Univerdad

Una conversación pública sobre la universidad española en clave afirmativa y crítica, desde la independencia y el rigor intelectual

Señales de recuperación económica, es la hora de acordar el modelo de financiación universitaria (II)

Hacia un modelo de financiación para las universidades públicas (primera parte)

En mi entrada anterior, señalaba la necesidad de fijar criterios y objetivos destinados a mejorar la extensión y la calidad de los servicios universitarios. 

Los primeros intentos de establecer un modelo de financiación para las universidades públicas españolas datan de finales del proceso de traspaso de competencias de las enseñanzas universitarias desde la Administración Central a las Comunidades Autónomas, que se inició en el año 1984, con las transferencias a la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que finalizó en el año 1996, con las transferencias a la Comunidad Autónoma de Islas Baleares. Este proceso fue dilatado en el tiempo y ya en su recorrido se empezaron a vislumbrar las primeras diferencias en las ratios de financiación referentes al esfuerzo público por alumno y al gasto corriente por alumno, que solo alcanzan a explicarse observando los diferentes ritmos de crecimiento que registraban los montantes del total de gastos contraídos por las distintas instituciones.

En muchos casos, esta situación es el resultado de  la mayor o menor propensión al gasto que han venido desarrollando los responsables institucionales al ver como los procesos negociadores destinados a acordar la financiación estaban presididos por criterios claramente  incrementalistas.

El Informe sobre la financiación de la Universidad, fue realizado a iniciativa del Ministro de Educación y Ciencia por un grupo de trabajo presidido por Miguel Ángel Quintanilla, Secretario General del Consejo de Universidades, y aprobado por unanimidad por la Comisión de Coordinación y Planificación en sesión celebrada en Salamanca, el 14 de diciembre del año 1994. Este es el primer documento oficial que aborda de manera integral la problemática de la financiación de la Universidad Pública española, diferenciando  la financiación básica, dirigida a cubrir las necesidades derivadas de la provisión de los servicios docentes a través de aproximaciones al coste real de cada modalidad de enseñanza, y la financiación por  contratos programa, con la finalidad de atender objetivos concretos de ámbito sistémico y/o actuaciones específicas de determinadas universidades. El horizonte temporal que se contemplaba en este documento para la implantación generalizada de modelos de financiación que acabaran con las prácticas incrementalistas que dominaban las finanzas universitarias, era de diez años.

Con posterioridad, a iniciativa de las autoridades ministeriales, se han realizado otros dos informes elaborados por comisiones en las que han estado presentes representantes del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, de las Universidades y expertos en financiación universitaria,  como son: Financiación del Sistema Universitario Español (20 de abril, 2007) y Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español ( 26 de abril, 2010). Estos informes han venido a dimensionar las necesidades financieras de nuestro sistema universitario en el  contexto europeo de las sociedades desarrolladas y a proponer esquemas de financiación que, desde la suficiencia, mejoren la eficiencia y la equidad del gasto público universitario considerando tanto las actividades realizadas como los resultados logrados en los diferentes desempeños funcionales de las universidades.

La plasmación de muchas de las propuestas que se han ido recogiendo en los mencionados Informes, se pueden encontrar en los diferentes modelos de financiación que se han ido aprobando en el ámbito de las Comunidades Autónomas para sus respectivas universidades, siendo el pionero el Plan Plurianual para la Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano (1994/98), al que han ido incorporándose, entre otras, las Comunidades Autónomas de Andalucía (2002/06); Aragón (2004); Canarias (2001/04); Castilla-León (2004/08); Cataluña (1997/01); Galicia (2000/03); Madrid (2001/06); Murcia (2002/06); siendo todos ellos modelos orientados a asignar, mediante fórmulas y/o contratos, los recursos públicos comprometidos atendiendo al ámbito funcional de la actividad docente desempeñada por las diferentes universidades en el desarrollo de sus respectivas ofertas de enseñanzas de ciclo – licenciaturas y diplomaturas- o grado.

Sólo más recientemente, en los llamados modelos de segunda generación, se contemplan las actividades de investigación como demandantes de financiación estructural  que deben ser incorporadas al proceso de asignación institucional de los recursos públicos disponibles en los programas de financiación universitaria de las diferentes Comunidades Autónomas.

La presencia de la crisis económica ha prácticamente paralizado la aplicación de los modelos de financiación en aquellas Comunidades Autónomas que lo venían usando para la asignación de los recursos públicos, dado, de una parte, a la importante reducción de fondos que se ha producido y, de otra, a la preocupación de los responsables institucionales por materializar, a partir del curso académico 2010/11, el proceso de adaptación de las enseñanzas de grado a los requerimientos del EEES, sin menoscabo de los niveles de calidad que venían observándose en los años previos al estallido de la crisis. En el ámbito de la Administración Central, las elecciones de noviembre de 2011 propiciaron un cambio en los responsables ministeriales y un cambio en las prioridades en las políticas universitarias, siendo nuevamente aplazada la aprobación de un modelo marco de financiación de las actividades universitarias para acabar con las disparidades que en la actualidad muestran las universidades públicas en sus niveles de financiación y que garantice la sostenibilidad financiera de los gastos estructurales de la investigación.

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*Esta anotación es la segunda que nuestro editor, Juan Hernández Armenteros, dedica a la financiación de las universidades públicas. Para leer la anterior, publicada el 15 de diciembre, pincha aquí

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