Univerdad

Una conversación pública sobre la universidad española en clave afirmativa y crítica, desde la independencia y el rigor intelectual

La URJC, las que se sientan aludidas y el resto

Acabo de escuchar en una entrevista al presidente de la CRUE. Me he enterado así de que los rectores están solicitando al ministerio una nueva ley universitaria. Esa que va a solucionar los problemas que la normativa vigente no es capaz de arreglar. Confío no demasiado en las leyes. Diría que conforme avanzan mis años cada vez menos. Y aún menos en las leyes universitarias. Porque la universidad española vive tan atosigada por normas y leyes, que los universitarios necesitamos en ocasiones bombonas de oxígeno para poder funcionar. Una nueva ley que se añade a las anteriores. En el caso de que finalmente se apruebe esa ley, -haré peregrinaciones a Lourdes para que no ocurra-, universitarios, échense a temblar. A mí, desde luego, a estas alturas de la vida no me va a pillar. Llevamos haciendo leyes universitarias desde el pleistoceno. Cada ministro se saca de la manga la suya. Hemos estado entretenidos durante décadas con cuestiones que tendrían que ser marginales, en lugar de centrar nuestro trabajo en enseñar con un poco de sentido común –nada que ver con cursillitos de pedagogía, ni con rellenar formularios sin fin– y en investigar en nuestras áreas de conocimiento. Los intentos de adaptación a las sucesivas modificaciones de la normativa nos han llevado a una situación de cansancio y agotamiento generalizado. Pues viene otra. Leviatán es insaciable.

El presidente de la CRUE había sido llamado a la radio a cuenta de lo que está sucediendo en la URJC, esa universidad que viene echando lodo sobre el sistema universitario español desde hace años, sin que la CRUE, escudándose en el respeto a la autonomía universitaria, intervenga para nada. Comenzó con el rector plagiador, a quien la CRUE sí que invitó a dejar su puesto en la conferencia, cuando se descubrió el pastel. Parece que ahí se decidió no respetar la autonomía. Ahora hay otras cosas mucho más graves: el regalo de títulos es un grado extremo de corrupción en la universidad, porque pone en cuestión todo el sistema. Y ahí están pringadas muchas más personas de las que han salido hasta ahora. Muchos más lo sabían. Permitir a este tipo de “institutos”, como el de marras, tener un CIF propio al margen del de la universidad solo es posible si tiene el visto bueno no ya del rector, sino de gerencia, de los servicios de contabilidad y probablemente de los servicios de control interno (si existen en esa universidad y sirven para algo). A no ser que todos sean unos inútiles. Tener un CIF diferente es lo primero que salta en cualquier sistema, como bien sabe cualquiera que haya tenido un cargo en la universidad. Todo el desaguisado está saliendo a la luz ahora. ¿Y la CRUE, nada tiene que decir, por muy presunta que sea la culpabilidad de los implicados, con el hecho de que una universidad que forma parte de esa asociación regale títulos?

La CRUE se creó para discutir problemas de política universitaria, esas cuestiones comunes que preocupan a los responsables universitarios. Pero no ha dicho nada, nada serio, con la aplicación desastrosa del llamado proceso de Bolonia que se ha hecho en España. Hemos estado años enmarañados entre papeles absurdos e inútiles, mientras la CRUE asentía y coordinaba “acciones de interés común en temas de política universitaria”, como indica su misión. Lo de Bolonia no tenía interés común o no se refería a política universitaria. Después, cuando saltó el tema del instituto de la URJC, la CRUE nombró a dos observadores externos, desconozco si saltándose lo de la autonomía de nuevo, para investigar lo que en aquel entonces publicaba la prensa. Debieron llegar, quizás a alguna conclusión. Alguien lo sabrá.

Y ahora viene lo de los títulos regalados: la CRUE sigue callada y prefiere centrarse en temas de política universitaria más general, mientras un manto de sospechas se va extendiendo sobre el resto de las universidades. Aunque, afortunadamente, lo que ha sucedido en esa universidad resulta difícil de concebir que suceda en otras, porque denota, entre otras cosas, una imperdonable falta de control y una indolencia institucional. Por supuesto que hay másteres buenos, medianos y malos. Por supuesto que hay profesores buenos, medianos y malos. Por supuesto que hay profesores que tienden a aprobar o a hacer la vida imposible a un estudiante usando criterios poco académicos. Aquí y en todas partes desde Cicerón. Es la esencia humana. Pero eso no es la tónica para nada y refleja más bien una desgraciada excepción. Por supuesto que hay también estudiantes buenos, medianos y malos. Como en toda actividad. En la universidad y fuera de la universidad. Pero el hecho de que, de forma directa o más disimulada, se intente meter a todo el mundo en el mismo saco a raíz de lo sucedido en la URJC debería ser motivo de máxima preocupación en la CRUE. No parece que lo sea, porque defender el sistema y la actividad del conjunto de universidades implica denunciar de forma clara y vigorosa, pidiendo responsabilidades por ese mal uso de la autonomía, con nombre y apellidos, a cualquier universidad que contribuya, mucho o poco, al desprestigio de las demás. La CRUE tiene un problema que le afecta de forma directa.

