El sistema de ciencia e innovación: principales problemas y algunas soluciones

La crisis del coronavirus, con todas las actuaciones urgentes que demanda a los responsables universitarios, debe ser también un punto de inflexión para avanzar en la reformas que la universidad española necesita, especialmente en el sistema de ciencia e innovación. Este es el contexto del post de hoy, que aborda un aspecto crucial, y que deberá ser considerado como uno de los temas prioritarios a abordar cuando pase esta situación, que pasará.

Si queremos reformar cualquier aspecto de la universidad, lo primero que debemos hacer es señalar en qué estamos fallando o, directamente, qué no estamos ni siquiera haciendo. De igual manera, si nos referimos al sistema de ciencia e innovación, existen numerosas cuestiones que conviene abordar. Al término del post, y una vez realizado el diagnóstico, se proponen algunas soluciones.

Principales problemas en el sistema de ciencia e innovación

1) Falta de financiación

A este problema le dedicaré poco espacio. Es conocido y reconocido por todo el mundo: científicos, responsables científicos, políticos, etc. España sigue muy por detrás de la mayoría de países de nuestro entorno y, sobre todo, de los países con los que debemos competir en tecnología. Este problema tiene difícil solución más allá de la política, pero de todos es bien sabido que la ciencia solo importa en la etapa pre-electoral, donde las promesas nunca llegan a la ley de presupuestos. ¿Cuántos años llevamos oyendo la promesa del 2% del PIB? (de un lado y de otro).

2)  Legislación inapropiada que impide el normal desarrollo de la actividad científica

España tiene una legislación que hace que “hacer ciencia” o “trabajar en ciencia” sea una tarea excepcionalmente gravosa. Al hecho de que la financiación no es competitiva se le une una legislación que congela la actividad investigadora hasta límites insospechados.

Para empezar, España asume todas las normas fiscalizadoras y de control que existen en la Unión Europea, de por sí mucho más desesperantes que las que existen en el resto del mundo. Pero no solo las asume, sino que, además, tenemos la tendencia de aplicar siempre el extremo más duro de la norma, como si tuviéramos que demostrar que aquí somos más estrictos que nadie.

A ello se suma que, en España, tenemos leyes que se promulgaron por culpa de la crisis económica que se originó en el 2009 (por ejemplo, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Ley 15/2014, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entre otras) que ignoran por completo las especificidades del mundo de la investigación y que han sumido al ecosistema de I+D en una maraña de restricciones que hace prácticamente imposible el desarrollo de una actividad investigadora normal.

Estas leyes han traído un “hipercontrol” de la actividad investigadora, equiparando los proyectos de investigación al desarrollo de cualquier otra actividad económica, como pudiera ser la construcción de una autopista. Hoy es imposible, prácticamente, ejecutar el dinero para comprar equipos, viajar con normalidad (las dietas establecidas no cubren la práctica totalidad de los hoteles decentes de cualquier lugar de Europa, EEUU o Japón, y las restricciones para viajar en las fechas de un determinado evento son tan ridículas que conducen a perder días del evento para evitar perder el dinero en las auditorías posteriores), comprar material fungible a proveedores habituales, etc.

Con este panorama es imposible “competir a nivel internacional”. La conversión de las fundaciones privadas de carácter público en fundaciones públicas ha hecho que no exista en España un espacio investigador público que pueda competir con la flexibilidad que requiere la competencia internacional: los límites salariales, las tasas de reposición, las limitaciones a la hora de contratar extranjeros o de retornar españoles, entre otras medidas, hacen que sea prácticamente imposible competir en el “mercado del talento internacional”.

No se trata, sin embargo, de dar barra libre al ámbito de la I+D. Hay que controlar y ejercer el control, pero hay que buscar fórmulas que permitan desarrollar la actividad investigadora. En otros países estos procesos se llevan de una manera mucho más racional. Lo que parece poco eficaz, me parece, es que el investigador se vea obligado a dedicar la mayoría de su tiempo a pensar y desarrollar la manera de poder superar las trabas administrativas y burocráticas. En muchos casos, ello ocupa más tiempo que la propia actividad investigadora.

A todo lo anterior habría que sumar que no tenemos leyes fiscales que incentiven la I+D apropiadamente, no tenemos una buena ley de mecenazgo, y que las leyes de extranjería se aplican igual en ciencia e innovación que en cualquier sector (menos para los futbolistas, ¡eso si es importante!), etc, etc.

