Univerdad

Una conversación pública sobre la universidad española en clave afirmativa y crítica, desde la independencia y el rigor intelectual

Un nuevo Estatuto del PDI (I): Una buena oportunidad para las personas que hacen ciencia y Universidad en España

Durante los últimos meses, y de la mano de ciertos acontecimientos, no dejan de aparecer análisis concienzudos de “la cosa universitaria”. La mayor parte de las importantes y rimbombantes propuestas de cambio están fundamentalmente centradas en el modelo de financiación, la gestión y el gobierno de las instituciones de educación superior de nuestro país. Y sí, el problema de nuestras universidades y de la ciencia española es fundamentalmente presupuestario y de control de la calidad, pero, vinculadas a ambas cuestiones, no menos importante son las condiciones laborales bajo las que miles de personas desarrollan su carrera académica. Mucho menos relevante me parece el modelo de gobernanza, y es más, resulta alarmante la extraña obsesión que tienen por hacerse con la gestión universitaria señalados miembros de la clase política y algunos conglomerados empresariales afines a ellos, estupendamente descrita por el profesor David Vallespín en un post previo publicado en este blog. Quién sabe, quizá haya algún grupo parlamentario que eche de menos los buenos tiempos de las cajas rurales y pretenda reeditar (con su color particular) el éxito de estas, esta vez en el mundo académico (siempre para servir mejor a la ciudadanía, claro está).

Contrariamente a algunos “opinólogos”, gurús y empresarios bienintenciondados, somos muchas personas las que no creemos que sea posible dar soluciones sencillas a una cuestión tan compleja. Incluso cuando estas proceden de los que pertenecen o conocen bien el sistema universitario. Las métricas de productividad muy variopintas que analizan entorno académico y científico dependen, en buena medida, de las condiciones no materiales en las que se desarrolla la I+D, y diría que es incluso antiacadémico reducir el debate a lo presupuestario. En un entorno académico no se entiende la ligereza y falta de criterio con la que se hacen algunas propuestas o se establecen relaciones causa-efecto entre la inversión, los modelos de gestión y la pretendida excelencia. Para hablar de reforma universitaria con seriedad deben abordarse en profundidad, entre otras cuestiones, las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a la docencia e investigación. En este sentido, y dentro del contexto de jolgorio reformador actual, sorprende la poca cobertura mediática, política e institucional que se está prestando al desarrollo de las negociaciones del Estatuto del Personal Docente e Investigador, una propuesta que el actual Secretario General de universidades, José Manuel Pingarrón, está llevando a cabo con los sindicatos mayoritarios y de la que nuestra CRUE no se ha hecho demasiado eco. Si el principal acervo universitario y científico es el humano, esta iniciativa puede ser la mayor oportunidad de reforma que el actual gobierno del presidente Pedro Sánchez tiene: un acuerdo unánime de principios elementales, capaz de regular una carrera pensada en desarrollar y retener el talento en nuestro país, pensado para proporcionar condiciones laborales que permitan alcanzar la excelencia (por diferente que sea nuestra idea de la misma). Para dar un impulso importante hacia la generación de una verdadera sociedad del conocimiento, las mejores personas deberían poder y querer dedicarse a innovar y hacer ciencia.

La nefasta gestión política en materia de educación y ciencia del período de gobierno del Partido Popular ha provocado en la Universidad española un bache generacional que, a día de hoy, es un lastre que difícilmente vamos a superar a corto y medio plazo. Durante 5 años hemos precarizado o perdido a toda una generación de reemplazo, y condenado a buena parte de la comunidad científica a condiciones de trabajo lamentables. Las personas que deberían sustituir tras su jubilación a aquellas que lideran actualmente la I+D española están, o bien en el extranjero o la empresa privada, o bien en la periferia de nuestro sistema de educación y ciencia, contratadas precariamente como profesorado asociado o sustituto, conferenciantes discontinuos o técnicos de proyectos sin estabilidad, mal pagados y peor tratados. Es importante señalar que el éxodo de muchas personas jóvenes es llamativo, pero también hay mucho talento entre los contratados precarios, que están manteniendo el tipo como pueden, a la espera de unas condiciones de trabajo mínimamente dignas. No tiene solución fácil, y sería muy injusto elegir entre ambos colectivos, siendo quizá este el mayor reto de nuestra reforma: compaginar el rescate de quienes se fueron, garantizando un trato justo para el desarrollo profesional de quienes ahora empiezan o se han quedado en malas condiciones, y que actualmente mantienen vivo nuestro sistema universitario, con más ilusión y vocación que recursos y futuro.

