¿Crisis en la relación Universidad y empleo? (II)

Lo que se sabe hoy sobre el quantum deseable de educación superior es insuficiente. Conviene precisar la información, campo a campo, de disciplinas y ocupaciones, sobre: empleo, desempleo y subempleo con relación a ciclos de experiencia profesional de cierta amplitud; lapsos de tiempo entre empleos; utilización de conocimientos en los empleos, a lo largo de un ciclo profesional; requerimientos de los puestos; utilización de conocimientos fuera de los puestos; modo de suplir insuficiencias de conocimientos requeridos. Todo esto puede obtenerse a través de encuestas, a cargo de los institutos de Educación o/y a través de ayudas de investigación. Estas encuestas pueden ser apoyadas por empleadores, colegios profesionales, asociaciones estudiantiles, etc. Sus procedimientos y sus resultados deben ser objeto de discusión pública.

A través de estas encuestas cabe ir reconstruyendo los mercados sectoriales y profesionales de trabajo, en base a los cuales las universidades, y las facultades que las componen, puedan formular sus programas de actividades y sus demandas de recursos. Al hacerlo así, las universidades y las facultades deberían establecer pautas de relaciones con empleadores, colegios profesionales y otras fuerzas sociales, que no conviertan a las facultades en instrumentos o prolongación de esos grupos, pero sí permitan expresar y escuchar, abiertamente, su voz y su interés.

Sobre todo, las universidades, y las facultades, deberían encontrar los modos en que los estudiantes pudieran participar en este debate permanente sobre la relación entre la educación que reciben y las ocupaciones que vayan a desempeñar.

Esto podría lograrse mediante su participación en la discusión de los planes de estudio, la flexibilización de estos últimos (con posible elección entre varios curricula), su participación en las tareas de encuesta y prospección del mercado de trabajo. Esta participación podría realizarse a través de comités de prospección de mercados de trabajo que se constituyeran con carácter semipermanente en las diferentes facultades.

Todas estas encuestas y prospecciones a corto plazo habrían de realizarse en el marco de algunas estimaciones globales sobre la provisión de los puestos de enseñanza y los puestos docentes. En el nivel actual de conocimientos estadísticos y debates sobre la cuestión, no hay modo, hoy por hoy, de actuar con seguridad en ese terreno. Los datos sobre oferta global oscilan considerablemente –y es muy probable que los datos censales sobreestimen la oferta de titulados efectivos. Los datos disponibles sobre demanda son de escaso interés, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de la conversión de conocimientos/ocupaciones. Un trabajo gradual de refinamiento de estas estadísticas parece necesario. En el entretanto, conviene operar con dos criterios:

1. La necesidad de exigir economías y rendimientos al gasto público en la educación superior, habida cuenta de la crisis económica en curso: habida cuenta que los dineros destinados a la educación son a costa de usos alternativos en inversiones productivas; y que el mercado de trabajo no absorberá probablemente incrementos sustanciales de titulados.
2. La necesidad de una atención crítica a las presiones expansionistas del sistema educativo superior, cuyo lenguaje universalista puede disimular intereses corporativos y burocráticos e inercias ideológicas.

Quiero insistir, una vez más, en la circunstancia de que el hecho de que la mayor parte de los puestos de enseñanza superior en España hayan pertenecido al sector público, aparte de otras consideraciones en las que no entraré ahora, nos ha colocado y nos coloca en una situación de especial debilidad a la hora de resistir las presiones expansionistas de la educación superior.

Porque el sector público es muy sensible a los costes políticos de la resistencia a tales presiones, y relativamente poco sensible a los costes económicos de no resistirlas –puesto que los límites del endeudamiento público y del aumento de la presión fiscal parecen flexibles y relativamente remotos. Ocurre, además, que esas presiones llegan a la clase política mezcladas con, y amplificadas por, los intereses propios de muchos burócratas y líderes políticos, ligados con los cuerpos enseñantes y los cuerpos profesionales en general (bien por motivo de clientelismo político, bien por motivo de identificación profesional). Y ocurre, finalmente, que para esta clase política el coste cultural de articular argumentos de interés general o bien público con los que cubrir intereses corporativos es mínimo.

Por último, junto al criterio general de la contención (relativa) de la expansión, conviene adoptar el criterio general de conceder la máxima atención al tema de la calidad de la enseñanza.

Esto se refiere a una mejora de contenidos educativos profesionales en sentido estricto (por la vía, por ejemplo, de revisar y flexibilizar los planes de estudio). Pero se refiere también a la mejora de las capacidades genéricas y entre las cuales he destacado la orientada hacia la constitución de la Universidad como una comunidad moral.

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*Esta anotación es una revisión de un trabajo publicado en Papeles de Economía Española, n.8, 1981, y recogido en el libro Víctor Pérez-Díaz  El retorno de la sociedad civil, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1987, capítulo 11, pp. 297-324.