Algunos medios piden más controles e indican que el Consejo Social es el órgano adecuado para hacerlo. El Consejo Social es un curioso órgano que sería de suma utilidad, como sucede en muchas partes del mundo, si la sociedad –si los agentes sociales que aparecen en las fotos de inauguraciones varias– se tomase en serio a la institución. Pero en la práctica, y en lo que se me alcanza (aunque seguro que también hay excepciones) sirve fundamentalmente para, en el ejercicio de sus competencias, añadir un paso más en la burocracia universitaria, sin tener, eso sí, ninguna responsabilidad práctica en las decisiones que adopta. ¿Cuántas veces se le han pedido cuentas públicas a un Consejo Social? Si un rector no aprueba el presupuesto a tiempo puede tener problemas personales serios. Si los presupuestos son paralizados en el Consejo Social, nada pasará porque nadie sabrá siquiera el nombre de su presidente. ¿Alguien piensa que el escueto acuerdo, del pasado 10 de mayo, adoptado por el CS de la URJC es suficiente?: “Solicitar una auditoría económica y financiera de la Universidad Rey Juan Carlos y de sus entidades dependientes y una auditoría de los procedimientos de las mismas. Solicitar que estas auditorías se realicen por entidades especializadas y de reconocido prestigio”. Nada, ninguna fundamentación, ningún detalle adicional. Ninguna información procedente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que emitió su último informe, correspondiente a 2010, el 31 de enero de 2013. Todo parece sugerir que no existen más auditorias en años posteriores y no se sabe qué ha pasado con la solicitada en mayo. Solo consta que la URJC ha sido incapaz de aprobar en plazo (28 de junio) sus cuentas.

A pesar de ello, me niego a creer que esa situación se pueda generalizar. Creo que la mayoría de las universidades públicas son auditadas por entidades independientes y por tribunales de cuentas oficiales. La mía, desde luego, con carácter anual desde los años 90. Se puede criticar a la universidad. Se deben pedir cuentas a la universidad. Pero, por favor, que no metan en el mismo saco a la mayoría de las universidades, que sí cumplen dentro de parámetros más que aceptables. Eso es ya demasiado. Esperaba que la CRUE lo hubiera dicho.

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Comentarios
  1. miguel arranz dice: 20/09/2018 a las 09:57

    Es agradable ver que exista un foro donde se pueda publicar sin cortapisas la verdad de lo que pasa. Estando de acuerdo con el contenido de fondo, que es que esta universidad ha estado fuera de control, creo que caben tres posturas con el que afrontar la situación: la primera, la más recurrida frente a las crisis institucionales, ponerse de perfil y dejar que pase el huracán (CRUE). La segunda, rasgarse las vestiduras, sacar el lanzallamas, escupir a toda una institución y que, tal vez, sirva de ejemplo, y, tal vez, sirva para mejorar las cosas. La tercera, ponerse en la piel de miles de estudiantes y profesores que no tienen nada que ver con estas vergüenzas, asumir la culpa como sistema universitario, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y establecer unos criterios comunes, ejemplares, con los que combatir las corruptelas… No todos estamos en el mismo saco, es verdad, pero sí pisamos el mismo suelo, y este está lleno de socavones que necesitan ser reparados. Empieza a ser bastante perceptible en el ambiente del profesorado, en eso estoy sumamente de acuerdo, un hastío generalizado, y que no tiene nada que ver con estos casos de corrupción, sino más bien por burocracias, acreditaciones flagrantemente mal planteadas, etc… El problema es que nadie cree que la CRUE vaya a solucionar nada (y menos de perfil); veremos si este nuevo ministerio es postureo o no…