En este contexto, el Estado lleva años auditando los proyectos financiados con fondos públicos a través de consultoras privadas, que trabajan a comisión, y que denuncian miles de partidas de pocos euros que, sumadas entre sí, constituyen grandes cantidades.

Las partidas denunciadas son muy difíciles de desmentir (pasados, a veces, más de cinco años) y obligan a los investigadores a un esfuerzo enorme para tratar de volver a justificar lo que ya hicieron en su momento. Viajes a reuniones o congresos que se realizaron cinco o seis años atrás y que la consultora cuestiona, o porque no ve claro el objetivo de aquel viaje o porque al ir o volver se viajó con más de 24 horas de lejanía con el evento (por ejemplo, si se ajusta el viaje a esta norma uno se pierde el primer día de cualquier reunión en Asia), o cualquier otra cuestión menor.

Este asunto lleva años volviendo locos a todos los investigadores principales del Plan Nacional. El dinero es poco, cuesta mucho gastárselo y luego hay que justificarlo varias veces. ¿Es lícito delegar esta función en consultoras privadas que trabajan a comisión? ¿Al amparo de qué ley se realiza este tipo de auditorías?

3) Escasa implicación del sector privado/mundo empresarial

La inversión pública en I+D, es España, no está muy lejos de los países que más invierten. Sin embargo, la inversión privada es prácticamente inexistente. Nuestro sector privado, nuestras empresas, que reciben ayudas del Gobierno a través de programas específicos y del CDTI (hay que decir que la mayoría de las veces en forma de préstamo), prácticamente no aportan nada de dinero a la I+D sin que vaya engrasado de dinero público. Y la inmensa mayoría no lo hacen incluso mediando dinero público. En otros lugares la situación es bien distinta: cuando uno pregunta a colegas europeos, de Estados Unidos, Japón o Corea qué parte de su investigación se hace con fondos totalmente privados, te contestan que un 30, un 40, un 50 o incluso un 100%.

Además, en cualquier departamento universitario o de centros de investigación aplicada de los países con los que queremos competir, no menos de un 30-40% de las tesis doctorales son 100% financiadas por empresas. Queda mucho camino por recorrer con respecto a la implicación del sector privado.

4) La escasa valoración del doctorado por parte de la empresa española

En España, nuestras empresas no contratan doctores. Nuestros doctores, valorados en todo el mundo, son ahora contratados por las empresas europeas que compiten con las nuestras. Nosotros les formamos, pero quienes se benefician son otros. Nuestras empresas, por su parte, prefieren contratar jóvenes ingenieros o graduados, con la menor formación posible, para poder pagarles un contrato en prácticas barato y, en su caso, formarles en función de sus necesidades, lo que es indicativo de un déficit de visión estratégica para la innovación.

5) La carrera profesional en la I+D

En la I+D pública, en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) del estado, la carrera profesional se basa en la metritrocacia. Al igual que en la universidad pública, en los OPIs la promoción dentro de la pirámide profesional es, esencialmente, endogámica. Si en la universidad pública la presencia en un departamento de alguien que no proviene de ese departamento es una rareza, en el CSIC se puede considerar casi milagroso.

Obviamente hay muchos problemas de precariedad, fruto de la poca inversión endémica en I+D, pero eso no es excusa para que la entrada en el sistema de alguien ajeno al mismo sea algo anecdótico. La carrera profesional en ciencia necesita de una revisión profunda, igual que la necesita la carrera académica en el sistema público universitario.

Soluciones para el sistema de ciencia e innovación

La pregunta es: ¿cómo se arregla esto? En primer lugar, procurando evitar que en las decisiones tomen parte todos aquellos que están interesados en que nada cambie. En el sistema de I+D todavía persisten una serie de agentes que muestran una reiterada resistencia al cambio.

Y en segundo lugar, atacando las distintas partes del problema: 1) más financiación para el sistema de ciencia e innovación. 2) una legislación que tenga en cuenta las especificidades de la ciencia y que modifique sus sistemas de control, contratación, renovación de personal, etc. 3) una política que haga modificar un comportamiento empresarial frente a la I+D que, en la actualidad, en España, salvo honrosas excepciones, es equivalente a la de los países del tercer mundo. 4) una política de estado que permita valorar nuestro talento, especialmente desde el sector privado. y, 5) un cambio radical en la manera en la que se promocionan las personas en ciencia. El dinero para investigar es escaso, y de él depende el bienestar y el futuro de nuestro mundo: hay que ponerlo en manos de los mejores.