¿Será el año 2022 el de la gran reforma universitaria en España?

El principal reto al que se enfrenta el Ministerio de Universidades y su actual responsable es, sin duda, el de culminar el proyecto de reforma universitaria iniciado por su predecesor, una empresa nada fácil.

Hasta este pasado año 2021, ninguno de los gobiernos que han ostentado el poder político en España se ha atrevido a impulsar una nueva reforma universitaria por la vía de ley orgánica, optando por reformas menores y sectoriales acometidas con la aprobación de decretos parciales, más fáciles de emprender desde un punto de vista político y legislativo.

Un diagnóstico acertado

El borrador publicado del Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), supone el primer intento de reforma integral universitaria en décadas. La propuesta inicial recoge acertadamente algunas de las principales problemáticas de las que viene adoleciendo nuestra universidad desde hace décadas: tensiones y limitaciones presupuestarias derivadas de una insuficiente financiación pública y de las sucesivas crisis acontecidas; disfunciones en la configuración de su profesorado reflejado en bajas tasas de reposición, la precarización y el envejecimiento de las plantillas universitarias,  o una elevada tasa de abandono (superior al 21 por ciento), que ponen en riesgo la sostenibilidad y la calidad del SUE.

Financiación

En primer lugar, y en relación con el tema de los recursos económicos con los que cuentan las universidades para el desarrollo de su actividad, la exposición de motivos refleja la difícil situación que atraviesa la educación superior en España: «en relación con el gasto público, entre 2009 y 2018, el gasto en educación universitaria se redujo un 10 %. La media de la inversión osciló en dicho período entre un 0,8 y un 0,9 % del PIB, frente a la media los Estados miembros de la UE que alcanzó un 1,22 % del PIB en 2018».

En este sentido, la norma se compromete a garantizar una financiación suficiente y estable, y establece un gasto público mínimo del 1 % del PIB en los próximos diez años y una equiparación progresiva a la media europea.

La LOSU introduce un sistema de financiación basado en la autonomía y la suficiencia financiera de las universidades públicas.

También incentiva la relación científica entre las universidades y el tejido social y económico, a partir de fórmulas de mecenazgo y patrocinio con beneficios fiscales para quienes colaboren.

Contratación de profesorado

En lo que se refiere a la política de contratación del profesorado, la reforma universitaria alude a la “alarmante precariedad laboral” de la que goza el SUE, y lo marca como uno de los objetivos prioritarios. Ello se observa en la utilización inadecuada y abusiva de figuras contractuales temporales como las de Profesor visitante, interino, sustituto y asociado (cuyo volumen es superior al 34% del conjunto de PDI del SUPE, según cifras del Ministerio), que han hecho la mayoría de las universidades, si no todas.

Las universidades han pervertido la finalidad excepcional y singular de estas figuras para convertirlas en instrumentos ordinarios de contratación.

El propio borrador explica estas prácticas organizativas como “una forma de supervivencia para cubrir las necesidades docentes en una situación extrema de precariedad presupuestaria”. Lo cierto es que esto no hubiera sido posible sin la connivencia de los gobiernos rectorales de las universidades, que son quienes ostentan la competencia en materia de planificación y gestión de los RR. HH.; y también, de las autoridades del Ministerio y de los gobiernos regionales, quienes no ejercen la debida supervisión ni control institucional.

El asunto de las gestión de los recursos humanos en las organizaciones académicas es una cuestión de primer nivel que debería preocupar al legislador, y sobre la que debería priorizar su atención. Por un lado, es urgente frenar la creciente precarización laboral que afecta a buena parte de un profesorado universitario; incluso, cuando posee el rango de doctor, sufre pobres condiciones laborales, especialmente en lo que se refiere a su nivel salarial, inestabilidad y falta de expectativas. Ello se observa en el caso de las universidades públicas y privadas, y se agrava incluso cuando algunas huyen de las relaciones laborales y utilizan otras relaciones contractuales para contratar a su personal académico.

Estrategias y acciones para mejorar la contratación 

La reforma universitaria plantea diferentes estrategias y acciones: por un lado, propone reducir del 40% al 20% la tasa de profesorado contratado temporal en las universidades públicas.

