¿Hay alguien ahí? A un paso de la melancolía

En los tres últimos informes de La Universidad Española en Cifras editados por CRUE-Universidades Españolas, venimos llamando la atención -con énfasis- respecto al riesgo-país que supone nuestro reducido esfuerzo en I+D. El último informe presentado en octubre de 2017 señalaba en sus conclusiones que “la reducción continuada de la financiación de la investigación debería encender todas las alarmas. A pesar de que ya partía de un esfuerzo relativo claramente inferior, España ha sido el único de los grandes países europeos que muestra variaciones negativas del gasto en I+D en el periodo 2008 a 2015. Ningún cambio de nuestro modelo productivo, ninguna mejora estructural de nuestra productividad y competitividad puede asentarse sobre esta pobre realidad.” Pues bien, acaban de aparecer datos del INE sobre el año 2016 y, coincidiendo en el tiempo, la actualización de los datos de nuestro entorno europeo a través de Eurostat. Junto a la estadística sobre I+D de 2016, se han hecho públicos -con días de diferencia- los resultados de la Encuesta sobre innovación 2016 y, lamentablemente, no hay buenas noticias.

La crisis ha dejado muchos damnificados en nuestro país y ha dañado seriamente nuestro contrato social: reducción de salarios, precariedad en el empleo, ampliación de la pobreza y de la pobreza infantil, reducción del Estado del bienestar de gestión autonómica: salud, educación y protección social, emigración de talento joven, etc. Junto a ello, el país parece haber bajado los brazos del esfuerzo en I+D, alejándose de la estrategia de los países más avanzados y apostando por un modelo de competitividad basado en bajos costes salariales (precariedad+ salarios bajos) que no puede impulsarnos hacia el objetivo de una sociedad fuerte, socialmente cohesionada y con futuro, que logra competir en los mercados con alto valor añadido y que proporciona bienestar a la mayoría de sus ciudadanos.

La información del Gráfico 1 es reveladora. España, no sólo se sitúa en algo más de la mitad del esfuerzo en I+D de la Euro área, sino que la dimensión de su gasto en I+D, es un 40% del de los grandes países más competitivos como es el caso de USA y Alemania. Un distancia sideral, que se traduce en bajos índices de competitividad en el ámbito europeo (European Innovation Scoreboard/Comisión Europea) en el que España ha perdido posiciones en el periodo 2010 a 2016, retrocediendo del 80% al 77%, respecto al valor medio de la (UE=100). En el indicador de del World Economic Forum se sitúa como la 34 economía ¿más? competitiva.

Gráfico 1

El Gráfico 2 muestra que las estrategias de los diferentes países han tenido, sin duda con otro conjunto de causas y circunstancias tan determinantes como la analizada, diferentes consecuencias en términos de renta per cápita, no digamos ya en términos de distribución de esa renta entre los diferentes agentes de la población. España no ha dejado de retroceder entre 2008 y 2013, y sigue en 2016, claramente por debajo de su nivel relativo de 2008. Así mismo, encabeza el porcentaje de población en riesgo de pobreza (22,1%) de la Euro Zona, en paralelo al crecimiento del desempleo estructural y la tasa de precariedad del mismo. No, nuestra estrategia (amén de los errores imputables al BCE hasta la llegada de Draghi) no ha estado entre las más brillantes y los españoles más débiles han pagado un elevado precio.

Gráfico 2

Otros países, que han apostado claramente por la competitividad tecnológica, el avance de la economía del conocimiento y el esfuerzo en I+D, les ha ido claramente mejor en las zonas del euro y del dólar. La apuesta y los resultados de algunos son todavía más brillantes en el área asiática.

Pero ¿dónde está nuestro talón de Aquiles?, sin duda en el campo empresarial. El Grafico 3 revela el comportamiento por sectores del gasto en I+D en la Euro Área (19p.) y en España.  Las posiciones y las líneas de tendencia no pueden ser más claras. En todos los sectores la situación de España se sitúa por debajo de la Euro Área, y en todos ellos las distancias se han ido agrandando durante la crisis y no se han detenido con la recuperación, en el sector de la I+D gubernamental la posición española alcanza el 81% de la dimensión en la Euro Área, en el de las universidades el 72%, y en de las empresas el 47%, ¡menos de la mitad!, este es –sin duda- nuestro principal factor diferencial. Las empresas españolas, al contrario que las de nuestros principales países competidores, no ven la I+D como una oportunidad, como una palanca determinante de su competitividad futura, como una opción crucial de su fortaleza en el medio/largo plazo. Pareciera que en su visión solo cuenta el corto plazo.

