Univerdad

Una conversación pública sobre la universidad española en clave afirmativa y crítica, desde la independencia y el rigor intelectual

La profesionalización de la gestión en las universidades públicas españolas. Una asignatura pendiente de superar (I)

Motivación

Durante décadas el Sistema Público de Universidades de España (SUPE) se mostró como un sistema estrecho, elitista y homogéneo,  donde la planificación, la programación, la asignación de recursos y la evaluación de las políticas universitarias eran competencia ministerial, siendo los centros universitarios y los rectorados los responsables de la organización y provisión del servicio de la enseñanza superior. Esta centralización competencial  y jerarquización funcional, requería de  servicios de gestión periféricos reducidos y con bajo nivel de cualificación profesional. Por otra parte,  los servicios ajenos a la actividad docente que ofertaban las universidades a la sociedad eran mínimos, lo que, sin duda, simplificaba sus necesidades de gestión.

La aprobación en 1983 de la Ley de Reforma Universitaria, supuso un cambio sustancial en los esquemas organizativos y de responsabilidad  de la política universitaria española.

El traspaso de competencias universitarias a las Comunidades Autónomas favoreció la democratización de acceso a la enseñanza  superior y activó la funcionalidad investigadora del profesorado universitario lo que, junto a la presencia de una estructura de gobierno representativo de los colectivos universitarios con diferentes niveles de responsabilidad funcional y orgánica, determinó una mayor exigencia de gestión institucional. Sin embargo, la burocratización que genera tanto la descentralización como la evaluación institucional han recaído en gran medida en el profesorado, con lo que se ha venido  provocando una doble ineficiencia que afecta a la dedicación y profesionalidad de los dos colectivos que conforman el capital humano a disposición de las universidades públicas.

Las tensiones que desde hace años vienen  observándose  en el interior de las instituciones son el resultado de  la presencia de un gobierno colegial, que con frecuencia  solapa y diluye las responsabilidades entre sus múltiples órganos unipersonales y representativos, y de unas demandas sociales que reclaman celeridad y transparencia en sus respuestas. La reforma de las actuales estructuras de gobierno universitario hacia prácticas más ejecutivas y con mayor representatividad social, ajena a los intereses corporativistas, está en la agenda de la mayoría de los responsables universitarios y de aquí que invariablemente la demanda de profesionalización de la gestión universitaria aparezca como una línea fundamental para la consecución de los objetivos que justifican todas las reformas que hasta la fecha se han planteado.

Antecedentes

La extensión de esta colaboración sugiere no relacionar las múltiples referencias que, a favor de la profesionalización de la gestión universitaria, se han recogido en los diferentes documentos elaborados en los últimos 25 años por organismos con competencia en materia universitaria. El objetivo fundamental de estos documentos era reflexionar acerca del futuro de la Universidad y diseñar medidas para avanzar en su modernización y adaptación a las demandas sociales. No obstante, me aventuro a realizar una selección que, por su transversalidad, espero validen la relevancia formal que en este tiempo se ha venido dando a esta cuestión.

Cronológicamente, la primera referencia corresponde al documento elaborado por un grupo de trabajo, presidido por el Secretario General del Consejo de Universidades, que, bajo el título de Informe sobre la financiación de la Universidad, fue aprobado  unánimemente por la Comisión de Coordinación y Planificación el 14 de diciembre de 1994. En el epígrafe “La organización de las universidades” se señalaba como principio básico de la reforma “Potenciar la profesionalización de la gestión de las universidades”. A tal fin, se establecía la necesidad de  diferenciar en la organización interna de las instituciones los ámbitos de responsabilidad académica de los específicos de las responsabilidades de gestión administrativa que abarcaban la elaboración del presupuesto, la organización de los servicios administrativos, la implementación de los objetivos fijados en la planificación plurianual, la planificación y gestión de los servicios universitarios, la organización, formación y evaluación del personal de administración y servicios, entre otros.

Una segunda referencia corresponde al  informe titulado Universidad 2000 que, por el encargo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), fue elaborado en el transcurso del año 1999 por un amplio  y heterogéneo grupo de personas bajo la dirección de Josep M. Bricall.  En el mencionado Informe se relatan las deficiencias del modelo de gobierno colegial de nuestras universidades, así como la multiplicidad de órganos que intervienen en el gobierno universitario provocando, en muchos casos, demoras en la toma de decisiones que generan ineficiencias en la utilización de los recursos puestos a disposición de las organizaciones universitarias. Tras señalar las debilidades que aquejan a las plantillas del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades, relativas a su  dimensión, retribución , formación y cualificación profesional (pp.185 a 187), se apunta como línea de mejora para el gobierno universitario, la necesidad de que los cuadros directivos deberían ejercer con suficiente profesionalidad sus funciones para poder garantizar la continuidad en los temas esenciales de la acción de gobierno de la Universidad (pág.231).

Superada la etapa de expansión del Sistema Público de Universidades de España (SUPE) y finalizando el proceso de adaptación de nuestro sistema universitario a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el año 2010, cuando la crisis económica muestra su carácter global y se produce una acentuada desaceleración de la actividad económica, el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria, en sesión conjunta del 10 de abril de 2010, aprueban el informe elaborado por la Comisión Mixta de Financiación, titulado Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español. En dicho Informe, en el epígrafe 3.3.2, se determina que para lograr la modernización de nuestras universidades resulta preciso desarrollar una serie de acciones  en el ámbito del colectivo del PAS universitario que tienen como ejes:

  1. Mejorar la relación PAS/PDI;
  2. Mejorar la cualificación profesional
  3. Mejorar los niveles de flexibilidad y adaptabilidad funcional. 

Una última referencia que procede de un órgano externo al sistema universitario, pero que resulta competente para evaluar el desempeño económico de sus actividades productivas, como es el Tribunal de Cuentas del Estado, ha elaborado, siguiendo el mandato de las Cortes Generales, una auditoría horizontal relativa al año 2012 (BOE, nº: 242; 9/10/2015; págs.93.377 y siguientes). En ella, se apunta como debilidades de nuestro sistema público de universidades la estructura de sus órganos de gobierno y de representación para los que se reclama una reducción de los órganos colegiados, una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y una mayor transparencia en la gestión, en el control del gasto y en los procesos seguidos para la rendición de cuentas a la sociedad.

 

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