Ley de Convivencia Universitaria: un avance que dinamita el pacto social universitario

Aprobación en el Senado de la Ley de Convivencia Universitaria

El miércoles 16 de febrero el Senado, en Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Universidades, la Ley de Convivencia Universitaria, con lo que se culmina el proceso legislativo orientado a la derogación del Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprobó el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Una aprobación que, con el rechazo de las 212 enmiendas presentadas, ha contado con 152 votos a favor, 108 votos en contra y 4 abstenciones. Derogación del Decreto de 1954 que se ha acompañado, afortunadamente, del texto de una Ley, evitando así el “limbo jurídico” al que pudiera habernos conducido la voluntad inicial del Ministerio de dejarlo todo en manos de las propias universidades.

Ley que, sin embargo, no ha respetado el acuerdo alcanzado con los agentes sociales universitarios por el que se fijaba la mediación como el principal mecanismo para la resolución de conflictos.  Ahora lo relativo a los medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia no solo pasa a depender, en la práctica, de la regulación que incorpore sobre el particular cada universidad (art. 5), sino que, además, se acompaña de una inadecuada utilización técnica del lenguaje desde la óptica procesal, ya que cuando nos habla de medios alternativos de solución de los conflictos basados en la mediación viene a confundir la mediación (la especie) con la categoría más amplia de los mecanismos alternativos de resolución de controversias (fórmulas ADR inspiradas en la llamada gestión del conflicto).

La Ley de Convivencia Universitaria: un claro avance democrático

Lo anterior no es óbice, sin embargo, para negar que la norma ahora aprobada supone un gran paso adelante. Estamos ante una normativa que, por fin, aun siendo manifiestamente mejorable, se adapta a nuestro ordenamiento constitucional y sienta las bases de reformulación de la convivencia universitaria desde una perspectiva democrática. Un texto legal que recoge buena parte de las medidas demandadas por las unidades de igualdad de las universidades. Apuesta, también, por la mediación cómo fórmula preferente de gestión y resolución de los conflictos.

No se olvida de contemplar ciertas acciones que permitan luchar, con mayor eficacia, frente a la violencia, la discriminación o el acoso en el ámbito universitario. Por otra parte, exige la creación en las universidades de comisiones paritarias de convivencia, con representación de todos y cada uno de los diferentes estamentos universitarios (personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantado).

Una normativa que contempla un sistema de faltas y sanciones para el estudiantado más acorde a la realidad actual, así como incorpora la posibilidad de sustituir las sanciones, en algunos casos, por medidas educativas o recuperadoras.

Que busca incluir elementos para luchar contra el acoso sexual en la universidad (por ejemplo, el acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas, medidas de sensibilización y prevención y la opción de adoptar medidas provisionales de naturaleza cautelar) y toma en consideración la promoción de la libertad de expresión y el derecho de reunión y asociación (absolutamente irrenunciables, pero que parece sensato debieran compatibilizarse, lejos de la manga ancha con el vandalismo, con fórmulas de protesta cívica).

Más concretamente, desde una perspectiva sancionatoria es obligado señalar que en la nueva Ley de Convivencia, en lo que constituye una actualización absolutamente necesaria a las nuevas realidades de los campus universitarios, pasan a considerarse faltas muy graves, entre otras, la novatadas, el plagio de TFG, TFM o Tesis Doctorales, o el acoso sexual; faltas graves acciones como, por ejemplo, el apoderamiento indebido de exámenes, el deterioro grave de los bienes del patrimonio de la universidad, el acceso sin previa autorización a los sistemas informáticos de la universidad, o el impedir la celebración de actividades universitarias; y faltas leves la realización de actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio universitario o supongan el acceso indebido a instalaciones universitarias.

Las autoenmiendas “coladas” al hilo del debate sobre los PGE de 2022 se “cargan” el marco común de resolución de conflictos

Si bien es cierto que el Senado ha ratificado, en su integridad, el texto derivado del Congreso, no lo es menos que éste si sufrió cambios de notable calado al amparo de la negociación relativa a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Cambios que poco parece tengan que ver con la convivencia universitaria.

Sin entrar a valorar lo acertado o no de estas modificaciones, que han mutado de forma significativa el texto propuesto en su día por el propio Ministerio de Universidades, no parece del todo lógico que el Senado no haya tenido la oportunidad de cambiar una sola coma del texto sometido a votación. Aun suponiendo que el texto a votar fuere perfecto, que es mucho suponer, no parece conveniente que el Senado acabe convertido, una vez más, en un convidado de piedra o figura decorativa, cuando no cementerio de elefantes, que poco o nada tiene que decir.

Y, desde luego, menos razonable resulta que el texto aprobado, como se ha avanzado, haya dado la espalda al pacto alcanzado, previamente, entre los diferentes agentes sociales implicados en el ámbito universitario. Ello es así, en particular, porque como consecuencia de la negociación de los PGE de 2022 los grupos políticos del Gobierno de coalición (y parte de sus socios de legislatura) pactaron la eliminación de un marco común de resolución de conflictos, trasladando a las universidades, en el ejercicio de su autonomía, la posible regulación de dichos mecanismos. Un modo de hacer que, por sorprendente que pueda parecer, resulta contrario a la opinión de los estudiantes y rectores.

Una ruptura del consenso alcanzado que, como es fácil pensar, ha generado desconcierto e insatisfacción en sus interlocutores desde el minuto uno de la aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria en el Senado.

Nada tenemos que objetar a que dicha norma sea respetuosa con la autonomía universitaria (bien harían los partidos políticos de todo color y condición en no olvidarlo nunca y en no acordarse de ella solo cuando les viene bien como paraguas protector de sus particulares intereses), así como tampoco con el respeto de las competencias que puedan corresponder sobre la materia en el ámbito autonómico.

Sin embargo, ello debiera haberse compatibilizado, con menos tintes políticos que son propios del momento histórico y de tensión territorial que vivimos, así como de las necesidades aritméticas de un gobierno más o menos necesitado de apoyos, con el diseño de una normativa que debiera ser idéntica, en lo básico, para todo el Estado, como por otra parte viene reclamando y reclama la CRUE como consecuencia del pacto que sobre el particular se alcanzó con las principales organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Universidades.

Conclusión

Bien está, como hace la Ley de Convivencia Universitaria, terminar con una normativa disciplinaria “franquista” que ya hace años debió ser derogada; pero también es cierto que permitir que cada comunidad autónoma y cada universidad pueda terminar por aplicar reglas distintas en tan particular materia, genera cierta incertidumbre e inseguridad jurídica a la comunidad universitaria. Si rectores y estudiantes lo ven igual, algo se habrá hecho no del todo bien. Tiempo hay para recuperar el consenso.

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