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Agencia Estatal de Investigación (AEI): un largo camino para mejorar el sistema de Ciencia y Tecnología en España

¿La AEI ha venido y nadie sabe cómo ha sido?

El Consejo de Ministros, celebrado el pasado 27 de noviembre, aprobó  la creación de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de dotar al sistema español de ciencia, tecnología e innovación de una gestión más flexible, ágil y autónoma. Esta agencia es una demanda de la comunidad científica  desde comienzos de este siglo -véase en particular el informe ACCIÓN CRECE , elaborado por la COSCE en 2004, en el que se manifiesta la necesidad perentoria de crear una Agencia de Evaluación y Financiación de la Investigación, un organismo autónomo que agrupe a los diferentes unidades del Ministerio de Educación y Ciencia relacionados con la investigación y refuerce así su capacidad de gestión. Se ha reivindicado su creación infructuosamente, con documentos de estructura y actividad de la Agencia, desde la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del extinto Ministerio de Educación y Ciencia durante el periodo 2004-2008, que fue finalmente recogida en la Ley de la Ciencia de 2011, con el objetivo de encargarse de la financiación, evaluación y asignación de fondos para la I+D y de realizar, además, actividades de seguimiento de las actuaciones financiadas para mejorar la medición de los resultados y de su impacto.

Tras cuatro años de una legislatura aciaga en la que se ha sometido a un tratamiento de shock al sistema de Ciencia y Tecnología de nuestro país con recortes generalizados en subvenciones, recursos humanos,  infraestructuras,  cuotas a organismos internacionales, entre otros, el Gobierno da el pistoletazo de salida para una Agencia que ha estado hibernada durante este período y justo tres semanas antes de las elecciones generales, con el loable propósito de  “mejorar la eficacia de los servicios prestados por la Administración General del Estado en materia de I+D+i, la incorporación de las mejores prácticas internacionales de evaluación, la rendición de cuentas de las ayudas otorgadas y la simplificación de los procedimientos administrativos”.

La   gestión de la I+D+i por parte del Ministerio de Economía y Competitividad (en el que se empotró, utilizando términos militares, la Secretaría de Estado competente de la I+D+i) ha generado la protesta sistemática  y continua de la comunidad científica no solo por los recortes presupuestarios sino por las deficiencias en el cumplimiento de plazos de convocatorias; el ineficiente seguimiento y la burocratizada rendición de cuentas de los proyectos; y, la escasa flexibilidad de cara a la toma de decisiones, en resumidas cuentas, algo reñido con lo que sería una gestión dinámica basada tanto en un principio de confianza de la Administración  hacia sus administrados como  en la responsabilidad de los investigadores comprometidos con la excelencia de los resultados  y con el rigor en el gasto comprometido.

¿Puesta en marcha en 2016?

La Agencia se crea a coste cero (¡bien sabemos lo que esto significa!) con los recursos humanos y materiales de la Secretaría de Estado de I+D+i . En un plazo no superior a 60 días (finales de enero de 2016, justo con el nuevo Gobierno surgido tras las elecciones de diciembre) se constituirá el órgano de gobierno de la Agencia, el Consejo Rector, que deberá nombrar como director, único responsable ejecutivo, a un investigador o tecnólogo con experiencia en la gestión de la I+D (¡faltaría más tras las lamentables experiencias en algunos denominados entes públicos!). En este periodo, de manera provisional, la dirección de la Agencia será asumida por la directora general de Investigación Científica y Técnica.

Pero, ¿qué estructura y qué autonomía de acción cabe esperar de la Agencia?.  Esta será la auténtica prueba del algodón para una agencia que tendrá que reivindicarse ante la comunidad científica como un instrumento amigable de cara a la mejora, transparencia y con la rendición de cuentas como emblema.

El nuevo organismo contará con aproximadamente 300 empleados que gestionarán las ayudas de la Secretaría de Estado de I+D+i, así como con la capacidad para gestionar las ayudas de I+D de otros ministerios mediante convenios, y podrá sumar también la gestión de fondos privados. Actuará en coordinación con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el otro gran agente financiador de la I+D+i, en su caso destinado especialmente al mundo empresarial.

¿Unos buenos deseos?

Se presupone que el nuevo organismo dotará de mayor estabilidad a las ayudas públicas de la I+D gracias a la planificación plurianual de sus recursos, pudiendo fijar objetivos a medio plazo y posibilitando que las convocatorias de proyectos o de recursos humanos cuenten con la necesaria previsibilidad en los plazos y en la financiación. Dispondrá de un sistema de evaluación independiente basado en criterios científicos y técnicos para asegurar la promoción de la calidad y la excelencia.  Se supone que incorporará a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva que constituye, en mi opinión, el único instrumento riguroso y estable existente en nuestro sistema de cara a la evaluación.

En conclusión, llegó por fin la tan esperada Agencia de Financiación y Evaluación de la Investigación y confiamos que desde sus comienzos contribuya a aumentar las esperanzas de que nuestro sistema de Ciencia y Tecnología recobra un impulso que nunca debió perder, gane en autonomía respecto a los vaivenes y “ocurrencias” políticas y, sobre todo, genere una confianza en la comunidad científica y tecnológica.

Una comunidad que está necesitada de interlocutores en las Administraciones Públicas, realmente profesionales en lo referente a la concepción estratégica de la Ciencia y la Tecnología para  el futuro de este país y una sociedad más creativa, crítica, democrática y comprometida con las generaciones venideras.

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