La universidad sin ley (segunda parte)

Si (los partidos políticos) llegan a entender que el problema de la educación nacional no es un problema de un partido, sino que pide el esfuerzo de todos (y aun así será bien poca cosa para lo que hemos menester) sobre la base de la más serena y honrada neutralidad doctrinal, política, religiosa, de todas clases, que va, poco a poco, procurando realizar las soluciones comunes, apremiantes y universalmente aceptadas, y trabajar por venir sobre el resto a análoga concordia; si propaga el afán por las cosas de sustancia, sólidas y prudentes, y el desvío por las ruidosas, cursis y brillantes, de que hoy, tanto unos y otros, por desdicha se prendan; si mueven a cada cual para que aporten a la empresa común su contingente de ideas, de acción, de adhesión, de dinero; si se resuelven en conciencia a renunciar al vértigo de las soluciones improvisadas y efímeras, que apenas logran sino aumentar la inquietud; si enseñan que, para todo esto, hay que aprovechar la experiencia de otros pueblos, y no sólo de los que van al frente, sino de aquellos que, apartados como nosotros, unos más, otros menos, de la corriente central de la historia, han sentido con mayor indomable energía el ansia por ganar rápidamente lo perdido, y lo han ganado; si no se dejan contagiar por el sofisma de nuestra pobreza, hija primogénita de nuestro decaimiento, y con la que se quiere encubrir la falta de virilidad y de brío para salir de estas desdichas, recogerán al cabo algún bien entre tanto esfuerzo vano, consumido en sus luchas, que nuestra miseria hace a un tiempo inevitables y estériles.

Francisco Giner de los Ríos. Escritos sobre la universidad española

Una Universidad al servicio de la sociedad y de la ciencia

La irrupción en el Consejo de Ministros, por primera vez en la historia, de una voz con competencias exclusivas del ámbito de las universidades, y el nombramiento para este puesto de uno de los científicos sociales más relevantes de España, más allá de polémicas, presagiaba un debate de altura intelectual y calado social sobre el futuro de la universidad, además de suponer una declaración de intenciones sobre el papel que se pretendía asignar a esta institución en el debate sobre el futuro del país.

Las propuestas del ministerio se han visto recogidas hasta este momento, en el documento la “Estrategia programática del Ministerio de Universidades”, de enero del 2021, denominado, “Una universidad al servicio de la sociedad y la ciencia”, que contiene diez apartados, titulados “políticas institucionales”, en los que se reivindica un marco normativo estable.

Un documento recomendable

Resulta difícil valorar la estrategia del Ministerio por el desconocimiento del protocolo seguido para su elaboración y aprobación, así como de la naturaleza de los participantes que han intervenido en su elaboración.

Singularidad

En primer lugar, el asistemático desarrollo de las propuestas, así como la falta de una motivación o de los datos o informes que los soportan, hace muy complicado comprender y analizar tanto la relevancia de sus objetivos como la coherencia de “las políticas institucionales” recogidas. Lo que sí podemos destacar es la singularidad de la “Estrategia programática”, en relación con otras declaraciones institucionales recientes con una pretensión semejante. Así, podemos citar las conclusiones del Consejo Europeo “European Universities” de 2018,  las “Diez recomendaciones de los ministros europeos de educación superior del EEES”, aprobadas en Roma el 19 de noviembre de 2020, la Declaración de Salamanca  en el ámbito del “IV encuentro Universia de rectores Iberoamericanos de 2018”, la propuesta de la CRUE “Universidad 2030. Qué sociedad queremos dentro de diez años” en octubre de 2020, el informe sobre “Situación y retos de las universidades españolas” de la Conferencia de Consejos Sociales y la Red Fundaciones Universidad Empresa, de 2020, o (en 2017) el informe “Reformas urgentes del Sistema Universitario Español”, promovido por la Junta de Castilla y León, de 2017.

