La formación del profesorado universitario novel: una exigencia a compatibilizar con su estabilización

El diseño racional de un proceso de formación del profesorado universitario novel debiera tomar en consideración tanto los conocimientos disciplinares que son propios de cada ámbito de conocimiento, como la necesidad de facilitarle a dicho colectivo todo un conjunto de competencias que le permitan afrontar, con seguridad, su desarrollo profesional en el ejercicio de la docencia universitaria, la política universitaria, la planificación y organización docentes, la evaluación de los aprendizajes, el manejo racional de las diferentes metodologías, la elaboración de los planes y programas docentes, la organización de las prácticas, y la familiarización con el diseño teórico e implementación práctica de los trabajos de final de grado y máster.

Es imprescindible que los profesores jóvenes dominen el contenido básico de su disciplina, así como también de aquellas otras que le son afines en un contexto, tan demandado, de interdisciplinariedad y transversalidad. Pero también lo es que estén familiarizados con aquellas competencias y habilidades orientadas a la profesionalización, tanto dentro como fuera del aula, de su tarea docente. Ambas exigencias, dependientes recíprocamente, deben cumplirse en paralelo a la elaboración por parte del profesorado novel de su tesis doctoral, la asunción de algunas tareas burocráticas y, en no pocas ocasiones, de algunas responsabilidades docentes directas. Si a ello sumamos la “precariedad” que les acompaña en su día a día, es fácil pensar que dicha formación docente debe organizarse desde el sentido común.

De ahí, precisamente, que el joven profesorado, además de adquirir conocimientos propios de su ámbito de conocimiento, también requiera ser formado en cuanto a la implementación práctica de lo que supone la “docencia universitaria”. En esta formación es obligado contar no solo con la participación activa de aquellos profesionales del ámbito educativo que, por ejemplo, en el caso de la Universitat de Barcelona, actúan de forma coordinada bajo el paraguas del Institut de Desenvolupament Professional-ICE; sino también de quienes, en cuanto profesores de amplia experiencia docente en un departamento universitario, debieran asumir el seguimiento y supervisión del proceso de formación de este profesorado, orientándolo en su recién iniciada práctica docente y guiándolo en el desarrollo de su trayectoria profesional.

Nadie puede poner en duda la exigencia, en el sistema universitario actual, de una adecuada formación “docente” del profesorado universitario. Otra cosa bien distinta es que dicha necesidad solo tenga sentido si estas obligaciones se compatibilizan con el reconocimiento de derechos que son propios de los investigadores en formación y, en especial, del derecho a su “estabilización profesional”. No son pocos los doctorandos que en condiciones precarias y con limitadas expectativas de futuro (vgr. emigrar al extranjero, obtener una paupérrima retribución bajo la tan extendida figura del “falso asociado”, o buscarse la vida con otros trabajos a tiempo parcial) no solo vienen obligados a desarrollar tareas administrativas, asumir docencia en grados y realizar su trabajo de tesis doctoral, sino que también se ven abocados a compatibilizar todo ello con otras actividades de investigación dirigidas a labrarse una suficiente actividad investigadora y de publicación, así como a realizar, en la medida de lo posible, estancias de formación en centros extranjeros. Si les añadimos a los jóvenes profesores también la exigencia, como así debe ser, de formarse a nivel docente, es bastante probable no solo que no lleguen a cumplir, con calidad, sus diferentes funciones, sino que también se vean empujados a cumplimentar su formación en el ámbito profesional de la docencia en unas condiciones que, lejos de ser óptimas, más bien parecen abocarles a ser “profesores orquesta”.

Por suerte, como es el caso de muchas y muchos compañeros, nuestra vocación y motivación nos hace poder (o creer poder) con todo. Pero no conviene estirar la cuerda más allá de lo razonable, no sea que la generación mejor formada, llamada a cubrir el ya inaplazable relevo generacional, termine por ser, por desgracia, la “generación mejor quemada” por el propio sistema. Ya es hora de acabar con los defectos que son propios de la carrera investigadora: falta de oportunidades de investigación, insuficientes contratos postdoctorales que originan un inaceptable “cuello de botella” para quienes se han esforzado en formarse, temporalidad, y penalización de un “talento interno” en el que, aun cuando mucho menos de lo deseable, se ha invertido tiempo y dinero por el Estado y las universidades.

Conviene apostar, si de verdad creemos en el futuro de una sociedad del conocimiento, por garantizar a nuestros doctorandos y profesorado novel un horizonte mínimamente razonable de estabilización en una carrera en la que, por descontado, también conviene no perder de vista la conveniencia de adoptar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar; la necesidad de contar con un transparente sistema de puntuación desglosado por méritos aplicable a cada etapa (programa tenure track) y de aplicación automática para aquellas y aquellos jóvenes investigadores que “hayan hecho bien sus deberes”.

A todo ello viene a contribuir la reciente aprobación, en fecha de 1 de marzo de 2019, del Estatuto Predoctoral en Formación (EPIF). Sin duda, la promulgación de este texto supone un pequeño, pero importante, paso hacia adelante para el profesorado novel en la medida que el nuevo estatuto aporta seguridad jurídica para algunas de las que venían siendo sus reivindicaciones tradicionales (distribución y limitación de su carga docente así como fijación de baremos mínimos anuales de retribución con los que poner fin a las desigualdades económicas que sufría este colectivo como consecuencia de la pluralidad de contratos predoctorales). Sin embargo, nos encontramos ante una nueva oportunidad perdida por cuanto el nuevo estatuto nada especifica sobre las actualizaciones salariales anuales (a diferencia del resto de colectivos universitarios), ni tampoco recoge expresamente la indemnización en caso de extinción de contrato (siendo una de las pocas figuras contractuales que, a día de hoy, no tiene reconocida tal garantía). No puede esperarse que la promulgación del EPIF, por más que intente garantizar y homogenizar los derechos de tan trascendental colectivo en aras al futuro de la universidad pública, suponga el correctivo definitivo con el que paliar la larga carrera de obstáculos que debe sortear el profesorado novel, si antes no se adoptan planes de mejora conjuntos y estructurales dirigidos a todo el sistema universitario. Exigir “excelencia” en un contexto que la penaliza no es de recibo y, desde luego, es tan injusto como inaceptable.