La gobernanza en el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario
Hay problemas que tienen difícil solución. Incluso que no tienen una solución única, lo que a veces conlleva negar que sea válida la solución de otros. La amplitud de miras, la generosidad y la inteligencia suelen ser útiles para resolver la cuestión. Sin embargo, lo más difícil es resolver un problema cuando se niega su existencia.
Son muchos los aspectos que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea, o incluso debiera plantear y no lo hace, pero valoro como especialmente relevante el de la gobernanza.
La elección a rector en la LOSU
¿Es que existe algún problema en que el rector o rectora de una universidad se elija por, y de entre, los propios universitarios? Si este es el planteamiento, mal asunto. Si no se ve que el modelo, a veces definido como ‘quien es nadie para decirnos lo que hay que hacer’, nos aleja de la consideración y del respeto necesarios de la sociedad, mal asunto. El anteproyecto de LOSU formula una posibilidad nueva en la elección de rector o rectora.
Aunque parece que el ministerio ha reconsiderado esta propuesta, y no conozco las razones -más allá de la genérica de lograr el consenso-, quiero expresar las razones que a mi juicio avalan la iniciativa ahora en suspenso.
Argumentar el riesgo de politización, comparar esta propuesta con modelos predemocráticos y reivindicar la democracia interna cuando se manejan unos porcentajes de voto ponderado muy discutibles, son formas de negar la posibilidad de análisis y la búsqueda de fórmulas que faciliten el mejor servicio público de las universidades.
La mejora de esta función de las universidades es posible cuando la definición de las estrategias se hace sumando la visión que se tiene desde dentro con las capacidades e inteligencias externas.
Autonomía Universitaria
Quizá alguien considere abusiva o desconfíe de la autonomía universitaria, pero no es eso lo que plantea el anteproyecto de Ley al abrir la posibilidad de que “personas externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales” constituyan el 30% del órgano de elección de la persona que pretenda dirigir una universidad pública.
Considero que no cabe mejor ejercicio de la autonomía que reclamar la opinión de otros para mejorar. Esto permite analizar juntos las mejores fórmulas para cumplir la responsabilidad social que compete desarrollar a las universidades. Los estatutos de cada universidad podrán definir cómo constituyen ese órgano.
El anteproyecto establece además que la elección por ese órgano se debe realizar a través de un concurso en el que, además de méritos profesionales, se valore el proyecto estratégico de universidad. Entiendo que esto último es algo más comprometedor que un programa electoral al uso.
Me gustaría recabar la valentía, la inteligencia y el compromiso, primero del Congreso de los Diputados, y después de los claustros universitarios para abrir la compuerta de la gobernanza, que viene bloqueando soluciones a otros problemas del sistema universitario español.
Y lo hago con el conocimiento, desde dentro y desde la gestión política, del extraordinario valor aportado por las universidades españolas. En particular, de aquella a la que me honro en pertenecer.
Creo que deberíamos prestar una cierta atención al modelo de gobernanza de sistema universitario de Portugal que se implantó hace ya unos años, y analizar los resultados obtenidos para ver si todo, o en parte, podría ser aplicado al SUE. En cualquier caso, parece que el actual ministro no estaba muy seguro de su propia propuesta cuando ya la ha retirado.
Me parece muy interesante esta reflexión de Enrique Diez Barra. No olvidemos que las universidades públicas, como empresas públicas que son, se deben a las y los ciudadanos que las financian, y a las y los ciudadanos/as a las que prestan servicios. Todos y todas somos financiadores y receptores de ese servicio, y por tanto todas y todos tendríamos algo que decir, y todos y todas estamos representados en los respectivos parlamentos nacional y autonómicos, sino en la misma comunidad universitaria, que podemos considerar como una muestra de la sociedad que financia a y recibe de la universidad, en este ámbito, el voto ponderado es difícilmente justificable, sin embargo, si estaría justificado que la elección de rector/a se hiciera mediante concurso, y por representantes de la sociedad.
Gracias Pedro y Héctor por los comentarios.
Además coincido con vuestras reflexiones. Portugal, aunque no sólo, es muestra de que hay otras fórmulas. Quizá nuestra historia, la reivindicación de la democracia, haya hecho que pasáramos a fórmulas supuestamente «superdemocráticas». Y sí, es una pena que una iniciativa interesante haya sido retirada del anteproyecto -parece-, pero ahí está el legislativo…
El modelo de concurso público, tan habitual en nuestras universidades, -eso sí en competencia-, es una fórmula muy atractiva. Además, si no sólo participamos los universitarios en «nuestras cosas» la universidad pública aún será más indudablemente pública.
Os animo a mantener y difundir el debate
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