Sobre los límites educativos del activismo universitario

Hace unos meses, la que fuera alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, volvía a ser noticia con la promoción de sus memorias, en las que confesaba su “desilusión” al constatar que los activistas no eran, en su opinión, los más adecuados para dedicarse a la política. No llegaba a afirmar que fueran completamente inadecuados, pero sí dejaba claro que, a su juicio, no reunían el perfil más idóneo para dedicarse (profesionalmente) a la política.

No me detendré en esta desilusión ni en sus implicaciones, pero lo cierto es que la decepción de Carmena me llevó a pensar en otra combinación que resulta muy atractiva para muchos y que, como intentaré argumentar a continuación, encierra peligros considerables: la del profesor universitario activista.

La tensión entre libertad de expresión y activismo en la universidad

De fondo, resuenan las imágenes (entre lo controvertido, lo lamentable y lo bochornoso) de invitados a distintos campus a quienes se les cancela e impide hablar.

Las universidades, también las españolas, parecen atravesar serias dificultades para conciliar los principios de libertad de expresión.

Voces discrepantes, minoritarias (y que pueden estar equivocadas en sus planteamientos, o no), tienen dificultades para hacerse oír. Como en todos los casos de principios que entran en conflicto la solución no es sencilla (si lo fuese, ya estaría solucionado): todos deben tener la posibilidad de protestar (incluido protestar por anticipado, por lo que se teme o sospecha que un invitado pueda llegar a decir), pero al mismo tiempo, todos tienen derecho a expresar sus ideas. Las formas de activismo político, practicadas con fervor a ambos extremos del arco ideológico, encuentran en las universidades un buen campo de pruebas. Unas universidades en las que las prácticas deliberativas (como ocurre, tristemente también en la política institucional), se ven amenazadas por el carácter corrosivo del activismo.

Deliberación pública vs. activismo: reglas y propósitos

Cuando se trata de concretar qué significa la libertad de expresión, quienes practican la deliberación pública se caracterizan por participar en conversaciones orientadas a la indagación, la búsqueda de acuerdos y la disposición a ceder; colaboran en la resolución de problemas y en la toma de decisiones con un talante animado por el intento de comprender las diferentes posiciones que pueden existir en torno a un tema y las razones que los sustentan. Todo ello con la finalidad de encontrar los mejores argumentos.

Las conversaciones deliberativas tienden a seguir una serie de reglas: respetar el turno de palabra, escuchar al otro, aceptar la existencia de puntos de vista diversos, e interactuar en la discusión con buena educación. Este tipo de conversaciones es habitual en las universidades: en una sala de conferencias, en un aula, en un laboratorio, o en los órganos de gobierno. Por todo ello, las prácticas deliberativas resultan centrales en la concreción práctica de la misión y los valores de la universidad.

Las reglas del activismo

El activismo, por su parte, también se guía por ciertas reglas, pero de una naturaleza muy distinta. No se trata de conversar con otros, sino de tomar la palabra (individual o colectivamente) para señalar, denunciar, acusar e interrumpir. Es, sin duda, una forma legítima de expresión y, en muchos casos, también necesaria: a menudo, ha sido el único camino para hacerse escuchar cuando los espacios deliberativos han excluido o ignorado a quienes se les negaba el derecho a participar en la conversación pública. De hecho, como también hemos visto en la vida política española, el activismo es una estrategia eficaz para ganarse un asiento (¡hasta de los muy bien renumerados!) en la mesa de deliberación.

Los límites del activismo en la vida académica

Sin embargo (y aquí es donde la desilusión de Carmena se encuentra con los límites de esta cierta fascinación universitaria por el activismo), la comunicación activista está muy lejos de la conversación deliberativa propia de las universidades. Aunque las prácticas activistas en el ámbito universitario pueden ser valiosas para estudiantes y profesores que aspiran a ejercer influencia política, también plantean serios problemas cuando se expanden sin límites en la vida académica.

Los disensos activistas deben, sin duda, encontrar acogida en los campus, pero esta acogida debe convivir (y, diría más, supeditarse) a los fines esenciales que las universidades están llamadas a promover.

