La energía que hay que ahorrar

Sobre el modelo de gobernanza en la LOSU

Uno de los grandes retos a los que habrán de enfrentarse las universidades públicas en el caso de que el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se apruebe en su actual redacción, se refiere a la obligatoriedad de proceder, en un plazo muy breve, a una reelaboración de los Estatutos y a la total renovación de sus órganos de gobierno.

Y si esto fuera porque el Ministerio de Universidades ha querido en este punto proceder a un cambio radical en el modelo de gobernanza, aún se podría entender; pero, sorprendentemente, el proyecto mantiene la misma estructura y los mismos órganos de gobierno que existen en la actualidad, lo cual llama la atención sabiendo el interés del Ministerio en proponer a la sociedad un nuevo modelo de universidad que trate de abordar una reforma integral del sistema universitario.

Oportunidad de la reforma

Una ley que tenga por objeto reformar el sistema universitario y que a la vez trate de superar la grave crisis por la que atraviesa la universidad española, tendría que haber sido más sensible y realista, especialmente en este punto tan crucial. La universidad se encuentra en una encrucijada de la que depende su futuro y, por lo tanto, precisa de una transformación en profundidad. El pleno respeto a la autonomía universitaria, sobre la que se sustenta la nueva ley, no debería necesariamente traducirse en una mayor carga de gestión; el número de órganos de gobierno en la mayoría de las universidades públicas es muy elevado.

De ahí que, abordar la reforma de un sistema de gobernanza similar al que existe desde hace décadas y obligar a todas las universidades a emprender todo un proceso costoso y presumiblemente difícil de aprobación de unos nuevos Estatutos, y en muchos casos hacerlo a ciegas, a la espera del Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario que estaría llamado a regular las bases del régimen general de este colectivo, y dedicar varios años a renovar sus principales órganos de gobierno, no creo que en estos momentos sea lo que más convenga al sistema universitario.

Una prueba más de responsabilidad

Algunos han pronosticado incluso que este proceso generará conflictividad en nuestros campus; no lo creo. Lo haremos con la misma responsabilidad con la que sabemos hacer las cosas en la universidad, pero eso sí, a costa de mucho esfuerzo y de muchas horas de trabajo que podríamos dedicar a lograr otros objetivos que la sociedad nos demanda con más insistencia.

La Ley no parte de cero y, desde luego, puestos a imaginar, no me parece que entre las prioridades de las universidades públicas sea abordar en estos momentos un nuevo proceso constituyente que exigirá debates y búsqueda de consensos, lo que sin duda ralentizará la actividad universitaria durante bastante tiempo, un tiempo precioso para emplearlo en otros menesteres.

En las actuales circunstancias, la revisión de los Estatutos y de sus órganos de gobierno no debiera ser ahora una de las prioridades principales de las universidades públicas.

Probablemente los universitarios, lejos de esperar con ilusión la llegada de una nueva ley que venga a solucionar parte de nuestros problemas, vemos su aprobación con cierta preocupación y con la fatiga propia de quien tiene la impresión de que puede que este esfuerzo no conduzca a ninguna parte y solo añada más trabajo, sacrificio e incertidumbre al sistema universitario, siempre paciente y siempre confiando en algo más que tiene que llegar y que nunca acaba de llegar.

Confiemos en que el Gobierno recapacite y aproveche la tramitación parlamentaria para introducir las correcciones oportunas; de lo contrario, las universidades se pueden ver abocadas a una situación de la que tardarían mucho en recuperarse.

No tiene mucho sentido someter las universidades a semejante prueba de estrés. Hay que dedicar ahora todo nuestro esfuerzo a lo verdaderamente importante. Ésta es la energía que hay que ahorrar.

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