Diferenciación

En segundo lugar, la “Estrategia programática” difiere de las propuestas de cambio promovidas por administraciones anteriores que han venido precedidas de estudios, los cuales, al margen de las lógicas discrepancias ideológicas o formales, servían de sólida referencia para el debate. Así ha sucedido desde el “Informe Bricall” o “Universidad 2000”, pasando por el estudio internacional “Informe Tarrach. Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana” de 2011, la precisa “Estrategia universidad 2015” “Contribución de las universidades al progreso socioeconómico español 2010-2015”, orientada a la convergencia con la Unión Europea, o las “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español” de 2013 cuya redacción ocupó una legislatura sin llegar a concretarse en una propuesta normativa.

Además, en nuestro país, disponemos de un relevante número de instituciones universitarias y de la sociedad civil , por ejemplo, el programa de trabajo Studia XXI, del que forma parte este blog, que reflexionan sobre la universidad y producen con regularidad estudios de gran calidad.

¿Falta de concreción?

Por último,  en “las política institucionales” recogidas en la “Estrategia programática” se diluyen algunos de los temas identificados como claves por el ministro, en su primera intervención en el Congreso, como son la reforma moral, la necesidad de un “Pacto por la Universidad” y la convocatoria de unos “Estados Generales Universitarios”, como soporte de la futura ley, la prioridad de acabar con la precariedad del profesorado y la elaboración de un estatuto del personal docente e investigador, la lucha contra el abandono del estudiantado, la amenaza de las universidades virtuales, la imprescindible contabilidad analítica o la revisión del papel de la ANECA.

La Universidad que queremos

En el marco de la “Estrategia programática”, el Ministerio de Universidades ha remitido, en el mes de febrero, a los principales actores una  “Consulta sobre la Ley Orgánica de Universidades. La Universidad que queremos”. La consulta pretende recoger, durante el proceso de elaboración de la nueva ley, la opinión de los principales afectados.

Otro documento recomendable

El proceso de participación vs las disposiciones inmediatas 

En relación con este texto, cabe destacar que cuesta encontrar una correlación, tanto en su organización como en sus contenidos, con la “Estrategia programática”, pese a su proximidad temporal y vocación de complementariedad.

Otro elemento importante para poder valorar la consulta lanzada por el ministerio sería conocer el protocolo previsto para articular la participación.

La formalización y publicación del proceso de participación, pese a sus riesgos políticos y complejidades técnicas, es una condición crítica; sin duda, la mejor medida de la voluntad de promover un proyecto de transformación de la Universidad.

Llama la atención que el ministro, en su comparecencia en Congreso de los Diputados de febrero 2021, anunciara cinco ámbitos determinantes del sistema universitario que serán regulados por disposiciones gubernamentales de manera inmediata y, por lo tanto, sin el marco de acuerdo y propósito general que debería suponer la LOSU.

  1. La creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, regulada por el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo.
  2. La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, regulada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre
  3. Los requisitos y el procedimiento para la homologación, regulados por el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
  4. El reconocimiento de cualificaciones profesionales, en transposición de la directiva 2005/36/CE, y los criterios y estándares de evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas ya regulados en la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades.
  5. El proyecto de ley de convivencia universitaria que derogará el vigente Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica.

El cronograma de la ley 

Sin entrar en la calidad técnica y el contenido ideológico de las medidas recogidas en estas disposiciones, genera cierto desconcierto que los desarrollos reglamentarios, en ámbitos relevantes, se produzcan con anterioridad a la aprobación de una ley que tiene vocación de transformar el marco general del sistema universitario.

Cabe destacar que el documento que sirve de soporte a la consulta recoge la idea que “Desde el Ministerio de Universidades hemos identificado, en una fase de estudio y diagnóstico previo, cinco bloques fundamentales… para nuestra universidad y su progreso y modernización”, pero estos estudios y los diagnósticos no acompañan la comunicación. Sería de gran interés conocer cómo se han identificado las preguntas que definen los temas a tratar y determinan las conclusiones. Sin la construcción abierta y colaborativa de las preguntas es difícil reconocer un proceso como participativo; de manera especial, si estamos trabajando con instituciones del conocimiento como son las universidades. Estas prácticas participativas están asentadas en su funcionamiento ordinario, valga como ejemplo la experiencia de la Universitat Oberta de Catalunya.

