La inversión material continua en caída libre en las universidades públicas españolas

Con la aprobación de la Ley Orgánica  11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, se inicia la descentralización competencial de la enseñanzas universitarias. El esfuerzo financiero público que durante veinticinco años (1985-2010) ha impulsado la descentralización en España para posibilitar la democratización de la enseñanza universitaria ha sido muy importante en su cuantía y generalizado en el territorio. Aunque solo conocemos parcialmente el valor del stock de capital acumulado en inversiones materiales en el transcurso de los años mencionados, no puede negarse las valiosas  transformaciones que han experimentado los campus universitarios  en su desarrollo urbanístico y en sus equipamientos docentes e investigadores. El gasto en inversiones materiales es condición necesaria, aunque no suficiente, para procurar la calidad de los servicios universitarios que muestran una acusada aversión a la obsolescencia de las infraestructuras y, en consecuencia, una exigencia permanente en pos de la renovación. Relajar el esfuerzo presupuestario en inversiones materiales implica asumir pérdidas en la capacidad competitiva de las instituciones universitarias, lo que, a medio plazo, puede redundar negativamente en el crecimiento de la actividad económica y en el bienestar de la sociedad española.

Los datos de los informes  La Universidad Española en Cifras, de CRUE Universidades Españolas, referidos al periodo 2000 a 2015 (véase cuadro 1), muestran como progresivamente se ha ido estrechando la participación del gasto en inversiones materiales (equipamiento, mobiliario, instalaciones, construcciones, etc.) sobre el total del gasto anual de operaciones no financieras de los presupuestos liquidados por el conjunto de las universidades públicas presenciales.

Cuadro nº1. Universidades Públicas Presenciales. Evolución de las magnitudes de gastos, alumnos de enseñanzas oficiales y PDI. Años 2002 a 2015.

La presencia de la crisis económica y la aplicación de políticas de  austeridad fiscal a partir del año 2010, ha obligado a los gestores universitarios a recortar con especial agresividad las rubricas de gasto específicas de inversiones nuevas y de reposición de edificios, instalaciones y equipamientos que multiplica por 5,6 y 10,9 los descensos experimentados por el conjunto de los gastos corrientes y de las operaciones no financieras en los años 2010 a 2015, respectivamente. Las cifras representativas de cada una de estas modalidades de gasto evidencian como en su evolución más reciente las inversiones materiales que el año de máximos suponían el 11,74% del gasto de operaciones no financieras (2008),  han soportado el 64,1% del total de los recortes sufridos por el conjunto del gasto universitario en los años 2010 a 2015.

La reducción de los gastos en inversiones materiales, a diferencia de la aminoración en los gastos de personal,  resulta una decisión relativamente pacifica para los responsable universitarios, por lo que resulta más fácil de aplicar dado que no tienen impacto social y no son un compromiso de gasto ineludible e inaplazable. Sin embargo, sus consecuencias no son neutras para el desempeño de las actividades universitarias en las que renovación de equipos e incorporación de avances tecnológicos, son una exigencia para mantener la competitividad institucional.

La drástica caída apuntada en el gasto de inversiones materiales tampoco ha sido compensada por un aumento destacado de los gastos en reparaciones, mantenimiento y conservación (artículo 21 de la clasificación económica de gastos) de las universidades públicas presenciales. La lógica productiva y económica nos dice que ante una acumulación importante de capital físico como la que durante años se ha venido registrando, seguida de un pronunciado descenso en su renovación, los presupuestos de gastos destinados a garantizar la plena eficacia del capital físico disponible deberían ofrecer claros signos de crecimiento. Sin embargo, no es este el perfil que luce esta modalidad de gasto que, en los años de crisis económica, no ha modificado su tendencia  (ver cuadro 1).

Igualmente, resultan notorias las diferencias observables en la evolución del gasto en inversiones materiales y los registros correspondientes a la demanda académica y al profesorado universitario, con lo que se produce un claro deterioro del esfuerzo inversor por alumno  y por profesor en los años de techo y suelo de la cifras del gasto en inversiones materiales. En concreto, el gasto en inversiones materiales por alumno universitario ha pasado de 972 a 367 euros y el gasto por profesor de 13.420 a 5.284 euros en los años 2008 y 2015, respectivamente. Mermas tan intensas en el gasto en infraestructuras universitarias lastraran, muy probablemente, a medio plazo las potencialidades productivas de las universidades, tanto en lo concerniente a la calidad de la enseñanza recibida por el alumnado como en el desempeño funcional del profesorado.

Gráfico 1: Gasto en inversión por alumno y por PDI (ETC), en universidades públicas. Euros.

El gráfico 2 nos ofrece información de la evolución seguida por el indicador de esfuerzo en inversiones materiales sobre el gasto de operaciones no financieras de los años 2000, 2008 y 2015 a nivel de Comunidades Autónomas y para el agregado del total de las universidades públicas presenciales. A nivel de Comunidades Autónomas, salvo La Rioja que ha registrado aumentos (43,72%), todas han visto reducirse el esfuerzo en el gasto en inversiones materiales durante los años 2008 a 2015, siendo especialmente reseñable las caídas sufridas por las universidades públicas de las CC. AA. de Aragón (-96,76%); Navarra (-82,82%); Valencia (-81,19%) y Canarias (-80,86%).

Gráfico 2. % de gasto en inversiones materiales sobre el gasto en operaciones no financieras. Universidades Públicas, por Comunidades Autónomas, 2000, 2008 y 2015.

La presencia de los diferentes comportamientos que muestra el gráfico, además de evidenciar la heterogeneidad de las decisiones de gasto que concurren en el agregado de las universidades públicas presenciales, puede ser explicada, de una parte, por el hecho objetivo de los  distintos niveles de necesidades iniciales y por las diferencias observadas en las variaciones registradas en el transcurso de estos años en las magnitudes reales  representativas de sus actividades docentes e investigadoras. Por otra, por la ausencia de patrones compartidos de financiación que asignen objetiva y equiparablemente los fondos requeridos para la dotación y renovación de infraestructuras universitarias. En estas circunstancias, y con el común denominador de la caída ininterrumpida del esfuerzo inversor en infraestructuras, es más que probable que en más de un centro universitario público se esté por debajo del límite técnico que permite mantener el adecuado funcionamiento de los  equipamientos e infraestructuras, y, en definitiva, de sus servicios académicos.