Aclaraciones sobre los vicios y virtudes de la universidad española

En una reciente entrada en el siempre interesante Blog “Nada es gratis” (8/01/2020), el profesor Juan José Dolado, repasa los Vicios privados y (algunas) virtudes públicas de la universidad española (ver aquí).

El autor se pregunta si ha cambiado algo el panorama del sector universitario, a partir de una serie de consideraciones realizadas en el año 2000: infrafinanciación, demasiados universitarios, escasa rendición de cuentas, problemas de gobernanza de las universidades públicas (UPU) e ingente apertura de universidades privadas (UPR) expendedoras de títulos de escasa calidad. No era, desde luego, poca cosa y sí, en nuestra opinión, ha cambiado bastante (aun sin compartir buena parte del diagnóstico que el profesor Dolado realizaba entonces).

La entrada comentada detecta que aunque entre 2000 y 2016 (último dato disponible en EUROSTAT), el gasto público en universidades ha cambiado poco, del 0,86 al 0,90% (del PIB), el gasto privado se ha duplicado pasando del 0,21% al 0,43%. De lo anterior se deriva que, como las universidades públicas atienden a 1,310 millones de estudiantes y las privadas 0,283 millones de estudiantes, haciendo una simple división, “ello se traduce en algo más del doble de gasto por alumno” de las UPR, respecto a las UPU (exactamente la proporción que obtiene sería 2,3/1). Este análisis requiere sin duda alguna aclaración en relación a algunas cifras y afirmaciones derivadas de ellas. Por las siguientes razones:

• El gasto privado que recoge la contabilidad nacional y las estadísticas internacionales de EUROSTAT, no es el gasto “en las universidades privadas”, sino el gasto de las familias, las empresas y las instituciones sin fines de lucro en las instituciones de educación superior: gasto que se puede destinar para adquirir servicios de educación superior o de I+D, tanto en UPU como en UPR. De hecho, en 2017, último dato disponible, en la información oficial “Estadística del gasto público en educación” (MICIU 2019) indica, por ejemplo, que existen 1.714 millones de euros de financiación de origen privado en las UPU, procedentes de matrículas de los estudiantes, ingresos de formación propia, I+D financiada por empresas e ISFL, etc., en total un 0,15% del PIB.
• Además, el gasto privado con destino a las UPR no corresponde solo al pago de matrículas por formación en títulos oficiales, sino que hay un 25% por compra de otros servicios universitarios.
• En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que los estudiantes presenciales requieren muchos más recursos que los no presenciales, son la variable determinante de los costes, y la diferencia de participación de los estudiantes no presenciales por tipo de universidad, del 11% en la UPU y del 35% en las UPR, es muy notable.
• Finalmente, la plantilla de profesorado estable de las UPU e indudablemente de una parte de las UPR, tiene incorporado un coste por capacidad investigadora que no está directamente asociado al desempeño de la docencia, sino al de la I+D.

No, en conclusión y sin ninguna duda, la proporción de “gasto por alumno” de la UPR, respecto a las UPU, no es de casi dos veces y media a una.

Con la información disponible en la actualidad, es posible calcular con criterios de homogeneidad los recursos docentes disponibles (medios) por estudiante presencial, de las universidades públicas y privadas, para desarrollar los estudios de grado y máster. Para calcular los mismos se puede proceder del siguiente modo. En el caso de las UPU se obtiene la fracción de la subvención ordinaria que no financia la capacidad investigadora de la plantilla de profesorado, se le adiciona la recaudación de ingresos por matrícula oficial de grado y máster, y se divide el resultado por el número de estudiantes presenciales de grado y máster. En el caso de las universidades privadas, se obtiene la cifra de ingresos por matrícula oficial de grado y máster, y se divide el resultado por el número de estudiantes presenciales de grado y máster.

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la disponibilidad de recursos anuales medios por estudiante presencial de las UPR, supera en 2.200 euros el de las UPU, aproximadamente un 40% más de media, una diferencia sustancial, aunque de otro orden de magnitud que la obtenida en la publicación de “Nada es gratis”. Esta mayor necesidad de recursos puede ser requerida por el tamaño medio más reducido de la demanda de sus titulaciones. Y, en todo caso, constituye un referente válido para medir la suficiencia de recursos y la eficiencia de los sistemas regionales de provisión pública de la enseñanza universitaria.

