La factura energética de la Universidad

Un problema y una oportunidad

Las Universidades españolas, como consecuencia de la actual crisis mundial que nos afecta, padecen un notable incremento de su factura energética. Ello las sitúa ante un escenario de, cuando menos, duplicación de sus gastos energéticos. Este contexto las ha obligado ya desde hace tiempo a impulsar diferentes medidas de ahorro que, hoy en día, se presentan como claramente insuficientes.

Ello hace que no pocos rectorados hayan aprobado o estén debatiendo diferentes planes de urgencia que incluyen, entre otras medidas, la reducción de horas de encendido de la luz y la calefacción, la racionalización de ciertos turnos y horarios relacionados con el cierre de edificios, o la aceleración de la instalación de LED y de placas fotovoltaicas.

El escenario del aumento del gasto del coste energético en las universidades, aunque ciertamente es una problemática, también puede verse como una oportunidad desde la perspectiva de su sostenibilidad para nuestros campus.

Planes de urgencia en el corto plazo

Fruto de la situación expuesta, cada universidad ha ido definiendo de forma individual su “plan de urgencia”. Ello responde a la evidencia de que todas y cada una de nuestras universidades tienen unas particularidades propias (pensemos, por ejemplo, que algunas son más modernas que otras, así como que no todas tienen la misma dimensión o encuentran sus campos sometidos a idéntico grado de concentración geográfica). Unos planes que, en palabras del ministro Subirats, deben acabar por convertir a las universidades en “refugios climáticos” que puedan contar con instalaciones a las que las personas puedan acudir cuando “sea necesario”.

Limitar el gasto

En esta línea, la UPV ha decidido limitar, temporalmente (mientras la temperatura ambiente lo permita), el funcionamiento de la climatización a la franja horaria comprendida entre las 10 y las 18:30 horas. Por su parte, la Universidad de Zaragoza ha prohibido los equipos de calefacción móviles y/o particulares tanto en despachos como en espacios de uso común, promueve la desconexión de las luminarias interiores de pasillos, baños o salas de uso múltiple, así como apuesta por el chequeo del apagado de cualquier aparato que no se necesite encendido al final de la jornada (piénsese, por ejemplo, en ordenadores, pantallas o regletas). Similares medidas se han implementado o implementarán en las universidades catalanas, madrileñas, gallegas, vascas o del resto de comunidades autónomas, pues los presupuestos no se pueden “estirar” más de lo que ya lo hacen.

Limitar el acceso

En algunos centros, incluso, ya empieza a plantearse la posibilidad de abrir o cerrar las facultades una hora antes (de hecho, esta medida sobrevenida bien pudiera servir para acabar con el sinsentido de dedicar a la docencia horas en que, por ejemplo, no pocos alumnos o trabajadores, según su lugar de residencia, ni siquiera tienen tiempo de llegar a la universidad en función de un horario de los trenes de cercanías en absoluto adaptado a algunas de las absurdas exigencias del Plan Bolonia y que, desde luego, poco o nada tiene que ver con una clara apuesta por la conciliación de la vida laboral), cerrar algunos servicios (algunas horas de biblioteca) o, inclusive, redirigir al profesorado, fuera de las horas de docencia presencial (a mantener por encima de todo), a su trabajo en sus respectivos domicilios (como es lógico, más fácil de implementar en disciplinas no científicas).

El porqué de fondo

Medidas todas ellas, que no pocos representantes de la clase política y los equipos rectorales se esfuerzan en vendernos como el paradigma de las políticas medioambientales y de sostenibilidad, pero que cualquier observador imparcial bien puede detectar que responden a la mera necesidad, en tiempos de crisis, de “ahorrar dinero”. Herramientas, desde luego útiles para limitar algunas facturas, pero que suenan a “parche” para ir “salvando los muebles”.

La concienciación acerca de las políticas de sostenibilidad en el medio y largo plazo

Sin perjuicio de las medidas de urgencia antes expuestas, lo cierto es que los campus universitarios españoles debieran aprovechar la coyuntura para tomar conciencia, de una vez por todas, acerca de la necesidad de reforzar e incentivar sus políticas de sostenibilidad en el medio y largo plazo. Concienciación, claro está, que debiera venir acompañada de una mejora sustancial de la financiación del sistema universitario en su conjunto, ya que las universidades no solo padecen unos paupérrimos presupuestos desde hace años, sino que también tienen complicado poder acceder, especialmente en tiempos de crisis, a la obtención de fondos extra que pudieran facilitar su financiación (una de las vías, ya utilizada, tiene que ver, por ejemplo, con la consolidación de “consorcios” de universidades que les permitan negociar “mejores precios de la energía”).

De este modo, progresivamente, los campus universitarios debieran poder enfrentar (con el soporte de las Administraciones respectivas) la generalización de la iluminación de bajo consumo o LED, la instalación de detectores de movimiento, la mejora del aislamiento de los edificios y sus cubiertas, la incorporación del cierre automático de las puertas, la apuesta por las energías renovables (placas solares), la construcción de plantas fotovoltaicas, y la inversión en aerotermia.

En cualquier caso, como el problema estriba en concretar quién “paga” dichas inversiones, bien haría nuestra clase política, de aquí y de allí, en esforzarse en diseñar planes de reforma energética para las universidades.

Planes a los que éstas pudieren acogerse sobre la base de unos fondos europeos que, hoy en día, no parecen especialmente bien aprovechados y/o repartidos.

¿Cuál es el escenario de futuro?

Estamos ante un problema que requiere soluciones inmediatas (el ahorro energético no puede esperar a la implementación de planes a medio y largo plazo de eficiencia energética). Soluciones que cada universidad debe diseñar e implementar fruto de su propia realidad y que, aun siendo impopulares para la comunidad universitaria en su conjunto, deben adoptarse sin demora (con sentido común, pero también fruto de una solidaridad universitaria para con el esfuerzo colectivo que en este complejo momento requiere el país).

Ahora bien, este problema no se arregla solo con estas pequeñas reformas “formales” que bien puede ocurrir que, pasada la “tormenta”, se reviertan (en particular, cuando haya elecciones dentro y fuera de las universidades); sino que debe ser aprovechado como una oportunidad para aprender la lección y asumir, de una vez por todas, que hablar de la Agenda 2030, de los ODS, de la emergencia climática y del ahorro energético es algo muy agradecido (en ocasiones, podría decirse, incluso, que demagógico), pero que, en verdad, sirve para muy poco si no somos capaces de diseñar, lo cual ya implica una reforma de fondo, una universidad “verde”, comprometida con el medio ambiente y, por supuesto, concienciada acerca de la importancia real, presente y futura, de sus políticas de sostenibilidad.