Balance de caja
El lunes 26 de octubre de 2015 se han convocado las elecciones generales que se celebrarán el 20 de diciembre. Ha transcurrido una nueva legislatura lo que permitirá (ya está permitiendo) hacer valoraciones acerca de lo sucedido en los distintos sectores donde se hace presente la intervención pública. La Universidad es uno de ellos y, por tanto, resulta adecuado llevar a cabo una pequeña reflexión sobre lo sucedido sabiendo que los juicios definitivos todavía deberán esperar unos años, hasta que se conozcan las cifras que permitan comprobar, sin errores, la evolución del número de alumnos, de las titulaciones, la situación del profesorado y su estructura, los presupuestos, las inversiones, etc…[1]
En todo caso resulta posible observar algunos comportamientos y, a partir de ello, deducir algunas conclusiones.
Y la primera es el aparente interés con que al principio el Gobierno del Estado (y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, concretamente) contempló el tema universitario, dado que fue tempranísima la creación de una Comisión encargada de proporcionar ideas para una reforma del sistema. Esa Comisión presentó su informe al Ministro Wert el 12 de febrero de 2013 con el título “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”, no suscrito por todos sus componentes, dado que dos de ellos presentaron voto particular en relación a temas tan capitales como la selección del profesorado y el gobierno de las Universidades. La trascendencia de este informe ha sido nula, lo que, al margen de consignar su existencia, exime de realizar un juicio sobre la composición de la Comisión y sobre sus aportaciones. En todo caso es notable que este hecho fuera lo único noticiable de la actividad ministerial durante el primer año de legislatura, al margen de lo que significó el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que es congruente con lo que se estaba realizando en otros muchos sectores de la Administración (recortes generalizados para el cumplimiento del límite del déficit público impuesto desde la Unión Europea) y que desató, en su momento, una relativamente fuerte polémica, sobre todo en lo relativo a la medición de la dedicación del profesorado universitario, por considerar que con ella se atentaba a la autonomía universitaria.
Al margen de la apelación –permanente durante toda la legislatura- a la “racionalización” (o sea, que todo lo anterior o lo contrario a lo que se regula, no es “racional”)[2], es lo cierto que la crisis económica ha sido determinante de prácticamente todo lo sucedido –u omitido- en relación al sistema universitario.
Eso es singularmente advertible en lo relativo a la disminución de número total de profesores y al peso porcentual en la docencia cada vez mayor del profesorado asociado, o sea, de los no profesionales de la enseñanza universitaria[3]. Esa disminución es congruente con el establecimiento del 10% como tasa de reposición para prácticamente toda la Administración Pública con que arrancó la legislatura, aunque ha habido elevaciones posteriores y la Ley de Presupuestos para 2016 anuncia una tasa de reposición del 100%. Esa levísima tasa de reposición inicial ha llevado consigo el crecimiento sin límites de la bolsa de acreditados (se estima en más de 4.000 los que existen en este momento), sobre todo para las plazas de Catedrático y Profesor Titular, bolsa de acreditados que en modo alguno está en capacidad de ser absorbida, a los ritmos cansinos actuales, en menos de 10-15 años y que lleva consigo un problema que será ineludible afrontar en la próxima legislatura. Problema no sólo en relación a esa bolsa de profesores sin esperanza de consolidar una plaza adecuada a su nivel de acreditación sino, sobre todo, de medir exactamente si el sistema de selección de profesorado que hoy existe, no conduce inexorablemente (aun sin límites en la tasa de reposición) al resultado, penoso, que hoy se da.
La posibilidad de convocatoria de plazas de promoción que permite la modificación de la LOU de septiembre de 2015, no es sino un leve parche en la situación existente.
