¿Se puede enseñar homeopatía en la universidad?

Estaba hablando (Cabrales) con Mercedes Esteban de la siguiente entrada en estas páginas y como acababa de nevar de manera muy inusual en Madrid, me explicó su hipótesis de que pudiera tener que ver con el cambio climático. Ella envió este interesantísimo enlace, que nos llevó a pensar en el daño tan grande que puede hacer la pseudociencia. Desde el movimiento antivacunas hasta el negacionismo climático. La pregunta que intentaremos discutir por aquí es cómo evitar que visiones del mundo potencialmente destructivas tengan cabida en la universidad.

La homeopatía no funciona 

Empecemos por un caso sencillo, como el del título. No, la homeopatía no funciona. Al menos, no lo hace de por sí. Puede tener un efecto placebo, porque la fe hace milagros o lo que sea, pero en un ensayo aleatorio, dando un tratamiento homeopático a unos voluntarios y otra alternativa inerte al resto, no se observa ninguna diferencia entre el grupo tratado y el de control. Alguien puede pensar, “ya, pero ¿qué daño hace?” Al fin y al cabo, la homeopatía no tiene efecto, no es que tenga un efecto negativo. Y, es verdad, pero la historia no acaba ahí. Les recomiendo que echen un vistazo a esta página web que tiene ejemplos muy interesantes de lo que puede ir mal. Me quedo con el primero: “Un homeópata le dijo que abandonara su medicación para el asma. Más tarde murió de un ataque de asma.” El mismo problema sucede con los que dicen que la vacunas pueden hacer daño, o con los que niegan el cambio climático. Va a morir mucha gente por su culpa, mucha más que por la homeopatía, dicho sea de paso. Y, ¿qué hacemos? O, más precisamente, ¿qué hacemos en la universidad?

La ciencia es una de las instituciones en la que más confían los ciudadanos.

Pues verán, hasta 2018 había una asignatura en la universidad de Salamanca sobre homeopatía (optativa, laus Deo). Y, no, no es que la universidad española sea peor que otras. La universidad británica ha permitido titulaciones en medicina alternativa. El pecado se extiende a las universidades australianas. Pero el título del artículo sobre las universidades australianas que les enlazo me lleva al nudo de la cuestión: “las pseudociencias están destruyendo la reputación de las universidades australianas.” Los incentivos en las universidades crean un conflicto de interés serio. Por un lado, incluso las universidades públicas tienen que satisfacer una demanda social, con sus correspondientes implicaciones monetarias, por enseñar lo que los ciudadanos desean saber. Por otro lado, las consecuencias sociales de satisfacer esa demanda pueden ser muy negativas. Para la salud y el bienestar de esos ciudadanos, y para la confianza futura de los ciudadanos en la institución. La universidad deriva parte de su estatus social de que los miembros de la comunidad confían en que recibirán la mejor información disponible. Décadas de encuestas del centro Pew indican que la ciencia es una de las instituciones en la que los ciudadanos confían más. Y, ¿vamos a permitir que unos miles de euros más de un máster en homeopatía anulen esta confianza?

Sobre la libertad de investigación y la libertad de enseñanza

Estos problemas de información y efectos externos son elementos naturales para justificar una intervención gubernamental desde un punto de vista económico convencional. Pero ¿está justificada? Pues, la verdad, no lo sé. Podríamos empezar por distinguir la investigación de la docencia que, aunque relacionadas, son actividades distintas, y también cumplen funciones diferentes.

La investigación es un aspecto central de la actividad universitaria. Y en ese contexto estamos dispuestos, como dicen en inglés, a “morir en la colina” de la defensa de la libertad de investigación. Se puede investigar todo, incluyendo el “mirar fijamente a las cabras” para controlar su actividad. Esto es así porque los descubrimientos científicos tienen un factor de “serendipity”, de encuentros casuales, a veces rocambolescos. Es muy difícil predecir de dónde va a venir una innovación revolucionaria. La historia de la vacuna de la viruela es instructiva. Casi un siglo antes de que Jenner hiciera sus experimentos, Onesimus, un esclavo africano, explicó a un reverendo puritano en Nueva Inglaterra, Cotton Mather, la práctica de usar pus de los abscesos de la viruela en los sanos para evitar que enfermaran. Si no supiera usted nada de virus, ¿de verdad haría caso al reverendo Mather? La libertad de investigación, incluso para ideas muy contraintuitivas y que parecen positivamente delirantes antes de saber la verdad, me parece esencial.

