Cambios en la financiación de las universidades
En Política Económica resulta difícil encontrar medidas que en su aplicación provoquen ámbitos de neutralidad. Las decisiones económicas tienen influencia, positiva o negativa, en los agentes que intervienen en los procesos de producción y consumo de bienes y servicios, si bien las repercusiones no son de igual intensidad y duración para los distintos sujetos económicos que en ellos participan. La verificación de estos postulados queda patente al observar los efectos que el RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto en el ámbito educativo, ha tenido sobre la financiación estructural de las universidades públicas españolas.
La financiación estructural de las universidades públicas, en su condición de referente de la suficiencia financiera destinada a garantizar la provisión de las enseñanzas oficiales y la capacidad investigadora que competencialmente deben desempeñar estas instituciones, debería venir fijada por un modelo de costes estándar , según se establecía tanto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades como en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la LOU, en su disposición adicional octava. El informe de la Comisión Mixta de Financiación: Documento de mejora y seguimiento de las políticas de financiación de las universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español, aprobado por asentimiento el 26/04/2010 en reunión conjunta del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, definía las características de este modelo de financiación y, a su vez, establecía los niveles de participación que vía precios públicos les correspondería satisfacer a los estudiantes que eran del 15%, 50% y 100% del coste estándar para la primera, segunda y tercera matrículas, respectivamente. Con posterioridad, el mencionado RDL 14/2012, modifica el artículo 81.3 de la LOU e ignorando los acuerdos de abril de 2010, establece una nueva estructura de precios para las enseñanzas universitarias. Todo lo expuesto nos conduce, sin embargo, a una desesperante realidad que, a la fecha de hoy, identifica al Sistema Universitario Público de España como al conjunto de instituciones carentes de un modelo de financiación donde se establezca unos niveles equiparables de recursos para la provisión de los diferentes servicios universitarios, así como la participación pública y privada que en cada caso corresponda.
Sin embargo, la orfandad del modelo de financiación no ha impedido que durante estos años se hayan tomado medidas que han alterado la cuantía y composición de la financiación estructural de las universidades públicas, acentuando notablemente las diferencias a nivel inter-institucional e inter-regional. La reciente publicación del informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): La Universidad Española en cifras, 2016, me permite traer a este blog los aspectos más reseñables de los cambios producidos en la financiación estructural de las universidades públicas.
En lo tocante a la cuantía, la financiación estructural de las universidades públicas presenciales se ha reducido en el periodo 2008 a 2014 en 791 millones de euros, un descenso del 9,97%, siendo este retroceso el resultado de una disminución de los fondos públicos con origen en las Comunidades Autónomas por importe de 1.277 millones de euros (-18,67%) y de un aumento de los fondos privados procedentes del pago de los precios de los servicios docentes por valor de 486 millones de euros (44,35%). Señalar que una merma de casi el 10% en la financiación destinada a satisfacer los gastos ordinarios de las universidades públicas tiene necesariamente que afectar a su capacidad productiva, máxime cuando está se efectúa en un tiempo extremadamente corto-2011/2014-. A nivel de las Comunidades Autónomas, con la excepción de La Rioja, que ha aumentado su financiación estructural en 6,47% como consecuencia del incremento de la financiación pública (7,63%), todas las restantes han visto disminuir el montante de su financiación estructural, siendo Castilla La Mancha (-28,86%), Madrid (-15,65%), Extremadura (-15,02%) y Navarra (-14,55%), las que con más intensidad han sufrido los recortes.
Tan importante como la pérdida de financiación, son los cambios que se producen en los niveles de participación de los diferentes agentes que nutren la financiación estructural de las universidades públicas.
El retroceso sufrido por los recursos de procedencia pública ha dado lugar a una caída de 8,33 puntos en la participación reservada a las Comunidades Autónomas en el montante de la financiación estructural que ha pasado del 86,19% al 77,86% en los años 2008 y 2014, respectivamente. Obviamente, este repliegue de compromiso público en la financiación universitaria ha tenido que ser estructuralmente cubierto por el sector privado, aunque cuantitativamente el esfuerzo realizado vía aumento de los precios públicos de las enseñanzas universitarias no haya llegado a compensar el monto financiero detraído por el sector público.