Reclutar talento, tanto de la persona que empieza o tenemos cerca como la que está en el exilio, topa con un círculo vicioso y complejo: las condiciones materiales para hacer ciencia atraen a las mejores, y las mejores consiguen más recursos materiales

¿Cómo abordar este problema, si aún no tenemos los niveles de inversión en ciencia que poseen otros países? ¿Cómo competir por los recursos humanos con el sector profesional u otros países que ofrecen más presupuesto en infraestructura, más oportunidades y mejores salarios en I+D?

En mi opinión, quizá podamos ofrecer a las jóvenes promesas científicas una mejora cualitativa, algo que no abunda en muchos sitios: el aliciente de un plan de vida. Unas condiciones laborales que garanticen estabilidad, proyección y futuro, ligadas a la consecución de objetivos estratégicos. Un plan para crecer juntos: las personas que hacen ciencia y la ciencia española.

Algunas voces plantean en la actual negociación del futuro Estatuto del PDI implantar en los trabajadores públicos una carrera académica laboral, paralela a la funcionarial. Una reivindicación tradicional de los sectores neoliberales, apoyados ahora por algunos políticos independentistas de cualquier color, que sencillamente no quieren seguir haciendo nombramientos de personal funcionario del Estado español. Algunas personas justifican la necesidad de una “catalanización” de la Universidad pública española argumentando que en otros países no se da y no es necesaria la vinculación funcionarial en ciencia, o bien que la mejora del rendimiento y productividad se asocia siempre a una “flexibilización” de las condiciones de contratación. No obstante, mantener las condiciones laborales actuales de nuestro sistema no tiene porqué ser un lastre en la excelencia si se implementan algunos cambios en la función pública. Como vincular una parte importante de los salarios y la estabilidad al rendimiento por objetivos (e.g., la actual iniciativa del sexenio de transferencia). O reformular el código disciplinario, actualmente ineficaz y desactualizado (fue establecido durante el franquismo), dotando a nuestras universidades de servicios de inspección realmente independientes, con recursos y margen de maniobra para investigar y sancionar contundentemente la mala práxis. Además, obviamente, de regular mejor la contratación y los procesos de selección de personal, con criterios comunes y transparentes, para todas las universidades, eliminando la subjetividad, reduciendo en lo posible las lagunas discrecionales técnicas y la proliferación indiscriminada de figuras sin control o acreditación (como el profesorado visitante, por ejemplo).

Existen posibilidades de reforma que mejoren la función pública sin necesidad de precarizar a todo un colectivo, salvaguardando la tutela de la educación superior como derecho fundamental. Y esto desde una perspectiva profesional es atractivo, e incluso necesario y saludable.

La verdadera libertad de cátedra y la autonomía universitaria precisan de la existencia de un cuerpo de servidores públicos sólido e independiente de los vaivenes políticos.

En este sentido, sería injusto, por el agravio comparativo, y contraproducente habilitar una vía alternativa a la funcionarización, habida cuenta la experiencia en el uso de la flexibilidad en la contratación en la actualidad por parte de quienes ahora también aspiran a colonizar la gestión de la universidad pública española. Si se mejoran algunos aspectos, la funcionarización es un activo muy importante para fomentar la vocación científica, con más pros que contras; la estabilidad e independencia de las personas que hacen ciencia como funcionarias es perfectamente compatible con la eficiencia, la transparencia, el control y la rendición de cuentas. En un país en el que escasean los recursos económicos, sería una torpeza en materia de recursos humanos renunciar a uno de los mejores incentivos para la contratación que tiene la ciencia española: nuestras condiciones laborales como servidores públicos.

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