Con relación al PDI contratado, y en lo que tiene que ver con el Profesorado Ayudante Doctor, modalidad estratégica de contratación con la que se inicia la carrera académica, se modifica la duración de su contrato hasta un total de seis años convirtiéndola en una especie de `tenure track´ con una evaluación intermedia de su desempeño que permitirá valorar los méritos requeridos para obtener la acreditación necesaria para concursar a una plaza de profesorado permanente cuando finalicen su contrato.

Dentro de las figuras de contratación laboral existentes, la reforma regula las diferentes reglas para el profesorado asociado, de sustitución, emérito, visitante y distinguido, estableciendo limitaciones en sus regímenes de dedicación y limitando la duración de sus mandatos para combatir condiciones abusivas de precariedad y temporalidad laboral.

La norma también regula aspectos importantes de los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios e intenta poner coto a las prácticas endogámicas que todavía existen en un importante número de plazas que limitan el acceso a los candidatos considerados `outsiders´. Otra medida novedosa es la creación de una base de datos de concursos del PDI que contribuiría a una mayor visibilidad y publicidad, lo que sería efectivo si se genera un verdadero mercado laboral académico nacional entre todas las universidades del territorio.

El texto borrador también reconoce la escasa internacionalización de la estructura de profesorado universitario en España, donde apenas un 3% de su total (de alrededor 125. 000 personas empleadas) posee una nacionalidad distinta a la española. A este respecto, se introducen modificaciones en el profesorado visitante y se crea la figura de profesorado distinguido dirigida a la captación de talento internacional.

Promoción de la actividad investigadora

 La propuesta de reforma universitaria no descuida la promoción de la actividad investigadora. 

Se muestra ambiciosa cuando establece la obligación de que universidades, públicas y privadas, destinen un mínimo del 5 % de su presupuesto a programas propios de investigación.

Además, pretende acertadamente regular la dedicación exigida al PDI para el desarrollo de sus distintas actividades, estableciendo, por ejemplo, una horquilla mínima y máxima de dedicación docente determinada por el desempeño investigador y de transferencia (y/o por gestión), algo difícil de implementar y/o vigilar, como ha ocurrido con el llamado Decreto Wert que imponía criterios de asignación docente en función de los sexenios de investigación obtenidos.

A este respecto, la norma asigna un máximo de 240 y un mínimo de 120 horas lectivas por curso académico al profesorado funcionario. En el caso del Profesorado Ayudante Doctor se le atribuye un máximo de 180h (idéntica carga para el Profesorado Distinguido), que compatibilice el desarrollo de tareas de investigación que favorezcan sus futuras acreditaciones y procesos de promoción.

La gobernanza universitaria

El borrador considera como objetivo esencial asegurar “una universidad autónoma, democrática y participativa, (…) y que, al mismo tiempo, logre un alto grado de eficacia y eficiencia en la toma de decisiones y en su gestión”.

Se propone la reducción de la composición del claustro (hasta un máximo de 100 miembros), y se introducen algunas novedades en la elección de los rectores y de los decanos.

Respecto a la elección del rector, por primera vez se abre la puerta a que exista un sistema alternativo al del sufragio universal ponderado de la comunidad universitaria, donde sería elegido mediante un órgano especifico que tendría atribuida la función de elegir al rector y que estaría formado “por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% son PDI (con representatividad de las facultades), el 10% estudiantes, el 10% PAS, y el 30% personas externas a la universidad con reconocido prestigio”. Al mismo tiempo, la propuesta presentada afirma la necesidad de fortalecer los Consejos Sociales como órganos de interrelación entre la sociedad y la universidad, incluyendo un reforzamiento de sus funciones y participación en el Consejo de Gobierno.

Otros aspectos destacables

La reforma universitaria no olvida a los estudiantes, incrementando sus cuotas de representación en determinados órganos de gobierno, y promoviendo el desarrollo de procesos participativos, consultas y otros mecanismos de participación.

Como medida de regeneración política fija la limitación de mandatos de las personas titulares de los órganos unipersonales a un periodo de seis años no renovables. También pretende avanzarse en materia de transparencia y rendición de cuentas, considerando el binomio autonomía-transparencia en un principio rector de las universidades.

En definitiva, la reforma universitaria, si bien debe ser construida con la participación del mayor número de actores posibles que engloban un sistema de gobernanza institucional multiactor y multinivel, debe atender siempre a criterios de interés general,  alejados de las presiones que puedan efectuar las distintas partes interesadas -rectores como representantes de las organizaciones académicas, sindicatos como representantes del personal empleado, y asociaciones estudiantiles como representantes del alumnado-.

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