  2. Antonio dice: 20/09/2018 a las 12:55

    Como sufridor de la URJC me permito señalar que la CRUE es un lobby privado, mientras que el Consejo de Universidades es el órgano público que figura en la LOE y al que pertenecen todas las Universidades. Pero a las Universidades públicas no les gusta que les presida el ministro del ramo, porque les encanta el descontrol. Cada vez que se pide más rendición de cuentas y controles del gasto del dinero público en las universidades, todos los rectores, y ayer mismo el presidente de la CRUE en entrevista en el diario El País, piden más y más autonomía… pero sin responsabilidad y sin rendición de cuentas. Lo que quieren es hacer de su capa un sayo y poner un felpudo en la entrada que ponga “¡Bienvenido a la república independiente de esta Universidad!”. Se convierten en agencias de colocación de hijos, sobrinos, yernos, nueras, etc. Recordemos que la autonomía universitaria se instauró en la Constitución para evitar las maniobras del franquismo que consiguieron echar a Tierno, López Aranguren y García Calvo, et alii de ella; es decir, que la autonomía universitaria se creó para evitar las injerencias políticas en la promoción y en el reclutamiento de profesores… Ahora existen igual esas injerencias solo que tienen diversa procedencia, incluso el candidato local elige a los miembros de su tribunal.

  3. Pello Salaburu dice: 20/09/2018 a las 16:13

    Siento no coincidir. Ni los estudiantes ni los profesores (al menos en su mayoría) tienen que ver con esas cosas. La mayoría cumple con dignidad y como buenamente pueden con lo que se espera de ellos. Pero es muy peligroso generalizar: estos hechos están sucediendo donde están sucediendo, no en otros sitios, que sepamos. La CRUE es una organización independiente del Ministerio, como sucede con asociaciones similares en otras partes de Europa y de EEUU. Así debe serlo. Y es necesario que los rectores se asocien para discutir problemas generales y comunes. El Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio y del que también forman parte los rectores, es una anomalía desde esa perspectiva.
    Las universidades deben tener autonomía, mucha más de la que tienen en estos momentos, aunque tengan que estar sometidas a control público, ya que reciben fondos públicos. En otras partes es inconcebible que una ley regule hasta cómo se recluta al profesorado, cómo se deben hacer las oposiciones, cómo debe elegirse al rector (que, para colmo, debe ser catedrático de la propia universidad) qué pasos hay que dar para defender una tesis, o cómo se deben hacer los planes de estudio. No pueden fijar siquiera el número de alumnos ni lo que estos deben pagar por sus estudios. Todo está super regulado, lo que debes hacer y lo que no puedes hacer. Cuando lo importante debería ser tener autonomía y luego estar sometido a la dación de cuentas y al escrutinio público. Aunque soy consciente también que si se diese libertad en muchas de estas cosas, los rectores sentirían vértigo. Vivimos en una cultura muy regulada, muy asumida por todos, en donde lo importante es cumplir la norma. Pregunten a ver si hacen algo parecido a eso en la Universidad de California, también universidad pública, por poner un ejemplo ilustrativo. O en cualquiera de las mejores universidades públicas del mundo. A ver quién les fija planes de estudios, sueldos, ingresos, sistemas de acceso, etc.
    Los rectores no hacen de su capa un sayo (habrá alguno que lo quiera, como en todos los sitios, pero no se puede generalizar), ni meten a media familia en la universidad, aunque habrá alguno que quizás lo intente. Las universidades son instituciones complejas que precisarían de dirigentes mucho más preparados en la gestión, pero eso pasa también en otros ámbitos: ¿Quién se prepara para ser presidente del parlamento, o presidente de una autonomía?
    Ahora bien, creo que una vez dicho eso la CRUE no ha estado en su sitio abordando con seriedad algunos de los problemas más importantes que ha tenido la universidad en los últimos años: la aplicación del proceso de Bolonia, algo tan necesario, que se ha hecho en España de forma muy particular y sin parangón en otras partes; No ha habido una reflexión seria en la CRUE sobre la duración de los grados, que pasaron de 5 a 4 años y ahora se volverá a plantear que pasen a 3, como en otros muchos países europeos, por poner otro ejemplo. Se ha hecho un seguidismo lamentable de las decisiones que se han tomado en el Ministerio. Y, en la actualidad, nada he oído sobre la aplicación de la nueva ley de contratos públicos, que nos está metiendo en una ratonera. Se dice, se oye, que en Alemania y en algún otro país las universidades han logrado situarse al margen de esa ley (aquí se supone que la misma ley sirve igual para un paquidermo que para un mosquito), pero no sé si es cierto o no. Lo que sí parece que la CRUE se tenía que haber adelantado hace tiempo, antes de la aprobación en marzo pasado de esa ley, y haber planteado una discusión y unas directrices comunes para ver cómo se podía responder. Para que no nos pillase el toro. Y nos pillado. Eso no es hacer política universitaria.

  4. JM dice: 25/09/2018 a las 21:00

    El problema surge del núcleo inicial que conformó la URJC, un centro privado denominado Ramón Carande, bastante politizado y de muy baja calidad, cuando se creó la universidad se heredaron sus prácticas, en vez de las habituales en un organismo público.

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