Fuera de estas normas de rango legal relativas al profesorado (los RRDD Leyes de 2012 y 2015 mencionados) el resto de la intervención del Gobierno ha operado por la vía reglamentaria contándose allí con algunas modificaciones del régimen de correspondencias, equivalencias y homologaciones (RD 967/2014) acreditación del profesorado (RD 415/2015), creación y reconocimiento de Universidades (RD 420/2015) y, sobre todo, la posibilidad abierta de configurar de manera distinta la duración de los Grados (RD 43/2015) pasando a una carga posible de 180 créditos (y no los 240 créditos antes taxativos) lo que implicaría una duración de tres años que iría “compensada” con un aumento del nivel de Master a los dos años (simplificando la situación que podría producirse, que es algo más compleja que lo que se describe).
Sin duda alguna y, paradójicamente dado el carácter “no compulsivo” (obligatorio) de este RD, estamos ante la principal variación producida en esta legislatura en relación al sistema universitario que sólo podrá hacerse realidad, en su caso, si así lo desean las Universidades. Una decisión dejada al libre “albur” de su autonomía pero que, en mi opinión, es lo más probable que se concrete en grados de tres años por dos razones: por la homologación con buena parte (no toda, pero sí la más relevante) de los sistemas universitarios europeos y, sobre todo, por el peso que las consideraciones económicas tendrán en esa decisión pues es evidente que las Universidades tendrán mucha mayor capacidad de recaudar dinero (por medio de los precios públicos) en el sistema 3 + 2 para lo que basta con consultar la LOU reformada a través del Real Decreto-ley 14/2012 (e, igualmente, ese sistema les supondrá menor gasto).
Porque realmente y como decía, las consideraciones económicas han sido la clave de la legislatura que ahora concluye.
Los “recortes” de la financiación de las CCAA a las Universidades han sido muy importantes y han llevado a alguna conflictividad judicial en algunos casos, pues, por ejemplo, las Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid recurrieron las medidas de corte (no recorte) de la inversión del Gobierno de la Comunidad Autónoma que se apoyaban en convenios a los que la jurisdicción contencioso-administrativa ha dado primacía en sus sentencias. Igual apelación a los Tribunales contencioso-administrativos y basándose en el mismo motivo ha llevado a cabo la Universidad de Zaragoza en relación al Gobierno de Aragón, bien que hasta ahora no haya aparecido la sentencia.
En los próximos días se harán públicos los programas electorales de los partidos que concurren a las elecciones y entonces podrá advertirse cómo, teóricamente, puede enfocarse la vida universitaria durante los, también teóricos, cuatro años siguientes.
Desde la Universidad deberá seguirse muy atentamente esa oferta electoral pues el escaso ámbito de autonomía universitaria que ahora existe deberá moverse, necesariamente, dentro de las premisas que se construyan por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado. Mientras tanto el balance que puede establecerse de la legislatura debe fijarse, sobre todo, en la caja, vacía, de las Universidades, vacía cuando no bajo mínimos (deuda contraída por distintas Universidades para conseguir pagar nóminas y mantener con una relativa dignidad los servicios docentes e investigadores). No es deseable, ni mucho menos, que los siguientes años discurran por los mismos senderos recientemente recorridos y ojalá que una economía renacida ofrezca el suficiente margen para que ello no suceda así.
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[1] Obsérvese, a esos efectos, que la mejor fuente de información sobre el particular (cfr. Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, La Universidad española en cifras, una publicación de la CRUE) contiene en su reciente entrega la información relativa al curso académico 2013-2014.
[2] Sobre el particular me remito con mucha más amplitud a lo que indiqué en A. EMBID IRUJO, “Norma y lenguaje, crisis económica, DA, 1, 2014, Documentación Administrativa 1, 2014, con mención específica a este Real Decreto-Ley 14/2012).
[3] Sobre el particular es muy ilustrativo el trabajo de S. GARCÍA-AYLLÓN VEINTIMILLA y A. TOMÁS ESPÍN, “La acreditación y promoción del profesorado en la universidad española: situación, tendencias y perspectivas de futuro”, en REDU, Revista de docencia universitaria, septiembre-diciembre de 2014, con información de base relativa al año 2013 como máximo.