La calidad de nuestras universidades
Las instituciones de una sociedad configuran la calidad democrática, el desarrollo económico y la cohesión social. Los sistemas democráticos requieren de instituciones fuertes, transparentes y responsables. Así lo establece la propia Agenda 2030 en su Objetivo de Desarrollo Sostenible nº16: existe la necesidad de crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas que refuercen el vínculo entre democracia, derechos humanos e instituciones fuertes.
La importancia de las instituciones
Si bien es cierto que el fenómeno de las instituciones ha venido estudiándose desde hace mucho tiempo, y sabemos de su importancia, su relevancia se hizo nuevamente latente en 2024, al otorgársele el Premio Nobel de Economía a los profesores D. Acemoglu, S. Johnson y J. Robinson por sus investigaciones sobre la formación de las instituciones y la forma en que contribuyen a la prosperidad de los países, por cuanto determinan ganadores y perdedores, condicionan el crecimiento económico, la desigualdad social y la estabilidad democrática.
Como afirma con claridad mi colega Fernández-Esquinas (2023; 2025) “una de las asunciones fundamentales de las ciencias sociales es que las instituciones importan”, pero, sin embargo, su abordaje conceptual es precisamente altamente complejo y ciertamente controvertido debido a la diversidad de enfoques teóricos y disciplinas que se han ocupado de este fenómeno – economía, sociología y ciencia política y de la administración-.
Entre las instituciones estratégicas, se encuentran las universidades, un sector estratégico por su contribución al desarrollo y al crecimiento económico, al bienestar social, y a la democracia. Una institución que produce efectos o impactos socioeconómicos en la capacidad de innovación de los países y en el progreso, dado que las universidades actúan como motores propulsores y facilitadores del cambio y la transformación social.
El desafío de medir la calidad en las instituciones de educación superior
Abordar la calidad de las instituciones de educación superior no es una tarea sencilla.
- En primer lugar, en los últimos tiempos se ha extendido el uso de ciertos términos que parecen apelar a lo mismo, aunque no lo hagan: `excelencia´, ´eficiencia´, `reputación institucional´, etc.
- En segundo lugar, la naturaleza de organizaciones complejas que poseen las universidades, y las singularidades que les rodean como consecuencia de las actividades que desarrollan y los modos en los que se organizan, también condiciona la aproximación que se hace a su calidad institucional.
- En tercer lugar, aunque la mayoría de los análisis académicos y profesionales que, por ejemplo, han abordado el Sistema Universitario Español, han señalado sistemáticamente la necesidad de invertir mayores recursos y acometer las necesarias reformas institucionales. Argumentan que la arquitectura y la gobernanza institucional importa (Benítez Amado, 2019), siguen siendo necesarias investigaciones empíricas que analicen en profundidad la calidad institucional desde un enfoque integral y comprensivo.
A ello se le unen limitaciones metodológicas como la falta de indicadores que permitan medir determinados aspectos relevantes de las instituciones y que permitan realizar comparaciones sistemáticas.
Una investigación sobre el papel que juegan las instituciones
Con esta motivación, colegas de la Unidad Asociada de I+D `Innovación y Transferencia de Conocimiento´ (Universidad de Córdoba-CSIC), han investigado empíricamente el papel que juegan las instituciones en el sistema de innovación, la educación superior, y la I+D estudiando las relaciones entre calidad de la gobernanza, valores y resultados. En la obra `El poder de las instituciones: la calidad institucional en el sistema de I+D y educación superior´ (Fernández Esquinas, Espinosa Soriano y Pedraza Rodríguez, 2025) se proporciona un marco teórico y metodológico robusto para el estudio de la calidad institucional. Presenta estudios de caso y comparaciones que exploran cómo funcionan las instituciones, qué las hace efectivas y cuáles son las barreras a las que se enfrentan.
En el marco de la interpretación que hacen estos investigadores:
“la calidad institucional puede ser entendida como la capacidad requerida para que las instituciones cumplan con cierta eficacia los objetivos para los que han sido creadas (…). Una mezcla de leyes, burocracias y políticas públicas diseñadas para conformar este sector de actividad. Los principales actores —organizaciones formales y algunos individuos y grupos— dependen de una estructura de oportunidades que, en algunos aspectos importantes, está condicionada por la historia y otros factores (situación geográfica, recursos naturales, económicos, etc.). Además, los diseños están ensamblados con los valores, las normas y los repertorios culturales, y con la maraña de relaciones sociales, influencias e intereses que surgen en torno a cualquier institución”. En definitiva, “los resultados que produce un sistema institucional de educación superior y ciencia (descubrimientos relevantes, conocimientos codificados en publicaciones, transferencia de tecnología, empresas innovadoras, servicios públicos intensivos en conocimiento, títulos académicos, habilidades de las personas, empleos de calidad, entre otras) están sujetos en buena medida a la influencia que ejercen algunos rasgos de las instituciones que van más allá de la ubicación geográfica, la agregación de actores participantes e incluso de los recursos invertidos”.
En este sentido, Jamil Salmi, conocido experto en sistemas de educación superior, en su célebre publicación `El desafío de crear universidades de rango mundial´, publicación del Banco Mundial (2009), señalaba tres condiciones institucionales, absolutamente engarzadas unas en otras: concentración de talento (estudiantes y personal docente e investigador); recursos abundantes (financiación adecuada); y gobernabilidad favorable (normativa adecuada, autonomía, visión estratégica, y cultura de excelencia).