El eslogan y el lenguaje ambiguo: herramientas anti-educativas

Una práctica habitual del activismo, por ejemplo, es la propensión al eslogan y los cánticos, que sirven para generar un sentido de solidaridad y de propósito compartido entre quienes los enuncian. Estas consignas (coreadas, impresas en camisetas o pegatinas, pintadas en las paredes) crean un sentimiento de unidad y poder colectivo. Algunas son ingeniosas, otras pegadizas, muchas directamente malas. Pero todas comparten lo mismo: reducir cuestiones complejas a mensajes cognitiva y emocionalmente simplificados.

En este sentido, el eslogan es, por naturaleza, anti-educativo y, por lo tanto, anti-universitario, en la medida que sustituye la exploración matizada y argumentada por afirmaciones cerradas y frentistas.

Siendo que, precisamente, es esa exploración colectiva y compleja la que permite comprender problemas que, por su propia naturaleza, rara vez admiten respuestas sencillas. Al activismo también le gustan los significantes vacíos o las palabras ambiguas: palabras que dicen mucho y nada al mismo tiempo. Por ejemplo, conceptos como “libertad” o “justicia”, si no se acompañan de explicación de propuestas concretas, políticas o reformas específicas, pueden convertirse en enunciados inobjetables que oculten posiciones muy discutibles. Este uso de términos imprecisos crea una ilusión de unidad dentro del campo activista que, en realidad, no se sostiene.

Falsabilidad y pluralidad: principios de la discusión académica

La discusión académica, en cambio, así como el devenir de avances y retrocesos de las distintas formas de conocimiento que la universidad tiene la responsabilidad de conservar y de seguir generando, se fundamenta en principios que son casi lo opuesto a lo que fomenta el activismo: la falsabilidad o refutabilidad (podemos estar equivocados, y entonces por eso también podemos estar en lo cierto) y la pluralidad (nuestras posiciones son siempre limitadas, incompletas y revisables). El activismo, en sus formas más agresivas, no se somete a ninguno de estos dos principios básicos, que son, sin embargo, esenciales para la vida intelectual de las universidades.

El impacto educativo del activismo en la universidad

El paso por la universidad tiene el potencial de ejercer una influencia educativa sobre los estudiantes. No estoy hablando de orientarles en una dirección ideológica predeterminada, sino de introducirles (a través del carácter “disciplinador” de las distintas disciplinas) en el dinamismo de una tradición de prácticas académicas, científicas y deliberativas.

Pues bien, desde esta perspectiva, las prácticas activistas en la universidad, si se analizan desde un punto de vista educativo, son problemáticas: van en contra del reconocimiento de la complejidad y de la dificultad moral que implica respetar los hechos, explicar con claridad y transparencia lo que se afirma o se propone, y valorar los aciertos que puedan existir en posturas distintas a la propia.

Como ya he señalado, la posición activista tiene todo el sentido en una universidad cuando desafía estructuras que excluyen injustamente a personas o colectivos de la conversación deliberativa. Pero esta reclamación, tan legítima y necesaria tantas veces, conlleva (o debería conllevar) un compromiso implícito con las formas de deliberación que, aunque imperfectas, se practican en la vida universitaria.

Extender las prácticas activistas como mecanismo para gobernar los campus, para definir los programas de las asignaturas, o para decidir quién puede y quién no intervenir en un congreso, socava uno de los aspectos fundamentales de la universidad: su vocación por el análisis riguroso, la apertura intelectual y el intercambio respetuoso de argumentos.

El profesor universitario activista: ¿oportunidad o peligro?

Los profesores universitarios, además, vivimos esta tensión entre lo deliberativo y lo activista de manera especialmente intensa y grave. Como ciudadanos, tenemos derecho a nuestras opiniones, militancias y compromisos. Como profesores, mentores y referentes de nuestros estudiantes, estamos llamados a desempeñar un papel distinto en el campus: ser un ejemplo de cómo debatir con seriedad y profundidad, de manera deliberativa, las ideas más ciertas sobre los temas más complejos. Que nuestros compromisos extramuros no eclipsen nuestras primeras responsabilidades educativas en la universidad.