La estructura de la consulta 

En cuanto a la estructura de la consulta, cada uno de los cinco ámbitos (Gobernanza, financiación, docencia e I+D, estudiantes y PDI) en los que se articula, responde a una lógica distinta en la presentación de sus objetivos, antecedentes y marco normativo, y preguntas y debates.

La lectura del documento evidencia la dificultad para conocer los términos en los que debe realizarse la aportación solicitada.

La complejidad para sistematizar las contestaciones y poder extraer conclusiones generales se presenta como extrema. Por otra parte, los ítems propuestos para el diálogo tienen como característica fundamental su continuismo. Los retos identificados para la consulta son los que vienen presidiendo el discurso institucional sobre la universidad española en las últimas décadas; un planteamiento esencialmente organizativo, una ambición a corto plazo e incrementalista, y una visión localista.

Un pacto social por la Universidad

La universidad española presenta contradicciones estructurales, financieras y funcionales que comprometen su lugar en la sociedad, y con ello el Estado Social y Democrático de Derecho propio de una Sociedad del Aprendizaje (como en la que vivimos). En este contexto, el conformismo, que nos conduce irremediablemente a la polarización social y al deterioro institucional, no es una opción.

La universidad, en tanto que institución está inmersa en una profunda autorreflexión sobre su condición, en un mundo altamente globalizado, crecientemente dependiente de la tecnología y sujeto a cambios acelerados e inciertos, como  el actual. Cada país, en nuestro caso, casi cada Comunidad Autónoma, tiene su modelo de universidad, por más que añoremos un Espacio Europeo de Educación Superior.

Corresponde a cada Estado recorrer su camino, y en consecuencia, dotar a sus universidades de los recursos necesarios, así como establecer un marco regulatorio que posibilite que, desde la autonomía que las define, atiendan las nuevas demandas a las que se enfrenta la sociedad. Los posibles términos de este acuerdo son tan amplios como demandas tiene la sociedad, y los modelos de gestión aplicables, tan numerosos como sistemas universitarios hay.

Los valores que fundamentan el diálogo

Una conversación honesta en la que se promueva la esperanza y la movilización de la universidad debe estar mediada por los valores que le son propios: rigor, apertura, valentía y cosmopolitismo.

Los programas electorales y las consignas partidistas, por muy legítimos que sean, no pueden determinar el diálogo. La atracción de la atención y la generación de expectativas conlleva inevitablemente riesgos, pero serán en estos donde se medirá el compromiso respecto al bien común y la competencia de los gestores.

Escuchar

Por encima de todo, necesitamos escuchar a los afectados para comprender qué está pasando en el sistema universitario español, y de manera muy especial, a las personas que forman parte de él. Sólo así podremos evaluar si la desestructuración y el desfase de las plantillas de personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, la insuficiencia del sistema de financiación, la preponderancia de las agencias de calidad, la ruptura de los ámbitos territoriales en la actividad, la programación de las administraciones regionales, las carencias en la profesionalización de la gestión, las dificultades para incorporar las demandas laborales a la oferta formativa, el diseño para las personas, la concurrencia imperfecta entre universidades públicas y privadas, la imprecisión en la noción de servicio público universitario o las limitaciones de la internacionalización, están conduciendo a la Universidad española a una peligrosa situación de desconcierto.

Compartir

Como necesitamos compartir muchas respuestas para desentrañar la retórica de la endogamia, la supuesta autonomía financiera y su impacto en la autonomía universitaria, la responsabilidad en la fijación de precios públicos, la idealización de la equidad en el acceso y permanencia, la movilidad con la formación profesional, las barreras para las prácticas, el impacto del distrito único, el interés general de los centros adscritos, la homogeneidad de las universidades, los límites de un sistema nacional, las contradicciones de la universidad investigadora, las dudas de la contabilidad analítica, los incentivos al individualismo académico, la neutralidad política, la honestidad académica, la proliferación de universidades, la regulación unitaria de la figura de Universidad, la presencia de las empresas en los campus o la insuficiente transferencia de tecnología y compromiso con la competitividad económica.

Es una evidencia que el sistema universitario español se encuentra en un momento que no es banal calificar de complejo y crítico, una situación que demanda transformaciones urgentes y profundas en su organización y funcionamiento.