Para la docencia, el argumento es mucho más complejo. Frente a la investigación, la actividad docente tiene un destinatario por definición peor informado porque desconoce la materia. Esta asimetría de información entre docentes y estudiantes limita los espacios de discusión que puedan depurar la mala docencia, o éstos son potencialmente menos eficaces.  Por esto hay razones para defender que la libertad que debe exigirse a la investigación no debería aplicarse de la misma manera a la actividad docente, que precisa ser depurada antes. Además, el posible daño de las pseudociencias, tanto a la confianza social en la universidad, como a la salud y el bienestar de los ciudadanos también sugiere una precaución mayor. Probablemente algunas enseñanzas no deberían impartirse y punto. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Esperamos a tener 1800 estudios que muestran que la homeopatía no funciona, o cuándo paramos? Y, sobre todo, ¿quién lo decide? ¿Un comité en el ministerio, la asociación científica correspondiente?

La economía, bajo escrutinio 

Para que no piensen que escurrimos el bulto, vamos a hablar brevemente de algunos asuntos relacionados con una de nuestras disciplinas, la economía. Siempre hay algún gracioso que dice que para qué hablamos de pseudociencia con la homeopatía si tenemos la economía. De verdad, si usted se incluye en ese grupo, lea cualquier revista de la disciplina en este siglo y verá que la mayoría de los artículos son empíricos y que las teorías son sometidas a riguroso escrutinio. Por ejemplo, en algún momento se propuso la teoría de que la austeridad podía ser expansiva de la actividad económica. Sería largo exponer por qué la idea tiene algún sentido, pero la evidencia más reciente sugiere que la austeridad es realmente contractiva. O, por acercarnos más a un debate reciente, los datos indican que aumentos moderados del salario mínimo tienen efectos pequeños, o incluso no tienen efecto, sobre el empleo.

Hace algunos años, la mayoría de los economistas enseñaban, basándose en un modelo de competencia perfecta en el mercado de trabajo, que los salarios mínimos destruían cantidades considerables de empleo. Ahora sabemos que esto no es así, los empleadores tienen un poder de mercado considerable en el mercado de trabajo, como confirma la evidencia disponible, y los efectos de variaciones del salario mínimo sobre el empleo no son muy grandes, si es que existen. Quizá algunos economistas todavía enseñen con el antiguo paradigma. Y esto tiene consecuencias nocivas, no sólo para el estudiante en cuestión, sino para toda la sociedad.

A la vista de la discusión anterior, parece claro que debe haber algún tipo de intervención pública en la docencia. La pregunta es cómo. En nuestra opinión, la solución no es una intervención por parte de las instituciones (Estado, CCAA, o agencias como la ANECA). Por un lado, la tentación del poder público de imponer su visión ideológica particular es demasiado grande. Una entidad administrativa, incluso independiente (si nos creyéramos que puede serlo alguna de verdad) corre el riesgo de evolucionar muy despacio. Típicamente estará poblada de gente que ya va siendo mayor, como nosotros, a la que le cuesta evolucionar. Y avances como el del salario mínimo tardarían en llegar al público. Pero tampoco creemos que el profesor individual pueda hacer lo que quiera.

La tentación del poder público de imponer su visión ideológica sobre lo que se debe enseñar es muy grande. 

Seguramente la mejor posibilidad alternativa es que sean el departamento o la universidad los que puedan imponer al profesor individual límites a las “ocurrencias” que pueda emitir en clase y obligarle a “desistir” de informaciones que choquen de manera frontal con el consenso científico. Pero ¿es esto posible? nuestra (limitada) comprensión de los estándares legales sobre el asunto nos sugiere que la libertad de investigación está muy protegida (vaya, no habrá que morir en esa colina), aunque lo están mucho menos los contenidos docentes, precisamente porque la libertad de enseñanza puede limitarse por el derecho a la educación. En todo caso, apenas se puede regular que haya una cierta coherencia en los temarios, que los exámenes sean adecuados, y poco más. Y, aunque se reformara la Constitución, algo poco probable para permitir algo como esto, ¿es realmente deseable? ¿Qué pasa si es justamente el departamento el que no quiere que se enseñe la relativa inocuidad para el empleo del salario mínimo?

Llegados a este punto se nos ocurre que el problema quizá requiera de soluciones no reglamentarias. Si los profesores son todos buenos científicos y excelentes investigadores, que están al tanto de los últimos avances de la disciplina, es menos probable que mantengan teorías que no han resistido la verificación, como la austeridad expansiva.

La estructura de incentivos y gobierno en las universidades es crucial para que éstas contraten a los mejores académicos, y eviten perpetuar en sus puestos a quienes no cumplan unos estándares mínimos de investigación. Así que, para evitar que se enseñe homeopatía en la universidad como para tantas otras cosas, es importante que creemos instituciones que atraigan a los mejores e incentiven que lo sigan siendo en su vida académica.

¿Nos animamos?