Cal y arena en la CRUE
Es normal que las universidades se organicen para abordar problemas que les son comunes. Y lo hagan sin estar mediatizadas por la presencia de personas y organismos ajenos. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (más conocida como CRUE) se constituyó en 1994 para impulsar un foro de discusión de problemas de política universitaria y lo hizo, al menos en parte, como alternativa al Consejo de Universidades, que también es un órgano de discusión sobre temas universitarios, y en el que figuraban asimismo los rectores, pero que al depender del Ministerio, incluía entre sus miembros a representantes de distintas instancias de la administración política, ajenas a la política ”interna” universitaria. La CRUE, al igual que sucedía en otros países, permitía a los rectores discutir sobre sus problemas con mucha más libertad.
En todos estos años la CRUE ha hechos distintas aportaciones para ir mejorando el sistema universitario: en aquellos momentos un poco convulsos porque se estaba produciendo el acceso masivo de estudiantes a la universidad, se estaban renovando los planes de estudio, había grandes necesidades financieras, etc., la CRUE supo ponerse frente al Ministerio cuando en determinados momentos las circunstancias así lo requirieron y supo, también, plantear magníficas iniciativas para conocer mejor nuestra realidad: Hay que destacar, entre otras, el estudio titulado La Universidad Española en Cifras (dirigido por nuestros compañeros J. Hernández Armenteros y J. A. Pérez García), que se publica desde el año 2000.
La CRUE, según se indica en su misión, “coordina acciones de interés común en temas de política universitaria”, “traslada la voz de las universidades al gobierno, a los agentes sociales…”, “lidera proyectos en pro del Sistema Universitario Español”, etc. Como se ve, se refiere a cuestiones generales que afectan a problemas centrales del sistema.
Por eso me ha llamado la atención que no hayamos escuchado la voz de la CRUE, al menos no con la fuerza que me hubiera gustado, en todo el largo período en el que las universidades han tenido que amoldarse a la particular interpretación que han hecho sucesivos gobiernos sobre las directrices de Bolonia. Todo ha acabado en un inmenso galimatías burocrático en el que profesores, investigadores, estudiantes y responsables universitarios han perdido millones de horas de trabajo de la forma más miserable. Este era un tema clave en el que la CRUE, pasado el primer momento de comprensible despiste frente al ataque del Leviatán, tenía que haber intervenido con energía y decisión. Simplemente, mirando lo que otras universidades europeas han hecho y oponiéndose a una normativa que ha causado grave daño, en mi opinión, a nuestra universidad, inerme frente a la batería de decisiones que se han ido tomando en el ministerio. Ese sí que es un tema general de política universitaria.
No sé si va a pasar algo parecido, barrunto que sí, aunque afecta a otros niveles, con la nueva ley de contratos públicos. Una ley que nace de la aplicación de una normativa europea pero que en España, como sucede siempre, se desarrollará hasta extremos de difícil comprensión. Me cuesta creer que en todos los países se haya hecho de forma similar. De forma sistemática, confundimos los procesos garantistas con la multiplicación de normativa detallada que, de forma indefectible, acaba siempre teniendo un efecto pernicioso para las personas que quieren cumplir, porque deben dedicar muchas horas a tareas burocráticas buscando las “ventanas” de interpretación más favorable, tienen que trampear la ley, inventarse excepciones generalizadas, etc., siempre con la impresión de que nunca están seguros de que lo estén haciendo de forma correcta. Mientras, quienes siempre han engañado y han incumplido la ley lo seguirán haciendo sin mayores problemas. Resulta ilustrativa la reacción del expresidente de Gobierno cuando los jueces comenzaron a destapar los sucesivos casos de corrupción: en lugar de adoptar de inmediato medidas correctoras en el interior de su propio partido para perseguir a los corruptos, que precisamente lo eran por no cumplir la ley, plantea como solución la redacción de una nueva ley. La CRUE debería de decir algo sobre la nueva ley: al menos ver lo que se hace fuera de aquí (nos pasamos el día hablando de buenas prácticas y referencias excelentes, pero cuando llega el caso nos encerramos en nosotros mismos) y buscar soluciones para facilitar el trabajo.
Estamos en vísperas, horror, y va aviso, de nuevos cambios en los planes de estudio. Vuelve lo de los tres años, pero esta vez disfrazado de convocatoria europea en la que deben participar varios países y varias universidades de forma conjunta. Participación voluntaria, eso sí, pero solo van a triunfar a medio plazo quienes participen en el plan. De nuevo unos cuantos años para entretenernos con cuestiones absolutamente secundarias.
No quisiera terminar esta reflexión sin señalar la, a mi modo de entender, chapuza que la CRUE ha hecho con la URJC, interviniendo en un tema de impacto en los medios, pero absolutamente menor en política universitaria. No recuerdo que cuando el rector anterior fuera pillado en plagio, la CRUE interviniera de forma pública. Podía haber allí, sin embargo, motivo de intervención, porque afectaba a un rector y, en consecuencia, al buen nombre de quienes componen la CRUE. Es cierto que a Fernando Suárez se le pidió que dejase el comité permanente pero, al margen de una condena más o menos genérica (“rechaza plenamente el plagio en cualquier institución universitaria y científica, donde la generación de conocimiento es un valor que debe defenderse y garantizarse”, faltaría más) no se fue más allá. Sin embargo, con ocasión del famoso máster de Cifuentes, la CRUE nombró a dos observadores externos para investigar lo sucedido. Eso es entrar en un avispero, sin protección alguna (parece, además, que tampoco investigaron demasiado, porque aún nadie ha dicho nada concreto). No era tema de la CRUE, no era tema de política universitaria. O sí. Quizás hubiera bastado una declaración que dijese lo siguiente: “En cualquier universidad seria, una simple llamada telefónica a los servicios de administración es suficiente para saber si alguien ha cursado estudios y ha aprobado el TFM en esa universidad, porque todos los expedientes quedan reflejados en el sistema informático. Pedimos a la URJC que haga esa llamada”.