano altamente cualificado y la inversión en I+D+i, e incorporando la misma a su estrategia competitiva a medio y largo plazo.
No queda más que seguir remando, ayuden si pueden.