Gráfico 3

Los resultados de los indicadores de innovación de 2016 presentados por la encuesta del INE, ratifica está impresión. El número de empresas que se declararon innovadoras  en 2016 fue 18.475, el 12,5% de las empresas españolas actuales, cuando en 2008 eran el 20,8%. El número de empresas con actividad de I+D continua siendo ocasional, pasando de 12.997 en 2008, a 7.563  en 2016: un descenso del 42%. La tendencia no está mejorando con la recuperación económica, aunque la realidad es diferente según los distintos territorios (ver: “La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento” E. Reig. F. BBVA-IVIE. 2016)

Como señala el profesor Reig : “España, dedica algo más de la mitad del valor de la producción a retribuir el capital humano y el capital de base tecnológico que emplea, pero ese porcentaje es mucho mayor en otros países avanzados, como Reino Unido, EEUU o Corea, donde esos activos aportan más del 70% al VAB. Esta última cifra supera en 10 puntos porcentuales la de nuestras regiones más desarrolladas que, pese a sobresalir en el entorno español, no lo hacen en el internacional. En líneas generales, el uso del conocimiento se ha intensificado en todas las regiones españolas, pero de manera muy desigual, lo que explica sus diferentes desempeños tanto a la hora de reducir las consecuencias de la crisis como de reactivar la recuperación. Las diferencias en el peso de los activos basados en el conocimiento en el PIB regional tienen una importante capacidad explicativa de las diferencias en el PIB por habitante: a mayor empleo de capital humano y capital tecnológico, mayor productividad y mayor renta per cápita.”

Las consecuencias de un elevado esfuerzo en I+D, parecen, en definitiva, determinantes/acompañantes de los niveles de renta, como muestra el Gráfico 4.

Gráfico 4.

Aunque resulta obvio que está situación no se pueda resolver sin activar las decisiones de inversión en I+D empresariales, emulando a lo que ya han hecho las de aquellas regiones españolas más dinámicas, es también evidente, que el comportamiento de dichas empresas se ha producido en el contexto de políticas públicas diferenciales (de industrialización, universitaria, científica, etc.) desarrolladas por los gobiernos regionales y derivadas de economías de concentración propiciadas por su modelo productivo, que en el caso de las comunidades forales, se potencia por su mayor disponibilidad de recursos derivada de su régimen de financiación especial desde hace décadas.

En definitiva, las empresas son determinantes, pero el sector público cuenta, y las políticas de impulso al gasto en I+D empresarial pueden tener protagonismo gubernamental regional o nacional. Y aquí surge la pregunta que da título a este artículo: ¿hay alguien ahí?, y la respuesta es, salvo en las regiones mencionadas, no lo parece. Aunque hay casos de simple absentismo de responsabilidad, el voluntarismo de muchos de los responsables gubernamentales del sector I+D no logra concretarse en decisiones presupuestarias. El gasto en I+D del conjunto de las Administraciones Públicas en términos de contabilidad nacional (IGAE. 2017), ha vuelto a retroceder en 2016 al 0,77% del PIB, frente a un valor de 0,80% del PIB en 2015, situándose un 12% por debajo de su máximo de 2010. Pero, y esto es casi aún peor, ese voluntarismo tampoco es capaz de resolver cuestiones regulatorias en el ámbito del sector público que no tienen incidencia en la sacrosanta estabilidad presupuestaria, pero sí en la productividad de nuestro exiguo gasto, y también en unas condiciones de trabajo digno y con perspectivas mínimas imprescindibles en el sector. Entre esas cuestiones resultan determinantes:

• Disponer de capacidad y libertad, para incorporar y atraer investigadores de talento y excelencia, ello no será posible si no cambia la actual normativa administrativa, laboral y retributiva, la esterilizante tasa de reposición y que Organismos Públicos de Investigación y universidades recuperen la autonomía para gestionar sus plantillas y las capacidades docentes, investigadoras y de gestión asociadas a las mismas.
• Disponer de un régimen propio de gestión económica, administrativa y de personal, adaptado a la especialidad de la actividad investigadora, con procedimientos desburocratizados y acordes con el desarrollo de los proyectos y con un régimen de financiación que reconozca los costes totales en los que se incurren: directos e indirectos, y que goce de seguridad jurídica en el tratamiento del IVA.
• Disponer de un marco laboral digno para el personal investigador y el personal de apoyo a la investigación que le permita desarrollar su vida laboral en las condiciones de estabilidad y permanencia que requiera la actividad de investigación, eliminando la precariedad y reduciendo la temporalidad al mínimo imprescindible.

Estas medidas no necesariamente pasan por incrementar o impulsar el gasto en I+D, pero nada de lo enunciado en el párrafo anterior parece al alcance de la capacidad decisoria de nuestros voluntariosos, o no, de todo hay, responsables públicos de la política de I+D. Nos acercamos a la melancolía.