Gráfico 8.08 Recursos medios disponibles para proporcionar servicios docentes por estudiante presencial de grado y máster. Detalle por Comunidades Autónomas y para universidades públicas y privadas. 2017.

Ante los nuevos datos, puede mantenerse la pertinencia de la pregunta planteada: ¿”este mayor gasto por alumno se ha traducido en una mayor calidad de las UPR en España”? Aunque la conclusión no puede ser negativa derivado de que las UPR “brillan por su ausencia” en los rankings internacionales (y analizando el todo por la parte de ciencias sociales, lo que es inadecuado, en este caso) en contraste con la posición de algunas UPU o de determinadas escuelas de negocios en los rankings que les son propios. En concreto, y a este respecto, cabe señalar que tales escuelas de negocios tampoco aúpan con su producción científica a las universidades a las que están adscritas a la cabecera de los rankings internacionales, pues precisamente su misión no es investigadora, sino formativa. Y, desde luego, los rankings universitarios de referencia no se basan en la evaluación de la calidad docente, sino de la actividad investigadora y de otros indicadores altamente correlacionados con la investigación, como la reputación de los profesores.

Con los datos oficiales en la mano, sobre los resultados del proceso de formación en las universidades privadas podemos decir algunas cosas: su tasa de rendimiento académico, su tasa de graduación y su nivel de inserción laboral son algo mejores que los de las públicas. Es, desde luego posible, que estos resultados recojan un comportamiento más propio de un college que de una universidad y que la inserción laboral esté influida de forma determinante por el nivel de relaciones sociales, contactos, etc., que las características de su alumnado, con mayor nivel de renta, generan de forma natural. Pero no por ello, tenemos porqué dudar de la calidad de su proceso formativo, como no lo hacemos del de ESADE, ICADE, etc., porque su profesorado no esté nutrido de investigadores de referencia internacional. Otra cuestión es lo que deba ser denominado universidad y lo que no.

Para concluir, nos gustaría hacer algunos comentarios sobre el diagnóstico realizado sobre la universidad española, aunque no sabemos si ha variado respecto al que se hizo en el año 2000:

• Efectivamente, la infrafinanciación pública y privada de la universidad española persiste, y está casi un 15% por debajo de la media de la OCDE.
• No compartimos que haya un número excesivo de estudiantes universitarios, ni de población activa con tal nivel de formación.En el primer caso, la posición de España se sitúa exactamente en los valores medios de la UE a 23 y la OCDE, en el segundo nuestro dato es del 26% de titulados universitarios equivalentes a grado y máster, sobre la población activa, frente al 30% de la UE a 23 y el 31% de la OCDE.
• La rendición de cuentas de las universidades públicas y su nivel de transparencia han mejorado mucho, la auditoria pública de sus cuentas es anual, regular, a veces doble, y está publicada en sus portales de transparencia. Al mismo tiempo, las universidades han multiplicado la información pública sobre sus resultados docentes y de I+D, y facilitan información para bastantes informes periódicos y muchos rankings, que analizan sistemáticamente su desempeño.
• La gobernanza económica de las universidades públicas se ha demostrado eficiente durante el periodo de crisis y recuperación. El sector no ha cerrado un solo año con déficit, a pesar de retrocesos sostenidos en sus ingresos del orden del 15%, que, tras cinco años de crecimiento, aún se mantienen. Es una tarjeta de resultados que no pueden entregar muchos subsectores del sector público.

Con frecuencia, asistimos a valoraciones y juicios sobre el funcionamiento de la universidad española declamados con la contundencia y  la severidad de quien se siente en posesión de una verdad irrefutable (aunque no esté respaldada por la evidencia). No es este, desde luego, el caso de las opiniones que se vienen recogiendo en “Nada es gratis”, pero por ello nos han sorprendido y nos preocupan, todavía más, las firmes aseveraciones de hace unos días. En todo caso, aunque –en nuestra opinión- con los datos en la mano, los resultados de la universidad española resisten perfectamente el análisis comparativo con otros sistemas universitarios de países desarrollados, que disponen de una intensidad similar de recursos y se despliegan en un entorno de gasto en I+D del país parecido (muy pocos), es indudable que necesita mejorar, pero conviene acertar en el diagnóstico de sus debilidades para no focalizar esfuerzos y aplicar los escasos recursos a resolver problemas de menor calado.