Financiar la LOSU, ¿hay alguien ahí? (y II)
La encrucijada de las universidades públicas
Respecto a la aplicación de la nueva LOSU, los rectores de las universidades no ganan para sustos.
Susto 1
Al inicio del 2024, se encuentran en la obligación de preparar la programación docente del curso 2024-2025 con unas nuevas condiciones de dedicación docente de su profesorado, que pueden suponer un coste de más de 400 millones de euros para el sistema. A punto de finalizar 2023 y dar instrucciones a sus vicerrectores de profesorado para organizar el curso próximo, desconocen qué administración financiará estos costes y con qué criterios.
Susto 2
El gran avance de la LOSU para lograr la gran aspiración del sistema, acercarse a los indicadores de financiación pública universitaria de la media de los países de la UE-27 y de la OCDE (ambas, a más de 4.000 millones de distancia), contra todo pronóstico, parece seguir estando en terreno de nadie. Lo que no evitará que, en al año 2024 y siguientes, se siga evaluando la posición de las universidades públicas españolas en los rankings internacionales de investigación como si esa distancia sideral de recursos no existiera.
Todo apunta a que los indicadores de financiación pública universitaria de la media de los países de la UE-27 y de la OCDE sigue fuera de nuestro alcance.
La Administración central viene a decir en la Memoria de la LOSU, que “sea lo que sea lo que cueste esto”, su financiación debe de correr mayoritariamente a cargo de las CC. AA.. Sin embargo, estas, que no han propuesto la nueva Ley y no han sido consultadas sobre este nuevo compromiso para sus presupuestos, se encojen de hombros.
Todo suena a que podemos volver a situaciones como la de la ley de dependencia: el que proclama derechos, no los quiere pagar.
Y este no ha sido el único ejemplo de problemas de este tipo en la gestión de la lealtad institucional de la España descentralizada. Para saber más, remitimos al informe de la Comisión de Expertos creada por mandato de la Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17 de enero de 2017, para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica.
Asimetrías regionales
El traspaso de competencias de la educación universitaria a las CC. AA. se produjo entre 1985 (Cataluña) y 1996 (I. Baleares), aplicando el principio del “coste efectivo”. Este coste reflejaba el gasto universitario que realizaba el Estado en cada territorio en el momento de cada traspaso. Los traspasos revelaron que el Estado gastaba cantidades por estudiante muy dispares, según el territorio; en consecuencia, no financiaba a los usuarios de las diferentes regiones de forma equitativa (más información aquí).
Si actualizamos el montante de todos aquellos traspasos de competencias a euros de 2022 con el PIB nominal, el importe del gasto en universidades que transfirió la Administración Central a las CC. AA. ascendería a 3.881 millones de euros de 2022. Sin embargo, el gasto autonómico universitario de 2022 rondará los 8.562 millones de euros, una cifra estimada sobre el último dato disponible (2020) y con actualización normativa de las retribuciones de los empleados públicos.
En resumen, las CC. AA. ya han aportado, desde que recibieron los traspasos, un incremento de suficiencia financiera a la política universitaria de 4.681 millones de euros, un aumento del 0,34% del PIB de 2022.
Para mayor significación, este incremento de suficiencia del gasto universitario se ha producido en un contexto de estabilidad de los recursos no financieros del sector público autonómico que no han crecido significativamente en términos reales desde que se completó el traspaso de las competencias en 2003. Como muestra, estos recursos son, en el 2022, el 16,6 % del PIB, y acaban de superar tímidamente y a duras penas, los valores de 2009 (15,6 % PIB), antes del derrumbe que vivieron tras el impacto de la crisis financiera, a pesar de que debían financiar la sanidad, la educación y la dependencia.
Por ello, lo que dicen los datos es que las comunidades autónomas han realizado ya un notable esfuerzo de aportación de suficiencia de recursos públicos al gasto universitario.
Propuestas
Parece pues lógico, necesario y razonable, que sea el Gobierno central, que propuso la aprobación de esta Ley y que no ha consultado el objetivo de gasto público universitario con las comunidades (especialmente con los responsables de las haciendas autonómicas), el que proporcione muy mayoritariamente los recursos necesarios desde los fondos de la propia hacienda estatal.
Por todo ello, en nuestra personal opinión:
- No existe ninguna restricción competencial para que la Administración central pueda desarrollar programas sectoriales para financiar a las universidades. Atendiendo a las necesidades urgentes de costes de personal que la LOSU les exige, esta aportación es urgente y necesaria desde 2024.
- Tampoco existe ninguna restricción competencial para que financie a las comunidades autónomas con fondos estatales que permitan reequilibrar la desigual financiación (diferencias de más de 7o puntos porcentuales) por estudiante que transfirió a las mismas entre 1985 y 1996, asegurando la aplicación del principio de equidad en la provisión de un servicio público esencial como es el caso de la educación universitaria pública.
- Es de completa responsabilidad estatal garantizar una política de becas y ayudas al estudio que garantice la igualdad de oportunidades en todo el territorio español. Hoy estos fondos suponen, todavía, la mitad (0.10% PIB) de la que se aplica en la media de la UE a 27 (0.21% del PIB). Un déficit de más de 1.000 millones de euros.
- Y también es de plena competencia estatal impulsar la ampliación de la actividad, la excelencia y la relevancia internacional de la investigación universitaria española, así como promover la transferencia de conocimiento al tejido productivo, tirando también de los recursos empresariales, todavía mas alejados del comportamiento europeo que los públicos.
Se puede
Y todo lo anterior es perfectamente encajable en una financiación pública universitaria estatal y autonómica, que financie a las universidades atendiendo a sus resultados docentes y de I+D+i.
Esta ha sido nuestra propuesta desde hace ya décadas: incentivar la eficiencia institucional e incrementar sustantivamente los ya contrastados impactos positivos en la sociedad de la actividad universitaria actual.
Financiación de las universidades en el blog y en documentos y cuadernos de trabajo de Studia XXI.
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