En el gráfico 1, se muestra las posiciones y la dispersión que se produce como resultado de los cambios acaecidos en los niveles de participación relativa del esfuerzo público y del privado en el total de la financiación estructural de las universidades públicas presenciales por Comunidades Autónomas, correspondientes a los años 2008 y 2014. Un primer cambio a destacar de las estructuras porcentuales de los años considerados hace referencia al aumento que se observa en la brecha producida entre los valores correspondientes al esfuerzo público de las diferentes Comunidades Autónomas que se ha multiplicado por tres, al pasar de 7,38 a 20,88 puntos en los años 2008 y 2014, respectivamente.
Circunstancia que, lejos de aproximar y armonizar el compromiso público para con la financiación básica universitaria, ha generado una mayor diversidad que redunda en perjuicio de la equidad horizontal con la que los españoles deben poder acceder a las enseñanzas universitarias.
La intensidad con la que los presupuestos autonómicos han contemplado los recortes de financiación a sus respectivas universidades revierte en la presencia que esta fuente de financiación tiene en el montante de la financiación estructural. Así, mientras que la participación porcentual de la financiación pública aumenta en la Comunidad Autónoma de La Rioja (0,94 puntos; su desplazamiento se muestra en color verde), Cataluña (-16,82 puntos; su desplazamiento se muestra en color rojo) y Madrid (- 14,58 puntos), lideran las posiciones de las restantes Comunidades Autónomas que retroceden, todas ellas, en su compromiso de financiación para con sus respectivas universidades.
Finalmente, señalar que los cambios que se observan en los niveles de participación de los presupuestos públicos y de las familias residentes en las diferentes Comunidades Autónomas, aunque en su práctica totalidad siguen las pautas de retroceso en la financiación pública y subidas en los precios de las enseñanzas, son muy distintos unos de otros. Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha y Castilla-León, son las Comunidades Autónomas que ocupan las posiciones más extremas en el gráfico 1 como resultado de haber sufrido las modificaciones más intensas en los componentes de sus respectivas financiaciones estructurales, al tiempo que dan la dimensión de la dispersión que ha introducido en el Sistema Universitario Público las medidas implementadas por los diferentes gobiernos autonómicos a partir de la aprobación del referido RDL14/2012. Señalar, que estas actuaciones se han realizado con independencia del nivel de esfuerzo público que se estuviera produciendo en una determinada Comunidad Autónoma, de la renta per cápita de los residentes en cada territorio y de los costes en los que incurriera cada universidad para la prestación de los servicios docentes de sus respectivas enseñanzas.
Para visibilizar lo que se acaba de formular, el mejor ejemplo lo podemos encontrar en los comportamientos seguidos por las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y País Vasco. Ambas disponen de una sola universidad pública que cuentan con múltiples campus localizados en ciudades de sus respectivos territorios que, en el transcurso de estos años, han reducido su participación pública en la financiación estructural (en -37,18% y -3,79%), siendo el esfuerzo público por alumno matriculado en las enseñanzas de grado y máster en la universidad castellano manchega la mitad (53,25%; 4.196 y 7.879 euros/alumno) del realizado en la institución pública vasca en el curso académico 2014/15; con una renta per cápita de los castellanos manchegos que alcanza el 61,7% ( 18.315 y 29.682 euros, año 2014) de la obtenida por los residentes en el País Vasco y con un nivel de gasto corriente por alumno de grado y máster que en la Universidad de Castilla-La Mancha fue del 62,33% (5.704 y 9.151 euros/alumno) del contraído en el año 2014 por la Universidad del País Vasco. En estas circunstancias, a todas luces notablemente diferentes, los alumnos castellanos manchegos pagaron unos precios públicos por enseñanzas de grado y máster que fueron del 93,66% (15,81 y 16,88 euros/crédito) y del 121,12% (27,75 y 22,91 euros/crédito) a los que pagaron los estudiantes en sus primeras matrículas para estas enseñanzas en la Universidad del País Vasco en el curso académico 2014/15.
En fin, parece que la demanda de disponer de un modelo de financiación para las universidades públicas no es una petición injustificada, aunque para conducir con la luz corta atendiendo al principio de la austeridad fiscal, lo mejor es circular sin saber muy bien a dónde nos dirigimos.