Un marco global de reflexión

El debate nacional estaría desvirtuado si no lo integramos en la reflexión global en la que se encuentra la Universidad como institución.

La irrupción de nuevos operadores en la educación superior, la globalización de los mercados y la lucha por las élites nacionales; los nuevos públicos, el cambio cultural generacional, la revoluciones demográficas, la fusión de universidades, la quiebra de los monopolios estatales en la acreditación de competencias profesionales; la hibridación de todos los procesos de aprendizaje, las humanidades digitales; la precarización de los académicos, la apertura del conocimiento, la soberanía académica y tecnológica; la ciencia regulatoria, el multilingüismo en la ciencia; la libertad de expresión y lo políticamente correcto, la neutralidad política; la prestación de servicios sociales y culturales a la sociedad, la atención de la salud mental de la comunidad; la promoción de la innovación social, los compromisos con los ODS; la condición de motor de desarrollo económico endógeno o de laboratorio de políticas urbanas;la reivindicación de una universidad calmada o el carácter ineludible de la universidad en red, todo ello está cuestionando el concepto de Universidad como no sucedía desde la revolución de Humboldt.

Es prioritario reflexionar sobre los fundamentos de la universidad que queremos; sobre la emergencia de una Universidad capaz de romper con la dicotomía de mundos antagónicos y de contribuir a “la ardua ciencia de saber vivir bien”, en palabras del humanista renacentista Michel Montaigne.

Confundir la universidad con un lugar de tránsito hacia la consecución de un título que podría abrir las puertas al mercado laboral, por donde los individuos pasan de manera casi anónima y solitaria, sin experimentar la vida universitaria, sea cual sea su edad, ignora el sentido de la Universidad y condena a la irrelevancia y al empobrecimiento a la sociedad que la ampara.

Necesitamos construir una propuesta en la que la Universidad sea sostenible, y reconocida, y como tal, parte activa en la sostenibilidad global.

Permitir la degradación de la trama ecológica de la que depende la universidad, por complicada que llegue a ser la situación del país, también es un atentado ético contra las futuras generaciones.

Recuperar la confianza en la universidad

En España, las respuestas para superar las contradicciones y los desafíos de la Universidad, con demasiada frecuencia se plantean desde la desconfianza en la institución, incluso en los miembros de la propia comunidad universitaria. Se ofrecen soluciones enfocadas a un mayor control administrativo externo, a una mayor burocratización de la autonomía, en lugar de buscar propuestas radicales dirigidas a definir y potenciar los ámbitos propios de la autonomía, así como a mejorar los estímulos y condiciones de su ejercicio y la rendición de cuentas.

No podemos olvidar que la autonomía universitaria ha sido definida por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental que protege la actividad de la Universidad en la defensa del interés general, dentro de un marco institucional excepcional que limita la capacidad de intervención de las administraciones que la regulan y financian.

La autonomía es la condición necesaria para poder desarrollar la función natural del estudio, así como la creación y difusión del conocimiento, al igual que; la garantía de la libertad académica sin la cual la universidad pierde su esencia.

Reapropiarse de la autonomía es el único camino que da sentido a la transformación de la Universidad. Sólo así el aire de las universidades nos ayudará a ser libres en un mundo cada vez más amenazante para la dignidad de las personas.

Sin duda, después de cuarenta años de la LRU, es necesario alcanzar un nuevo marco legal construido desde la esperanza y la confianza, capaz de superar debates estériles y de responder a los desafíos de la emergente sociedad del aprendizaje. Un acuerdo social y una regulación que profundice y desarrolle el derecho a la Universidad, entendido como un derecho colectivo a saber, a investigar y a aprender.

Disponemos, por primera vez, de un Ministerio de Universidad, unos fondos extraordinarios para soñar el futuro, una comunidad universitaria competente y deseosa de aportar al bien común y, sobre todo, una sociedad que aprecia la Universidad, a la vez que demanda, de manera creciente, formación de calidad y conocimiento científico como soportes de la prosperidad y como garantes de la equidad.

Tenemos ante nosotros el reto ineludible de hacer la mejor ley posible.

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