La calidad universitaria: una visión compartida por múltiples actores
La calidad en el contexto universitario debe ser interpretada adicionalmente como el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que confluyen intereses, expectativas y valores diversos entre las distintas partes interesadas -sociedad y gobierno; responsables y gestores universitarios; profesionales académicos; y estudiantes y familias-, lo que provoca una diversidad de expectativas, percepciones e intereses acerca de la calidad en la Universidad. Nos une eso sí, un discurso retórico que reivindica que queremos universidades mejores, con investigación competitiva internacionalmente, buena docencia y con capacidad de transferir sus resultados a la sociedad.
La importancia creciente de la calidad y su evaluación (Mora Ruiz & Vilalta, 2011) se ha hecho más que evidente en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (e.g. Declaración de Bolonia, 1999; Declaración de Berlín, 2003; Declaración de Bergen, 2005). Ello unido a la creciente demanda social de transparencia y de responsabilidad que se espera también por parte de las instituciones universitarias, ha obligado a las universidades a desarrollar metodologías y sistemas internos de aseguramiento y evaluación de la calidad orientados a la mejora institucional.
Rankings universitarios: ¿reflejo de calidad o de reputación?
Las lógicas institucionales que subyacen a todos estos procesos conviven con las dinámicas que se derivan de la afluencia de los rankings comparativos de universidades que no deben ser interpretados como instrumentos que evalúan la calidad de las universidades, sino que más bien proyectan su reputación institucional.
Es decir, este tipo de comparaciones proporcionan información simplificada que permite observar y comparar el rendimiento institucional con una mayor transparencia (Hazelkorn, 2015), y como se sabe, la reputación, como impulsor del rendimiento, provoca que las instituciones que son examinadas reaccionen ante las amenazas a su reputación cuando se comparte con el público con organización similares información sobre el bajo rendimiento (Bevan & Fasolo, 2013).
La brecha entre los rankings y la comunidad universitaria
Aún siendo conscientes de sus múltiples errores metodológicos, los rankings ofrecen en el campo de la planificación estratégica una oportunidad a los responsables de las universidades y a sus instituciones para resaltar sus singularidades, sus fortalezas, los campos de conocimiento en los que son fuertes, los programas de estudio en los que brillan o en qué campos de conocimiento sobresalen en producción científica.
Sin embargo, toda esta realidad es, en muchas ocasiones, ajena al resto de actores involucrados. Los estudiantes, en el contexto español, por ejemplo, no parecen elegir la universidad dónde estudian en base a la información que proporcionan estos rankings sino más bien según criterios de proximidad.
Los profesores, por su parte, perciben mayoritariamente que todas estas transformaciones han derivado en un crecimiento de la burocracia administrativa (Bozeman & Youtie, 2019) que afecta claramente a su desempeño profesional, reduciendo la disponibilidad de tiempo que pueden dedicar a las actividades centrales -docencia, investigación y transferencia de conocimiento- y menguando sus niveles de bienestar personal y satisfacción con el ejercicio de la profesión.
La calidad de las universidades en el centro de la agenda pública en España
Por último, la cuestión de la calidad de las universidades en España también ha entrado en la agenda pública tras la intención del gobierno de reformar el Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, promulgado durante la etapa de M. Castells al frente del Ministerio de Universidades y sobre el que ya escribí en Universídad. En marzo de este año, precisamente en un acto público que se celebró en el Centro Asociado UNED de Madrid de Escuelas Pías, se hizo un alegato `en defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social´.
Esta propuesta de reforma institucional, cuya fase de audiencia pública ya terminó, se ha visto afectada desde el inicio por la polarización política que afecta a todo cuanto acontece en nuestro país, y ha sido interpretada por ciertos sectores (interesados) como un ataque al sector privado universitario, en tanto que promueve un endurecimiento de los requisitos para la creación y reconocimiento de las universidades.
Endurecimiento de los requisitos y garantías del sistema
Según el gobierno y lo establecido en la versión inicial de la norma, el proceso acelerado de expansión universitaria y de complejización del sistema y de las enseñanzas que se imparten (con una importancia cada vez mayor de las enseñanzas a distancia, híbridas y online) exige una reforma del ordenamiento legal que pueda encauzar el crecimiento del sistema en un contexto dinámico, innovador y garantista.
Así, la norma introduce una serie de medidas encaminadas a reforzar los requisitos de calidad en el proceso de creación, reconocimiento y autorización de las universidades, destinadas, precisamente, a “robustecer la confianza del estudiantado, de sus familias y del conjunto de la ciudadanía en el rigor de sus instituciones universitarias, en la calidad de los títulos que obtienen y en la excelencia de la investigación que se desarrolla en sus grupos de investigación, departamentos o institutos”.
Unas medidas que afectan por igual a las nuevas propuestas para crear o reconocer una universidad y a las universidades que ya están en funcionamiento. En este sentido, cobra notable importancia para el permanente aseguramiento de la calidad, y su mejora constante, el proceso de acreditación institucional de las facultades y escuelas.
Una oportunidad perdida y la necesidad de un debate de altura
A la espera de conocer lo que finalmente ocurre con dicha reforma, ante lo que ya tendré oportunidad de analizar en este espacio, lo lamentable de toda esta situación es que muy probablemente se nos escape una nueva oportunidad de regular y legislar acerca de nuestro Sistema Universitario en su conjunto, en una cuestión esencial como es la calidad institucional. Les aconsejo que revisen el diario de sesiones del Congreso de los Diputados (un ejemplo reciente la sesión nº 11 de la Comisión de Ciencia, Innovación y universidades celebrada en marzo de 2025, pgs. 16-19) para que comprueben el nivel del debate parlamentario y la profundidad de la conversación pública acerca de la Universidad entre nuestros representantes públicos.
¡Qué necesario es aquí también que nuestros parlamentos y gobiernos elaboren las políticas públicas en base a la evidencia científica disponible…!